COMUNICADO EN APOYO A LA CONCENTRACIÓN POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE EL 28 DE JUNIO DE 2025
Resumen del comunicado:
La Plataforma pide a la ciudadanía que se sume a la concentración que las asociaciones judiciales y fiscales han convocado para el 28/06/25 (12:30) en Madrid con motivo de la “Ley Bolaños”. Las reformas previstas para el acceso a las carreras fiscal y judicial entrañan un riesgo de politización que cobra sentido en el contexto de un ataque sistemático a la independencia judicial. No solo eso, la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal supone una restricción a la autonomía de los señores fiscales que se inscribe en la misma capaña de debilitamiento de la separación de poderes. Todos los ciudadanos, juristas o no, estamos llamados a salir en defensa de la justicia. Está en juego nuestra democracia.
Texto íntegro del comunicado:
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial respalda con firmeza la concentración convocada por varias asociaciones profesionales de jueces y fiscales el próximo 28 de junio de 2025 a las 12:30 frente a la sede del Tribunal Supremo, en Plaza de la Villa de París de Madrid.
Defendemos una justicia libre, imparcial e independiente, pilar irrenunciable del Estado de Derecho y garantía de los derechos de todos.
La independencia judicial es un derecho de los ciudadanos, no un privilegio de los jueces. Sin ella, la justicia cede a intereses políticos, la igualdad ante la ley se quiebra y la democracia se tambalea. Por ello, defender la independencia judicial es defender los derechos de todos y esa defensa nos compete a todos.
Este derecho a la independencia judicial asegura que los ciudadanos tengan acceso a una justicia imparcial y que los jueces puedan tomar decisiones basadas únicamente en la ley, sin influencias externas o presiones. En conceto, este derecho se manifiesta en varios aspectos, como: que los jueces sean nombrados de manera transparente y meritocrática, evitando cualquier tipo de favoritismo o politización; que, una vez nombrados, los jueces no serán removidos arbitrariamente de sus cargos; que el poder judicial cuente con la capacidad de organizarse y gestionarse a sí mismo, sin interferencias indebidas de otros poderes del Estado; que los jueces estén protegidos contra presiones de cualquier otro tipo que puedan influir en sus decisiones.
Hoy, nuestro sistema judicial se enfrenta a ataques sin precedentes: injerencias, presiones y maniobras que amenazan su independencia. Así:
1.- Son continuos los intentos de determinados políticos y grupos de presión por desprestigiar al Poder Judicial y minar la confianza de la ciudadanía en la justicia, cuestionándose públicamente determinadas resoluciones judiciales con las que no se está conforme o que no satisfacen determinados intereses, sin aportar argumentación jurídica sino descalificaciones genéricas al tribunal o a la judicatura o personales a un juez o magistrado, incluso con acusaciones de prevaricación o publicidad sobre la vida personal y profesional de los jueces encargados de ciertas investigaciones, con el fin de amedrentarles y coartarles su libertad e independencia.
Ello conduce a dinamitar el modelo constitucional, situando a los jueces como un blanco político sin posibilidad de reacción ni defensa, incumpliéndose en estos casos las Recomendaciones de la Comisión Europea (2010) 12 nº 18, 2016/1374, 2017/146 y 2017/1520, en el sentido de limitar las críticas que el poder ejecutivo y legislativo pueden realizar frente a decisiones judiciales, para no socavar la confianza del público en la justicia.
A este respecto, desde Plataforma Cívica por la Independencia Judicial demandamos un compromiso firme, por parte de todos los poderes públicos y políticos, con la independencia judicial y que cesen los intentos de manipulación partidista de la actuación jurisdiccional.
2.- Se pretende la reforma del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal (curiosamente, no a otras profesiones jurídicas como Abogacía del Estado, Notariado o Registradores, también memorísticas) a través de un proyecto de Ley Orgánica que se está tramitando por vía de urgencia en el Congreso a iniciativa del Gobierno, sin contar con informes totalmente favorables del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado, que ponen importantes reparos al texto.
