El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, miembro fundador de la Plataforma por la Independencia Judicial, analiza en este artículo los males de nuestra justicia y se atreve a proponer soluciones que tienen poco que ver con el discurso oficialista de lo políticamente correcto. He aquí el texto completo de su ponencia:

         IDEAS PARA LA MEJORA DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN ESPAÑA

 MEDIDAS PARA REFORZAR LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL:

 1) En las elecciones al próximo CGPJ (art 112 LOPJ), realizar previamente unas primarias entre Jueces con el aval de las Asociaciones Judiciales y en las que participen sus candidatos y los de los Jueces no asociados, para que presentándose todos los candidatos judiciales que abiertamente quieran hacerlo –listas abiertas-, sólo se elija para representar a los Jueces en su Órgano de Gobierno, los 12 más votados, evitándose que, como en el pasado, la posterior intervención de Órganos políticos seleccione a los más politizados.

 

2) Exigir que el Tribunal Constitucional acabe siendo una sala más del Tribunal Supremo, la sala 6ª, conformada mayoritariamente por Jueces, aun con entrada de juristas de prestigio de otros colectivos profesionales por el quinto turno, y con la misión constitucionalmente señalada en la Carta Magna, evitando que sea una tercera instancia, como es actualmente.

         Por ello se propone la oportuna reforma constitucional para la urgente creación de una Sala 6ª del TS que se dedique a resolver la impugnación de leyes, cuestiones de constitucionalidad y conflictos de competencias, para que el resto de salas del TS sean el máximo intérprete de la CE en las cuestiones relativas a los derechos fundamentales de cada jurisdicción, con posibilidad de recurso para unificación de doctrina si entre ellas se produjeren divergencias señalables en la interpretación de idénticos preceptos de la Constitución.

 

3) Elección de Altos cargos judiciales (Presidencias de TS; TSJ; AP) de manera directa por los propios Jueces afectados del mismo territorio, entre quienes voluntariamente se presenten para ello, como ocurre para los Jueces Decanos. ¿Quién va a ser tan irresponsable de votar al peor,? La elección de las Presidencias de Sala debe efectuarse por escalafón.

 Alternativamente, en atención al mérito y la capacidad. ¿Por qué no aplicar un baremo más o menos objetivo de méritos (antigüedad = 1 punto por año, experiencias de gestión y organización = X puntos, etc)?

 

4) Solicitar que se invierta en Justicia en vez del  0´38 % del PIB, al menos un 2% del mismo, que es la media de inversión en recursos para la Justicia de la Unión Europea.

         Los Jueces están al límite de sus posibilidades, mal retribuidos, y soportando, con el esfuerzo personal de muchas horas robadas al sueño, la familia y el ocio, que el sistema no colapse y reviente, a un precio de sobrebordamiento tal que el ciudadano, lejos de agradecérselo, le critica por los fallos que la prisa, el solapamiento del trabajo y la complejidad de su labor conllevan, a lo que además contribuyen algunos políticos, culpables del desabastecimiento de medios materiales y humanos de soporte a la labor judicial, ávidos de pescar en esas aguas revueltas, tanto para librarse de sus imputaciones por corrupción, como para desviar su responsabilidad cargando en las espaldas de los jueces la responsabilidad por una Justicia deficiente que los Jueces no pueden arreglar por sí solos.

         Sin recursos económicos, no cabe modernización alguna. La inversión en Justicia es también inversión social. Si la Justicia se pone al día, sin atascos, el final de los impagados y las deudas judicializadas solventarían los consabidos abusos en el mercado. La Justicia se soporta económicamente con el dinero que el político de turno tiene a bien proporcionarle, dependiendo su subsistencia del humor de este y no de una estabilidad necesarísima para una institución que por fuerza dilata en el tiempo su respuesta.

