Poder Judicial y nacionalismo periférico

José María Asencio, prestigioso intelectual universitario y vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, analiza en un sereno e incisivo artículo los riesgos de la fragmentación territorial del Poder Judicial. He aquí el texto íntegro de su ensayo:      

  Escribo estas líneas antes del día de las elecciones. Desconozco los resultados, pero tampoco importa para lo que voy a tratar, da igual que sea una u otra la mayoría parlamentaria resultante de los comicios, porque mi opinión no va a variar, es y seguirá siendo la misma ante determinados hechos.

  El Presidente catalán, Mas, ha pedido, en plena campaña, que se den los pasos necesarios para ahondar en el autogobierno en materia de Justicia, de caminar hacia una especie de Poder Judicial catalán.

Y no es de extrañar que plantee esta demanda, pues se recoge en su programa, al igual que hace el PNV y parece aceptar el PSOE con su propuesta críptica de conformar el Poder Judicial de manera adecuada a la división territorial administrativa.  Lo que preocupa es que se mantengan estas pretensiones aun cuando sean contrarias a la Constitución y así lo haya sostenido el propio Tribunal Constitucional en su sentencia sobre el Estatuto catalán, si bien es cierto que mediante una compleja sentencia interpretativa de la que, no obstante, no cabe deducir que la creación de poderes judiciales autonómicos sea acorde con el modelo de nuestra Ley fundamental.

  Llama la atención que, con la que está cayendo, los nacionalistas no vean más allá de sus propias narices, sigan insistiendo en sus políticas decimonónicas y, lo que es más grave, que la izquierda, ante la globalización del capital, se sume a este coro que divide a los trabajadores según su procedencia y los clasifique conforme a su residencia. Frente al capital internacional, la izquierda no solo renuncia al internacionalismo, sino incluso al nacionalismo liberal que en su momento hizo frente a las fronteras que la nobleza anterior a la Revolución francesa estableció para la defensa de sus privilegios.

  Pero, más llama la atención que se pida un fraccionamiento del Poder Judicial, con el objetivo claro de debilitarlo, de atomizarlo, de controlarlo, pues es evidente que, cuanto más pequeño sea, cuanto más pequeños sean los tribunales y su organización, más fácil es dominarlos, injerirse en su función y atentar contra su independencia. Qué otro sentido puede tener conformar un Poder Judicial autonómico que el de imitar lo que ya se hace en España, pero a nivel más reducido y con menos dificultad. Qué necesidad hay de un Poder Judicial territorial, salvo que no se confíe en uno más amplio. Ninguna ventaja cabe encontrar para los ciudadanos en esta opción, aunque se hable y se justifique, genéricamente, en una mejor gestión, a menos que se quiera afirmar, sin pudor alguno, que la sanidad o la educación descentralizada son ahora mejor que la centralizada, porque mucho habría que discutir al efecto a la vista de su actual situación y la desorientación en que nos movemos. Y, desde luego, Cataluña, salvo en lo que se refiere a la lengua catalana, que parece ser la panacea de todos los males y necesidades de la ciudadanía, no está para dar ejemplos a nadie y menos en lo que atañe al modelo social.

  El Poder Judicial es único para todo el Estado, sin que quepan fraccionamientos o poderes judiciales autonómicos, ni siquiera es posible la creación de Consejos territoriales cuyas competencias coincidan con las del CGPJ y que las asuma por “desconcentración”, fórmula usada por CIU en sus demandas. El CGPJ no puede desconcentrarse, pues sus competencias son únicas e indelegables. Solo hay un Poder Judicial, un único cuerpo de Jueces y Magistrados para toda España y los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA son parte integrante de ese poder, forman parte de él, no de las CCAA, aunque su ámbito territorial coincida con el de una Comunidad Autónoma. La denominación hace referencia al territorio, no a su pertenencia o posible inclusión en un Poder distinto del único existente.

  La única competencia delegada es la referida a los medios materiales y al personal auxiliar. Solución ésta que no está deparando resultados positivos. Pero, Jueces, Fiscales y Secretarios, constituyen cuerpos nacionales únicos en los que las CCAA no tienen nada que decir, afortunadamente.

  Conviene tener estas ideas presentes y no ceder ni un ápice en ellas. La garantía de independencia debe ser reforzada en el sentido contrario al que parecen conducir las demandas nacionalistas y de algunos otros partidos. Se debe, de forma inmediata, modificar el sistema de designación de vocales del CGPJ, negando a los partidos cualquier influencia y, de la misma manera, limitar en la forma en que sea necesaria la intromisión vergonzosa de aquellos en el TC. Ese es el camino y no cualquier otro que persista y fomente la división del Poder Judicial y su conversión en un apéndice del Legislativo o de los partidos.

  Por eso, las pretensiones nacionalistas han de rechazarse contundentemente. Por eso, se debe caminar en una dirección distinta a la iniciada, paulatinamente, en los últimos años, demasiados ya como para no ser conscientes de los errores cometidos. Prefiero el corporativismo judicial a su dependencia política, pues siendo malo lo primero no ataca a la independencia, mientras que la segunda constituye un atentado contra las garantías que definen la Jurisdicción y que la hacen ceder para configurarse como un apéndice de otros poderes o intereses. Un retroceso que hace recordar tiempos pasados y una vuelta a los elementos definitorios del franquismo. Porque si la intromisión es la misma, si los resultados son idénticos, el rechazo debe ser similar. Ningún valor democrático puede avalar comportamientos autoritarios y quien así lo cree deberá meditar sus propias convicciones.

  José María Asencio Mellado

1 comentario sobre “Poder Judicial y nacionalismo periférico

  1. Me parece una opinión, en su conjunto, muy acertada. Ajustada a como debe funcionar el Poder Judicial, que nada tiene que ver con el funcionamiento descentralizado de la Administración de Justicia en las CC.AA., como los nacionalistas intentan explicar, es decir, dicen que es lo mismo. Y no, no lo es. El Poder judicial no se puede hacer independiente de sí mismo. Ni fragmentar. Otra cosa es la distribución de competencias y la función de los TSJ y el TS según la Constitución y el Ordenamiento Jurídico que la desarrolla. Tenemos un precedente que funciona bastante bien en la jurisdicción social. Esta sería la experiencia a tener en cuenta y profundizar en la misma. Poner oidos, siquiera pensar, en la idea nacionalista de funcionamiento de la Justicia, en mi opinión, sería el principio del fin del Estado de Derecho, pero también del Estado Español.

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