Ante las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre la denominada “operación Lezo”, relativas a las instrucciones dadas por el Fiscal Anticorrupción Sr. Moix a los fiscales del caso, en orden a que se opusieran a la práctica de los registros que afectaban a determinados políticos, la Plataforma realiza las siguientes consideraciones :

• Merece elogio la actuación de los dos Fiscales del caso, que, siguiendo  el procedimiento previsto en el articulo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, solicitaron que la orden verbal del Sr. Moix constara por escrito, para, seguidamente, promover una Junta de Fiscales que decidiera sobre la posibilidad de apartarse de la orden dada por el superior. Se trata de una actuación legal, pero insólita en el quehacer cotidiano de los fiscales, pues requiere enorme coraje profesional; los fiscales no pueden dejar de lado que el fiscal superior decide el reparto de trabajo, la asignación de asuntos, los cuadrantes de vacaciones, los permisos, etc. El resultado de la votación fue de 20 a 1 con una abstención en favor de la posición de los Fiscales del caso. No es la primera vez que la orden de un superior busca imponerse sobre los criterios técnicos de los Fiscales del caso, contradiciéndolos radicalmente. Pero sí es la primera ocasión que se produce en la Fiscalía Anticorrupción en actuación relativa a personas que ostentaron cargos públicos de gran relevancia.   Leer más Acerca deEscándalo operación “Lezo”: comunicado de la Plataforma …

La Plataforma ha presentado denuncia ante el relator especial de las Naciones Unidas, señor García Sayán, para poner en su conocimiento la situación de indefensión que en se encuentran los magistrados españoles ante procedimientos sin garantías como los seguidos contra el magistrado Manuel Ruiz de Lara.

Aquí está el texto íntegro:

DENUNCIA AL RELATOR ESPECIAL PARA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL DE LAS NACIONES UNIDAS.

Estimado Sr. Relator:

Por la presente ponemos en su conocimiento que un magistrado español está siendo sometido a un procedimiento disciplinario sin las suficientes garantías de defensa, cuyos trámites han sido acordados por el órgano de gobierno de la judicatura española (Consejo General del Poder Judicial –CGPJ) y ejecutado por el denominado “Promotor de la Acción Disciplinaria”, órgano encargado de ejecutar materialmente las actuaciones. Leer más Acerca deCuarta denuncia a la ONU: investigación inquisitorial del CGPJ …