         Igualmente demandar que el poder judicial tenga y disponga de su propio presupuesto (gestionando los ingresos –como las cuentas de consignaciones, embargos y depósitos judiciales- y gastos estrictamente judiciales) para garantizar su independencia financiera, acabando con esa proletarización que tan adrede buscan algunos políticos, desconociendo que una Justicia eficaz y al día es el mejor instrumento para garantizar, además del Estado de Derecho, en sí mismo, y la defensa de los derechos de los ciudadanos, la propia seguridad jurídica, que tanto tiene que ver a la hora de planificar y ejecutar las inversiones de la iniciativa privada y el crédito (mercantil y financiero) internacional.

 

5) Debe deshincharse la parte estatutaria judicial que ha sido instaurada por los Poderes Públicos con el único fin de adocenar e intimidar a los Jueces (estatuto disciplinario y sanciones concretas: mayores y más numerosas que las del resto de los grupos A de la Administración, responsabilidad civil directa, situaciones administrativas, etc) respecto de actuaciones en las que podían tener intereses contrapuestos, abogando por un trasvase desde el interés y la motivación política hacia lo meramente ciudadano.

 

 

 

         MEDIDAS PARA RECUPERAR LA POSICIÓN DE LA JUSTICIA EN EL CONTEXTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES:

 

 

1) Convertir a los Secretarios Judiciales en Jueces de entrada, llevándose la mitad de la plantilla donde sirven actualmente y destinándoles fundamentalmente a la resolución de los asuntos de menor cuantía y complejidad (juicios de faltas, monitorios, etc), suprimiendo este cuerpo al servicio del Ministerio, que no de la Justicia.

         Debe recuperarse la Justicia de entrada o de base (la llamada de Distrito suprimida en 1989), para los Jueces en el inicio de su carrera, complementada después por otra de segundo grado (según materias), más la de apelación y revisión y una casación propiamente tal, jurídica, profiláctica y de unificación de doctrina.

 

2) Desarrollar, desgajándola de la gubernativa –que quedaría para funciones de orden público-, una auténtica Policía judicial, para las investigaciones procesales del Juez instructor, y en cualquier caso, y prioritariamente para las investigaciones que afecten a políticos imputados.

 

3) Reforzar la independencia y despolitización del Ministerio Fiscal respecto del Poder Ejecutivo y sobre todo la de sus Órganos representativos y de Gobierno, como el Consejo Fiscal, que deberá ganar en autonomía e imparcialidad.

 

4) Respecto a la NOJ, solicitar su retirada ante el fracaso que está suponiendo su implantación sin presupuesto e inversión, y por pretender convertirla en una oficina del Ejecutivo, arrinconando al Juez, enfrentándole con el Secretario judicial[1], manteniendo la definición de competencias deliberadamente ambigua, y siempre a favor del Poder Ejecutivo invasor, cercenando el núcleo duro del “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado” que la Constitución reserva al Juez. En ningún caso sustituir la tradicional expresión Juzgado por la burocrática Oficina, propia del Poder Ejecutivo.

 

5) Devolución al Juez de la potestad disciplinaria respecto del personal auxiliar al servicio de la Administración de Justicia y de los profesionales colaboradores en las concretas actuaciones procesales, con revisión y unificación jurisprudencial ante las Salas de Gobierno.

 

 

6) Atribución al CICO de una real Oficina de Recuperación de Activos en la lucha contra le crimen organizado y de un auténtico Programa de Protección de Testigos, financiados con el fondo económico de las aprehensiones que se practican a las organizaciones criminales.

 

 

 

 

         MEDIDAS PARA ABARATAR LOS COSTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

 

 

1) Crear un programa de Desjudicialización de conflictos, para reducir la entrada judicial, obligando en materias privadas a quien pretenda demandar notificárselo fehacientemente (Notario, Procurador, con arancel reducido) al futuro demandado, con obligación de que cada cual exponga su versión y pruebas de ella y sean ellos los que se convoquen a juicio dentro de la agenda del Juez.

         Desjudicializar conflictos banales[2], asuntos irrelevantes, cuestiones nimias, y aquellos claramente antieconómicos en que sus costes públicos superen el importe de la solución jurídica, por impagables.