Esta iniciativa legislativa, entre otros extremos:
– Introduce cambios en las pruebas de la oposición libre (al sustituir un examen oral por una prueba escrita práctica sobre derecho procesal y sustantivo, susceptible de filtración y de evaluación subjetiva) y del cuarto turno (sistema de acceso a la carrera judicial por concurso-oposición para juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, que también se convocará para la carrera fiscal y en la que se establece una única prueba escrita eliminatoria consistente en la elaboración de un dictamen, susceptible de filtración y de evaluación subjetiva, como paso previo a la baremación de méritos);
– Prevé un proceso extraordinario de acceso por concurso-oposición de amplio ámbito subjetivo (pues podrá concurrir cualquier graduado en derecho con cinco años de ejercicio profesional que supere un dictamen práctico) y fija unos criterios de cómputo de ejercicio profesional discriminatorios y sin justificación (computando 0,80 por cada año de trabajo efectivo como juez o fiscal sustituto y magistrado suplente, además de 0,20 por cada año de nombramiento, y 0,25 por cada año efectivo de trabajo para el resto de profesionales);
– Reconoce a los que accedan a la carrera judicial por concurso-oposición cinco años de servicios prestados en la carrera judicial (con claro agravio comparativo respecto de quienes accedan por oposición libre en el futuro y quienes lo han hecho en los últimos años) a los efectos de eventuales nombramientos discrecionales (que realizará un CGPJ fuertemente politizado);
– Amplía las competencias del Centro de Estudios Jurídicos, dependiente del Ministerio de Justicia, en materia de capacitación o preparación de opositores y para la concesión de ayudas económicas a opositores, lo que supone un claro riesgo de control ideológico de los seleccionados y resulta contrario al principio de separación de poderes;
– Establece la Comisión de Ética Judicial como institución independiente del CGPJ y órgano consultivo para orientar sobre la interpretación de los principios de ética judicial aprobados por el CGPJ en 2016 a través de la emisión de dictámenes e informes. Además de cinco miembros integrantes de la carrera judicial elegidos por ésta, estará compuesta por cuatro miembros catedráticos en la disciplina de la ética, filosofía del derecho o filosofía moral que serán designados por las Cortes Generales (dos por cada Cámara). Esta reforma supone una injerencia política en la aplicación de las normas que rigen la ética de los jueces.
En consecuencia, existe un claro riesgo de que esta reforma sea una excusa para politizar el acceso a la carrera judicial o fiscal, ya sea mediante el establecimiento de filtros ideológicos o la pérdida de objetividad en el proceso de selección. El mérito y la capacidad, junto con la máxima objetividad y despolitización del acceso a las carrera judicial y fiscal son principios irrenunciables por los que hay que velar. La solución a la falta de suficientes jueces y fiscales no ha de ser recurriendo a atajos que pongan en peligro la calidad del servicio público de justicia y la separación de poderes.
Por todo ello, demandamos la retirada de dicho proyecto de ley.
3.- Además, mientras no se garantice la independencia del Ministerio Fiscal, con absoluta desconexión del poder político, se corre el riesgo de que los medios del Estado se instrumentalicen para la satisfacción de inconfesables intereses ilícitos.
Muestra de ello son los intentos del actual Ejecutivo y del grupo parlamentario que principalmente lo sustenta, de promover reformas legislativas para que el Fiscal General del Estado (que es elegido por el Gobierno de turno) tenga más competencias en nombramientos, incompatibilidades y régimen disciplinario, que la Fiscalía monopolice el ejercicio de la acusación penal (eliminando la acción popular, que ha llevado a la investigación y enjuiciamiento de numerosos asuntos de corrupción política) y que la Fiscalía dirija la investigación criminal (en lugar de jueces que gozan de independencia e imparcialidad).
Resulta exigible la aprobación de medidas que garanticen la plena autonomía, independencia e imparcialidad de los fiscales y de los altos cargos de la fiscalía, incluido el Fiscal General del Estado, previéndose la designación por estrictos criterios de mérito y capacidad, conforme a bases objetivas y regladas debidamente publicitadas, como las expuestas en el siguiente enlace: https://plataformaindependenciajudicial.es/2017/11/18/bases-nombramientos-fiscalia/
Estos y otros ataques al Estado de Derecho los hemos denunciado desde Plataforma Cívica por la Independencia Judicial en nuestras contribuciones al Informe sobre el Estado de Derecho que la Comisión Europea está elaborando y que se publicará el 8 de julio: https://plataformaindependenciajudicial.es/2025/01/24/alegaciones-plataforma-comision-europea-informe-estado-de-derecho-2025/ y https://plataformaindependenciajudicial.es/2025/04/01/pcij-informa-a-la-comision-europea-nota-de-prensa-comunicado/
Desde Plataforma Cívica por la Independencia Judicial tenemos la convicción de que un Estado de Derecho y una democracia sólidos exigen un Poder Judicial independiente y una Fiscalía autónoma del Poder Ejecutivo y del Legislativo, de forma que quede garantizada la separación de poderes, por lo que demandamos el firme compromiso de todos los poderes públicos y de las fuerzas políticas para que dirijan sus esfuerzos a la consecución de tales fines, olvidando intereses partidistas y siguiendo las recomendaciones del GRECO y de la Comisión Europea.
Por todo ello, exhortamos a la ciudadanía a unirse a la concentración convocada. El 28 de junio, alzaremos un clamor unánime: la justicia no se somete. Juntos, protegeremos un Poder Judicial independiente y una Fiscalía autónoma del poder político. Acude. Defiende la justicia independiente. Tu presencia forjará nuestro futuro.
Y convocamos a la sociedad a mantenerse vigilante ante cualquier acción que amenace la independencia de la justicia, en aras de preservar la integridad de nuestro Estado de Derecho.
Madrid, 23 de junio de 2025