PLATAFORMA CÍVICA POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

Tempus Octobris

Tempus Octobris

La revista Tempus Octobris acaba de publicar su edición correspondiente a abril de 2017. He aquí el sumario de este número: Editorial: castillo de arena y unidad asociativa (páginas 2 a 3). Propuesta de reforma de las diligencias informativas a magistrados (página 5). Propuesta de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (página 6). PróximaLeer más sobre Tempus Octobris[…]

“Os tengo rodeados”: el escándalo Ruiz de Lara o la tentación autoritaria.

“Os tengo rodeados”: el escándalo Ruiz de Lara o la tentación autoritaria.

A continuación se transcribe un artículo escrito por Antonio García Noriega, abogado y miembro de la Junta Directiva de la Plataforma.

 

“Os tengo rodeados” (el escándalo Ruiz de Lara, o la tentación autoritaria)

Un chiste gráfico del tardofranquismo representa a un vaquero que, en medio de una nutrida masa de indios hostiles, los amenaza: “¡Os tengo rodeados!” El Régimen no se dio por aludido y se extinguió sin llegar a comprender que hubieran salido tantos indios y quién rodeaba a quién. Tan pagados de sí mismos sus dirigentes, no concebían que sus excesos, su prepotencia, su falta de dignidad, tuvieran harta a una población que ellos creían representada en los leales asistentes a la Plaza de Oriente. Leer más Acerca de“Os tengo rodeados”: el escándalo Ruiz de Lara o la tentación autoritaria.

“Yo me pongo del lado de los jefes”

“Yo me pongo del lado de los jefes”

Artículo de Jesús Villegas sobre la intervención del Fiscal General del Estado en el caso “Púnica”

http://www.economiadigital.es/es/notices/2017/02/-yo-me-pongo-del-lado-de-los-jefes-89131.php

Jesús M. Villegas Fernández

22/02/2017 05:00 horas

Grande ha sido el revuelo que se ha levantado ante las palabras del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre el llamado “caso Púnica”, instrucción judicial dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Se trata de un procedimiento judicial donde se acaba de citar en calidad de investigado a Pedro Antonio Sánchez, presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia.

¿Cuáles han sido las razones de la polémica?

Según los medios, la Fiscalía general del Estado ordenó a las dos fiscales encargadas de la investigación que se abstuvieran de intervenir. Dicho mandado, remitido por escrito, fue acatado. Posteriormente, según parece, les hizo llegar otra orden, esta vez oral, a fin de que opusiesen a la tramitación de la causa. Entonces ambas se negaron a cumplirla. He aquí el casus belli que ha salpicado al Ministro pues, cuando este se enteró de lo sucedido, se habría puesto de parte de la superioridad, pronunciando unas palabras que ya se han hecho célebres: “yo me pongo de parte de los jefes”.

Ahora bien, tal como establece la Constitución en su artículo 124, el Ministerio Fiscal se conforma según el principio de “dependencia jerárquica”. Por tanto, de entrada, los subordinados deben obedecer a sus jefes.

¿O no?

La obediencia tiene un límite: la Ley. Ante una orden antijurídica, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) proporciona un escudo defensivo. Ese el artículo 27, que reza: “1. El Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola” (…)

Ahora bien, semejante precepto es poco más que un brindis al sol. Su uso es excepcional. Y es que dicha norma no opera en el vacío, sino en el seno de un sistema cerrado y jerárquico como es la Fiscalía. Tal como la psicología social ha puesto de manifiesto gracias a los estudios de autores como Iñaki Piñuel, dichas estructuras corren el riesgo de degenerar en las llamadas “organizaciones tóxicas”, esto es, ámbitos donde los mecanismos formales de decisión son substituidos por usos opacos, arbitrarios, campo abonado para practicas viciosas, como el “acoso moral” (o mobbing).

No perdamos de vista que son los fiscales jefes quienes deciden acerca de la organización del servicio, la distribución de los asuntos, los permisos y licencias de sus subordinados -artículo 22.dos.a) del EOMF-. El funcionario disidente se expone a pasar un calvario pues se abre un mundo de represalias que, bajo la apariencia de legalidad, escondan hostigamiento psíquico.

Algo tan sencillo como destinarlo a un juzgado atascado, asignarle un periodo vacacional incómodo o sobresaturarlo con una carga laboral inasumible. Aislado y perseguido, es muy difícil sobrevivir en un entorno tan hostil. Son muy pocos los que se rebelan.