 

2) Regular un sistema adecuado de recursos e intervención de parte, que evite las tácticas dilatorias, reduciendo el número de procedimientos diversos, simplificándolos y reforzando la rapidez y el valor jurídico de lo acordado en la primera instancia, penalizando las conductas procesales claramente temerarias y meramente dilatorias, mediante la instauración del oportuno sistema que en esos supuestos condene también en las costas públicas en función de baremos y tablas de costes que se reinviertan en la adquisición de medios materiales para sufragar costes de la Administración de Justicia, de manera que los litigantes temerarios y querulantes, desaparezcan o paguen los gastos públicos que ocasionan.

 

3) Capítulo específico merece la necesidad de una cierta desjudialización de algunos sectores de la jurisdicción penal, confiando a instancias administrativas la sanción no penal de determinadas conductas, para reforzar otras todavía no suficientemente protegidas en la vía penal, como la criminalidad organizada y el ciberterrorismo.

 

4) El servicio de guardia debe prestarse prioritariamente dentro de los plazos legales en horario de 9 -14 horas.

Cualquier diligencia extraordinaria (entrada y registro, detenidos, habeas corpus, denuncias ante el Juzgado, intervención de telecomunicaciones, otras medidas restrictivas de derechos, etc) deberá retribuirse conforme a baremos de remuneración extraordinaria que se tabulen y actualicen y que incrementará para las realizadas en día no laborable.

         En caso de no optar por ese casuismo, ningún Juez cobrará por guardia, menos del doble de la remuneración que por este concepto cobren los Abogados del turno de Oficio, otros funcionarios de Justicia en cualquier parte de España, y menos del doble que la que cobren otros funcionarios ajenos a Justicia con categoría inferior a la B.

         Igualmente se retribuirá la disponibilidad del turno de guardia conforme a baremos poblacionales.

         El Juez, para equipararse al resto de las plantillas funcionariales, tendrá derecho a un día laborable de descanso cuando finalice su servicio de guardia.

 

5) En la retribución judicial se tendrá en cuenta un complemento por renuncia a la compatibilidad respecto de tareas jurídicas, con carácter general y otro por responsabilidad, decisión y dirección.

 

 

 

         MEDIDAS PARA REFORZAR LA CALIDAD DE LA JUSTICIA:

 

 

1) Para compaginar la motivación de las resoluciones judiciales con una Justicia dictada en plazo razonable, se hace preciso reivindicar un claro incremento del número de Jueces (en los últimos 10 años se ha incrementado el volumen de trabajo en civil-social-contencioso un 150%, mientras que el número de Jueces sólo creció un 21%; de 3.917 Jueces en 1999, se ha pasado a 4.711 en 2010). Con ello debemos aspirar a alcanzar el promedio del número de Jueces/habitante de la Unión Europea, que actualmente duplica al español. Pueden nombrarse jueces para desatascar temporalmente Juzgados, o para reforzar Órganos donde no haga falta incrementar plantillas.

 

2) Eximir del reparto de nuevos asuntos a todo Juez que alcance unos determinados módulos de entrada, objetivos y razonables (se puede ponderar el trabajo medio de entrada a Jueces del resto de Europa, y sin la trampa de incluir a los Jueces de Paz)  propios de un Juez normal y según orden jurisdiccional.

 

3) Eximir de entrada de nuevos asuntos durante un año a aquellos Jueces que hayan heredado un Juzgado con exceso de causas antiguas con peligro de prescribir, para realizar un Plan de refuerzo para acabarlas, dando tutela efectiva preferente a los afectados y evitar el poder que exhiben los que saben cómo aprovecharse de que no se puedan hacer avanzar tantas causas (viejas y nuevas) a la vez.

         Hacer un programa de apoyo en aquellos Órganos judiciales que necesitan que no les entren nuevos asuntos, que incluya la exención de entrada, salvo la guardia, para tener tiempo de resolución de al menos un año que dedicar a sacar lo que se ha enquistado y ponerse al día.

         Idem, aunque con plazos menores, según necesidades, para los Órganos judiciales con un módulo de Ejecutorias por terminar que se estime excesivo.

