CARTA A LA SR. VERA JOUROVÀ

Estimada señora Jourová:

Por la presente, y en representación de la asociación “Plataforma Cívica por la Independencia Judicial” (PCIJ), le solicito una entrevista personal en demanda de una intervención inmediata de las autoridades de la Unión Europea.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano rector de la judicatura española, viene ejerciendo de manera interina sus funciones desde hace más de tres años y medio, al haber expirado su mandato en diciembre de 2018. Dicha anomalía responde a la incapacidad de los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo acerca de los candidatos que han de integrarlo. En abierta contravención con los principios del Consejo de Europa y la Unión Europea, los miembros del Consejo son designados enteramente por las Cámaras Parlamentarias, sin permitir a los jueces españoles que elijan democráticamente ni siquiera a una mínima fracción de sus componentes cuando, con arreglo a los citados criterios supranacionales, debieran escoger al menos la mitad de las vocalías.

El Reino de España y la República de Polonia son los dos únicos Estados de la Unión donde la composición del Consejo de la Magistratura depende completamente del poder político. Así, los partidos políticos, tras negociaciones reservadas conocidas como “intercambio de cromos”, pactan los nombres de los futuros vocales antes incluso de que sean sometidos a debate parlamentario, el cual queda reducido a una mera tarea ritual de sumisa ratificación de las componendas previamente urdidas por camarillas políticas. Esta cronificación de vicios ha conducido a la pérdida de la confianza en el funcionamiento democrático del sistema, hasta el punto de aparecer como una mera “farsa electoral”. Los aspirantes son seleccionados en función de su adscripción ideológica y afinidad a variopintos grupos de intereses, lo que favorece la formación de una oligarquía de jueces deseosos de aproximarse a la política para fomentar su promoción personal (cursus honorum). Son los llamados “políticos togados” que, pese al rechazo que suscitan entre la inmensa mayoría de sus compañeros, a quienes repugna el mercadeo de cargos, constituyen el modelo para aquellos que aspiren a mejorar su situación profesional. La gran mayoría de los nombramientos recaen sobre magistrados afiliados a alguna asociación judicial sin importar que casi la mitad de la judicatura española no pertenezca a ninguna de ellas. De este modo el carné asociativo equivale a menudo a una etiqueta ideológica que guía a los negociadores políticos en el delicado montaje de los equilibrios de poder. La consecuencia es la contaminación de la arquitectura judicial española desde la cúpula, dado que el CGPJ es el encargado de proveer las más altas instituciones judiciales del país, tales como la Corte Suprema o las presidencias de los tribunales regionales.

Visto este trasfondo, no es de extrañar que algunas asociaciones judiciales y partidos políticos, junto con otros grupos de intereses, presionen para que se renueve cuanto antes del CGPJ; eso sí, sin acometer la previa reforma legislativa que exige Europa. O sea, una reforma que restablezca una armonía de poderes inmune tanto al corporativismo judicial como a la politización, pues el órgano del gobierno del Poder Judicial debería entonces su estructura interna a la participación conjunta de los Poderes Legislativo y Judicial, no sólo de uno de ellos. De este modo se aseguraría una “doble legitimación”, ahora inexistente a causa del monopolio parlamentario actual. Monopolio que, tal como hemos explicado, ni siquiera recae realmente sobre las cámaras legislativas, ya que éstas se hallan controladas por el Gobierno y el estamento político, titulares del poder real frente a la farsa oficial.

Por otro lado, incluso atendiendo exclusivamente a la normativa interna española, la renovación del CGPJ en los términos en los que está planteada sería ilegal, dado que el proceso ya ha caducado. Recordemos que los trámites dieron inicio en 2018 por lo que, debido a la paralización actual, ya han expirado los plazos legales que entonces empezaron a correr. Más aun, se priva de participar a las promociones de nuevos jueces incorporados desde entonces a la carrera. Y es que la normativa en vigor estipula que cada uno de los candidatos sea avalado antes de la votación parlamentaria por un mínimo de veinticinco de sus pares, los cuales corresponden a una demografía judicial ya desfasada.