Un ejemplo ya clásico fue el fiscal Ignacio Gordillo, encargado de la investigación del terrorismo de estado (asunto “Lasa y Zabala”) que, junto con otros intrépidos rebeldes, fueron apodados como los “indomables”. Más recientemente, Juan Antonio Frago, al que le costó su resistencia, nada más y nada menos que la expulsión de la carrera fiscal, hasta que los tribunales reconocieron la injusticia de la sanción y no les quedó más remedio a sus superiores que readmitirlo.

Un detalle importante es que, según las noticias disponibles, la orden desobedecida no se plasmó por escrito, circunstancia esta que habría proporcionado la escapatoria para apartarse del mandato sin incurrir en desobediencia formal. Lo preocupante es que semejante proceder evidencia corruptelas propias de estructuras enfermas, afectadas del vicio de la toxicidad organizativa.

No es de extrañar que la clase política se empecine en atribuir la investigación criminal al Ministerio Público, ya que es más fácil presionar a un fiscal que a un juez, protegido este último por su independencia y a salvo de que ningún jefe lo haga objeto de acoso moral.

¿Cuál sería la solución?

Una revisión a fondo del EOMF, democratizándolo, imbuyéndolo de transparencia. En cierto modo, “desmilitarizándolo”. Aunque la dependencia jerárquica sea necesaria, es necesario instituir cautelas para evitar abusos. Proponemos, al menos, dos:

En primer lugar, sometiendo las decisiones de contenido laboral, que ahora se deciden autocráticamente por los jefes, al dictamen vinculante de las Juntas de Fiscalía, esto es, a la reunión de todos los fiscales que sirvan su destino en un determinado ámbito jurisdiccional. O sea, que reemplazar una monarquía absoluta por otra constitucional. En definitiva, democratización.

En segundo lugar, importando un precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativo a los secretarios judiciales, el 465.8 que, aunque permite a los superiores dictar instrucciones generales, prohíbe impartirles órdenes en un caso concreto.

No es necesario ser adivino para percatarse de que el Ministerio de Justicia jamás aceptará de buen grado tales propuestas. Pues, de contrario, ¿para qué les servirían los fiscales? Res ipsa loquitur.
Jesús Manuel Villegas Fernández es Magistrado de Instrucción.

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Peligro para los fiscales.

Peligro para los fiscales.

Artículo de Salvador Viada sobre la necesidad de cambiar las estructuras de la Fiscalía.

http://justiciaimparcial.blogspot.com.es/

PELIGRO PARA LOS FISCALES, EL GOBIERNO AVISA

 La entrevista del Ministro de Justicia ayer en la radio y su espléndida descripción de las categorías de los Fiscales (Fiscales “de base” y Fiscales Jefes del Tribunal Supremo), evidencia la imposibilidad en España de modernizar nuestro proceso penal.   No hay nadie más partidario que yo de un cambio procesal pero esa idea militar de la Fiscalía según la cual las razones son mas sólidas si vienen de la jerarquía nombrada por el Gobierno destruye cualquier esperanza.   No solo eso: el Ministro reclamó ayer “actuaciones dentro de la Fiscalía” por el hecho de que las fiscales rehusaran firmar un escrito dirigido al Juzgado solicitando el archivo de las actuaciones, cuando la orden que recibieron del FGE era precisamente la de “abstenerse” de actuar en el caso del aforado.  Abstenerse, que es lo que hicieron.   Pero el Ministro en lugar de guardar un respetuoso silencio frente a la orden que dos compañeras han recibido de no actuar -y que acataron- pide en la radio actuaciones contra ellas por la Fiscalía porque se limitaron a no actuar, en lugar de actuar en favor -desbordando la orden recibida- de aquel a quien investigaban y creían responsable de ciertos delitos.   Se trata al fin de dos fiscales “de base”, como  2200 mas que poblamos el escalafón.  Si, cierto que una de ellas lleva más de 30 años en el oficio con una brillantísima carrera, con más de 20 años trabajando en delitos de corrupción y de delincuencia organizada y super especialista en cooperación penal internacional, que ha hecho de la rectitud profesional -como tantos otros compañeros- una norma de vida, pero es solo para el Ministro una fiscal “de base”.