 

4) Instauración de mayores especializaciones en los diferentes órdenes jurisdiccionales[3], y supresión de las concebidas con finalidad meramente propagandística.

 

5) Instauración y desarrollo de los Laboratorios Periciales forenses judiciales, sin desaparición de los laboratorios de Criminalística forense policiales, donde además de realizarse pericias dirimentes y a petición judicial, se desarrollen los análisis de la información ocupada en el curso de investigaciones que los Jueces soliciten, especialmente las que afecten a políticos.

 

 

         PARA REFORZAR LA MODERNIZACIÓN Y EFICACIA DE LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES JUDICIALES:

 

1) La Justicia debe modernizarse en varios frentes:

         -La organización territorial, acorde con los transportes del s XXI, que agrupe partidos judiciales menores y bien comunicados, en órganos concentrados y bien equipados, que permitan las decisiones colegiadas.

         – Una justicia oral, rápida y resolutiva en la fase cautelar y previa al juicio.

         -Una Justicia interconectada con apoyo informático de bases de datos a las que acceder directamente en modo consulta (Instituciones penitenciarias, Fiscalía, Hacienda, Policía, etc) que no sea incompatible según la Comunidad Autónoma que lo rija y que permita a un Juez coordinarse con lo que hace otro, inmediatamente y de forma securizada.

         -Desarrollar e implantar un cómodo sistema de expediente digital y con firma electrónica.

         -La consecución de un único gestor político decisor dentro de este tripartito (CGPJ-Ministerio de Justicia-CCAA)[4] que a nadie satisface, que evite un gobierno ineficaz de la Justicia y que sea equivalente e igual para todo ciudadano, no importa en qué parte del territorio concreto se efectúe la misma, manteniendo un modelo que siga siendo gestionado de forma suficientemente descentralizada.

         -Reformar las leyes procesales para adaptarlas a la realidad actual, especialmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que mantenga figuras constitucionales y tradicionales en la garantía de la independencia judicial y defensa ciudadana como han resultado y demostrado ser el Juez instructor y la Acusación Popular.

 

2) Implantación del domicilio /buzón cibernético oficial, ligado al DNI y NIE electrónicos, con acceso exclusivo del interesado mediante clave y con efectos para el cómputo de plazos legales y comunicaciones judiciales.

 

3) Unificación de la ejecución dineraria junto con Hacienda, bajo supervisión judicial.

 

4) Aumento y territorialización? de las competencias de la Audiencia Nacional con la intención de que en un plazo razonable asuma la competencia total de las materias que el Tratado de Lisboa considera de alcance trasnacional, continuando con las de Derecho extradicional y delitos cometidos en el extranjero[5].

 

5) Creación de los Centros de rehabilitación de delincuentes Primarios donde desarrollar los cursos y trabajos de rehabilitación y resocialización de los delincuentes primarios que opten por la suspensión de sus condenas menores, de cara a enfrentarles con las consecuencias reales de su actuación delictiva en el periodo de suspensión de condenas.

 

6) Adecuación de las sanciones penales a las condiciones sociológicas actuales, especialmente dirigida en las infracciones menores a la sanción económica y a una mayor flexibilización mediante un posible cumplimiento alternativo personalizado que desmasifique los centros Penitenciarios, de manera que la sanción privativa de libertad se dimensione en función de la esperanza de vida media ciudadana y la reparación real a la víctima, mediante la confección de los oportunos programas penitenciarios personalizados de cumplimiento en donde deberán preverse más grados penitenciarios para la progresión hacia la libertad que los actuales.

 

 

 

         En resumen, hay que implantar un nuevo modelo de Justicia, que sea eminentemente actual, rabiosamente celoso de su Independencia, autonomía e imparcialidad, esté despolitizado, y bascule en torno al control del resto de los poderes fácticos y políticos, para someterlos a la legalidad y al respeto de los derechos y las libertades ciudadanas, encarando así el progreso social y el avance de la civilización del Estado de Derecho en la cultura del respeto, la pluralidad, la igualdad social y la tolerancia.