La Plataforma, como asociación transversal a favor de la despolitización de la Justicia española, advierte del riesgo que para los derechos humanos implicaría la declaración ilegal de independencia de Cataluña. Tal como explicamos detalladamente en nuestro reciente estudio jurídico, tras una hipotética desconexión unilateral, los tribunales radicados en territorio catalán perderían las garantías que les permiten impartir recta e imparcial justicia. Por tanto, privados los ciudadanos de la tutela judicial efectiva, se crearían las condiciones para la marginación social e incluso persecución de todos aquellos que no fuesen afectos al nuevo régimen.
En consecuencia, la Plataforma reclama del Consejo General del Poder Judicial la adopción de un Estatuto Integral de Protección de la Justicia. Y del conjunto de los tres poderes del Estado, el compromiso firme en la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, al margen de cuál fuere su ideología o condición social, sin olvidar a aquellos que no se han sumado al alzamiento separatista, a los que en ninguna circunstancia se debe abandonar a su suerte.
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