Este oficio de fiscal en principio es sencillo: se trata de estudiar un caso, buscar pruebas y si se encuentran acusar con imparcialidad a aquel que las pruebas señalen sea este quien sea.   Hay que saber mucho derecho penal y procesal y es muy importante tener la actitud de llegar al fondo de los asuntos, pero conceptualmente se trata de eso.   Cuando hay políticos por en medio (big shots, que decíamos en el Tribunal Penal Internacional) las cosas se complican.  Porque en ese caso hay varios factores más en la ecuación: ¿como se va a acusar a un político con un cargo importante por un delito pequeño, dicen algunos?  Oiga, que la ley es igual para todos… Pues mire usted, te dicen, en esos casos hay otros factores: un alto cargo, un Presidente de Comunidad Autónoma, un Ministro, ¿como va a tener que dejar su cargo por una bobada, delictiva, pero bobada?  Bueno, son razones que los fiscales “de base” normalmente no entendemos, pero la Fiscalía como institución a veces nos ayuda.   La jerarquía tiene en principio razón en sus valoraciones por ser jerarquía (como dice simpáticamente el Sr. Ministro) y es cierto que con mucha frecuencia hay razones en derecho para explicar que hay “zonas grises”, que el derecho administrativo es suficiente para solucionar ciertos problemas, que las pruebas se obtuvieron de manera dudosa o que no hay proporcionalidad en la investigación en delitos de fronteras poco claras, y otras cosas semejantes.   Se puede sostener lo contrario, pero también se pueden sostener sin duda esas razones que se aducen desde la jerarquía, razones que se imponen porque el derecho no es una ciencia exacta y no son arbitrarias o ilegales.   Pero algunos fiscales de base, y más siendo fiscales anticorrupción con delitos socialmente muy dañinos, tendemos a dejar que las interpretaciones más discutibles y extremadamente benévolas de la ley las acuerden los Tribunales, yendo muchas veces en la misma línea que los Jueces de Instrucción, porque sucede que en ocasiones un exceso de prudencia deja impunes conductas al final claramente delictivas, y porque la sociedad tiene derecho a que el Fiscal persiga al corrupto, al estafador social, por importante que sea,  hasta el final.   Pero claro eso son cosas de los fiscales “de base”, aunque curiosamente en el Tribunal Penal Internacional (donde compartí espacio con algunos de los mejores fiscales del mundo) era la pauta normal a seguir por todos los fiscales.

La cuestión entonces es cómo se elige la jerarquía: ¿Son los más preparados, los más brillantes, los mejores entre el colectivo de fiscales “de base”?    Pues no.   Se eligen por razones complejas en las que el amiguismo, la afinidad ideológica, política  o asociativa son con frecuencia claves, y en todo caso, la última palabra la tiene casi siempre el Gobierno.   Pocas veces -aunque si en alguna ocasión- en puestos claves aparecen personas sin esas vinculaciones.  Los méritos no se bareman ni se motivan los nombramientos.   Además, al FGE (cabeza de la jerarquía) lo elige el Gobierno.  Así que la opinión jurídica de la máxima jerarquía de la Carrera Fiscal, que elige el Gobierno,  prevalece.

Ahora, cuando una investigación del Juez ha puesto de manifiesto una enorme red de corrupción municipal que afecta al partido del Gobierno, el Ministro de Justicia reclama acciones contra las fiscales que han estado junto al Juez en la misma.   Y el Portavoz parlamentario del partido del Gobierno ha dicho que “algunos fiscales se inventan delitos que no existen” y se ha quedado tan tranquilo.   Y aunque las asociaciones de fiscales han reaccionado con rapidez, me preocupa un poco que la Fiscalía General no haya dicho aún nada, cuando se ve que el Gobierno se ha activado contra los fiscales que investigan hechos realizados por personas de su partido.    El resultado de este episodio, y de otros también, creo que es claro: lo que el Ministro ha dicho de las fiscales no podría hacerlo con los jueces.   Lo que el Ministro cree que puede hacer con la Fiscalía no podría hacerlo con los jueces.  Y que lo que hace unos años se miraba en la profesión como extravagancia clandestina y nada corriente -la orden particular de actuar o no actuar- hoy se ha normalizado.  Y mientras eso sea así, para desgracia de los justiciables a los que se priva de un mejor y más moderno proceso, creo que el Fiscal no puede asumir la investigación de los delitos.