El panorama español no es menos grave que el polaco, por lo que una eventual intervención europea genera gran inquietud entre ciertos grupos de intereses. Algunas asociaciones judiciales gozan desde hace años de una cuota en el reparto de cargos superior a la que le correspondería según su proporción de afiliados, por lo que la democratización del sistema recortaría su peso institucional al de su verdadera representatividad numérica. Lo mismo sucede con algunos partidos políticos que se mueven con habilidad entre los intersticios del sistema para colocar a sus propios candidatos merced a maniobras que, en otro escenario, con un modelo transparente, se dificultarían sobremanera. Con análogas dificultades se toparía un Gobierno de la Nación privado de la capacidad de controlar el Legislativo valiéndose de prácticas atentatorias contra la separación de poderes. Los colectivos interesados en la politización trabajan contra reloj para asegurar un CGPJ afín que blindaría su posición al menos durante los cuatro años siguientes, término ordinario del mandato del Consejo español.

La PCIJ, al no ser una asociación judicial sino una organización ciudadana de carácter transversal que comprende entre sus filas, no sólo a jueces, sino también a abogados, profesores universitarios, así como otros juristas y ciudadanos en general de la sociedad civil, cuenta por consiguiente con la ventaja de estar desvinculada de intereses corporativos que llevan a otros a escamotear datos significativos en la descripción del problema. A tal efecto, hemos elaborado una serie de informes jurídicos sobre los temas expuestos y que se relacionan al final del texto.

Por eso, señora Comisaria, le rogamos que nos reciba, a fin de trasladarle con mayor detalle en una reunión el estado real de cosas en España. Y es que en estos cruciales momentos las autoridades europeas constituyen la última garantía para la preservación de un Estado de Derecho en peligro por culpa de una corrupción jurídica enquistada en el núcleo duro de nuestras instituciones. Justo es decir que no sólo los jueces y el resto del pueblo español miran con esperanza a Europa, sino también muchos políticos honrados atrapados en un sistema anquilosado que necesita de un estímulo exterior para regenerarse. La situación debe contenerse con premura, por lo que quedamos pendientes de sus noticias.

Jesús Manuel Villegas Fernández

Secretario General de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.

 

Anexo documental:

Página de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.

https://plataformaindependenciajudicial.es/

Informe sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

https://plataformaindependenciajudicial.es/2022/05/19/informe-sobre-la-renovacion-del-consejo-general-del-poder-judicial/

Informe sobre la elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial.

https://plataformaindependenciajudicial.es/2017/12/23/informe-sobre-la-eleccion-de-los-vocales-judiciales-del-consejo-general-del-poder-judicial/

Informe sobre la caducidad de proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial.

https://plataformaindependenciajudicial.es/2020/12/01/comunicado-sobre-la-nulidad-de-la-renovacion-del-consejo-general-del-poder-judicial/

Comparación jurídica entre la situación del Reino de España y la República de Polonia.

https://plataformaindependenciajudicial.es/2021/07/19/tjue-polonia-y-espana-comunicado/

Libro Blanco sobre la politización de la Justicia Española

https://www.dykinson.com/libros/libro-blanco-para-la-despolitizacion-de-la-justicia-espanola/9788413241708/

 

Dear Ms. Jourová:

On behalf of the association “Plataforma Cívica por la Independencia Judicial” – Civic Platform for Judicial Independence (PCIJ) -, I hereby request a personal interview with you in order to ask for an immediate intervention by the European Union authorities.

The General Council of the Judicial Power (CGPJ), the highest governing body of the Spanish judiciary, has been exercising its functions in an interim manner for more than three and a half years, having expired its mandate in December 2018. Such anomaly responds to the inability of the parliamentary groups to reach an agreement on the candidates who are to integrate it. In open contravention of the principles of the Council of Europe and the European Union, the members of the Council are appointed entirely by the Parliamentary Chambers, without allowing the Spanish judges to democratically elect even a minimum fraction of its members when, according to the aforementioned supranational criteria, they should choose at least half of the members.

The Kingdom of Spain and the Republic of Poland are the only two States in the Union where the composition of the Council of the Judiciary depends entirely on political power. Thus, the political parties, after secret negotiations known as “exchange of cards”, agree on the names of the future members even before they are submitted to parliamentary debate, which is reduced to a mere ritual task of submissive ratification of the compromises previously concocted by political cliques. This chronification of vices has led to the loss of confidence in the democratic functioning of the system, to the point of appearing as a mere “electoral farce”. Candidates are selected on the basis of their ideological affiliation and affinity to various interest groups, which favors the formation of an oligarchy of judges eager to get close to politics to promote their personal promotion (cursus honorum). These are the so-called “gowned politicians” who, despite the rejection they arouse among the vast majority of their colleagues, who are repulsed by the bargaining of positions, are the model for those who aspire to improve their professional situation. The great majority of the appointments are made by magistrates affiliated to some judicial association, regardless of the fact that almost half of the Spanish judiciary does not belong to any of them. In this way, the associative fitting is often equivalent to an ideological label that guides political negotiators in the delicate assembly of the balances of power. The consequence is the contamination of the Spanish judicial architecture from the top, since the CGPJ is in charge of providing the highest judicial institutions of the country, such as the Supreme Court or the presidencies of the regional courts.