No quiero ni imaginar que la orden de no continuar una investigación la hubiera de soportar un fiscal “de base” a cargo de la investigación de un asunto como ahora lo está el Juez, y que esa orden viniera de un Fiscal General elegido por el Gobierno con el Ministro de Justicia jaleando la orden en la televisión.   Sin garantías, sin posibilidad real de resistir, sin recursos, sin defensa profesional frente a la “autoridad de la jerarquía” y con el Ministro pidiendo la cabeza de quien no acate sin reservas.  No me convence.  O cambian algunas cosas, o no me convence nada.

Y queda por ahí colgando el tema de cómo se enteró el aforado al día siguiente por la mañana de los detalles internos de la actuación de la Fiscalía.  El Ministro no le dio importancia, pero la tiene y mucha.

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“YO ME PONGO DEL LADO DE LOS JEFES”

“YO ME PONGO DEL LADO DE LOS JEFES”

Comunicado de la Plataforma sobre las recientes declaraciones del Ministro sobre el caso “Púnica”

La Plataforma considera especialmente preocupantes las palabras del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, pronunciadas el pasado 16 de febrero de este año 2017 en una entrevista radiofónica, relativas a la instrucción del caso “Púnica”, donde está siendo investigado el Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Recordemos que la Fiscalía Anticorrupción ordenó a las dos fiscales encargadas del asunto que se abstuvieran de actuar y que se opusieran a la tramitación del procedimiento contra Sánchez, requerimiento éste último que rechazaron. La reacción del señor Ministro ha sido la de calificar de “anómalo “ su comportamiento, al tiempo que afirmaba ponerse “al lado de sus jefes”, todo ello pronunciándose sobre el fondo del asunto.

En consecuencia, la Plataforma manifiesta que:

– El Ministro de Justicia no debe pronunciarse jamás sobre el criterio que adopte la Fiscalía en ninguna actuación judicial. Mucho menos cuando la actuación afecte a un político que pertenezca a su partido.

– El Ministro de Justicia carece de legitimidad para criticar la conducta de las fiscales disconformes, máxime cuando la discrepancia está prevista en el propio EOMF (Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal), por lo que no es más que el ejercicio de un derecho reconocido a todos los integrantes del Ministerio Público.

– El Ministro de Justicia no puede, con arreglo a la Ley, interferir en ningún asunto atinente al funcionamiento interno de la Fiscalía. Leer más Acerca de“YO ME PONGO DEL LADO DE LOS JEFES”

Entrevista de la Plataforma con Carlos Lesmes: comunicado

Entrevista de la Plataforma con Carlos Lesmes: comunicado

Representantes de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial mantuvieron el día 16 de enero de 2017 una reunión con el Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) relativa al nombramiento de altos cargos judiciales. Por la plataforma acudieron el abogado, magistrado exvocal del CGPJ, Agustín Azparren (Presidente), la abogada del Estado Elisa de la Nuez (Vicerpresidenta) y el magistrado Jesús Villegas (Secretario General). Leer más Acerca deEntrevista de la Plataforma con Carlos Lesmes: comunicado

LESMES: DECEPCIONANTES DECLARACIONES ANTE SU MAJESTAD

LESMES: DECEPCIONANTES DECLARACIONES ANTE SU MAJESTAD

EL PRESIDENTE DEL CGPJ: “ME DUELE ESCUCHAR QUE LA JUSTICIA ESTA POLITIZADA”:

Ante su Majestad el Rey y las más altas autoridades del Estado el Presidente del CGPJ manifestó en su discurso de apertura del año judicial que le dolía escuchar que la justicia está politizada, y que estas manifestaciones reiteradas por “opinadores de todo tipo “no se ajustan a la realidad.

 Ante ello la Plataforma por la independencia del poder judicial manifiesta lo siguiente: Leer más Acerca deLESMES: DECEPCIONANTES DECLARACIONES ANTE SU MAJESTAD

AUTOSATISFACCIÓN PRESIDENCIAL

AUTOSATISFACCIÓN PRESIDENCIAL

 En contestación a las manifestaciones de Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, ante el Congreso de los Diputados la Plataforma hace público el presente comunicado

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ANTE LOS NOMBRAMIENTOS JUDICIALES : “lo estamos haciendo francamente bien”.

EL PRESIDENTE DEL CGPJ y del TS compareció el viernes en la Comision de Justicia del Congreso donde interpelado sobre los nombramientos judiciales manifestó que se habian hecho 111 nombramientos discrecionales de los cuales habian sido cuestionados apenas tres. Asimismo manifestó que “ comparado con otros Consejos vamos francamente bien “ . Leer más Acerca deAUTOSATISFACCIÓN PRESIDENCIAL