Given this background, it is not surprising that some judicial associations and political parties, together with other interest groups, are pushing for the CGPJ to be renewed as soon as possible; without, however, undertaking the prior legislative reform required by Europe. In other words, a reform that would re-establish a harmony of powers immune to both judicial corporatism and politicization, since the governing body of the Judiciary should then have an internal structure with the joint participation of the Legislative and Judicial Branches, not just one of them. This would ensure a “double legitimacy”, which does not exist now because of the current parliamentary monopoly. Monopoly that, as we have explained, does not even really fall on the legislative chambers, since these are controlled by the Government and the political establishment, holders of the real power as opposed to the official farce.

On the other hand, even if we look exclusively at the Spanish internal regulations, the renewal of the CGPJ in the terms in which it is proposed would be illegal, since the process has already expired. Let’s remember that the proceedings started in 2018 so, due to the current paralysis, the legal deadlines that then began to run have already expired. Moreover, the promotions of new judges incorporated since then to the career are deprived of participating. The current regulations stipulate that each of the candidates must be endorsed before the parliamentary vote by a minimum of twenty-five of their peers, which correspond to an already outdated judicial demography.

The Spanish situation is no less serious than that of Poland, so that a possible European intervention generates great concern among certain interest groups. Some judicial associations have enjoyed for years a quota in the distribution of positions higher than that which would correspond to them according to their proportion of affiliates, so that the democratization of the system would reduce their institutional weight to that of their true numerical representativeness. The same happens with some political parties that move skillfully between the interstices of the system to place their own candidates thanks to maneuvers that, in another scenario, with a transparent model, would be extremely difficult. A national government deprived of the ability to control the legislature by using practices that violate the separation of powers would face similar difficulties. The groups interested in politicization are working against the clock to secure a CGPJ that would shield their position at least for the next four years, the ordinary term of office of the Spanish Council.

The PCIJ, not being a judicial association but a cross-cutting citizens’ organization that includes among its ranks not only judges but also lawyers, university professors, as well as other jurists and citizens in general from civil society, therefore has the advantage of being detached from corporate interests that lead others to hide significant data in the description of the problem. To this end, we have prepared a series of legal reports on the issues raised and which are listed at the end of the text.

For this reason, Commissioner, we ask you to receive us, so that we can inform you in greater detail at a meeting about the real state of affairs in Spain. In these crucial moments, the European authorities are the last guarantee for the preservation of a Rule of Law in danger due to a legal corruption that is entrenched in the hard core of our institutions. It is fair to say that not only judges and the rest of the Spanish people look to Europe with hope, but also many honest politicians trapped in a stagnant system that needs an external stimulus to regenerate itself. The situation must be tackled with haste, so we await your news.

Jesus Manuel Villegas Fernandez

Secretary General of the Civic Platform for Judicial Independence.

 

Documentary annex:

Page of the Civic Platform for Judicial Independence.

https://plataformaindependenciajudicial.es/

Report on the renewal of the General Council of de Judiciary.

https://plataformaindependenciajudicial.es/2022/05/19/informe-sobre-la-renovacion-del-consejo-general-del-poder-judicial/

Report on the election of judicial members of the General Council of the Judiciary.

https://plataformaindependenciajudicial.es/2017/12/23/informe-sobre-la-eleccion-de-los-vocales-judiciales-del-consejo-general-del-poder-judicial/

Report on the expiration of the renewal process of the General Council of the Judiciary.

https://plataformaindependenciajudicial.es/2020/12/01/comunicado-sobre-la-nulidad-de-la-renovacion-del-consejo-general-del-poder-judicial/

Legal comparison between the situation of the Kingdom of Spain and the Republic of Poland.

https://plataformaindependenciajudicial.es/2021/07/19/tjue-polonia-y-espana-comunicado/

White Paper on the politicization of the Spanish Judiciary.

https://www.dykinson.com/libros/libro-blanco-para-la-despolitizacion-de-la-justicia-espanola/9788413241708/

 

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