Resumen del comunicado:
El procesamiento del Fiscal General del Estado debe conducir a su dimision inmediata. Y ello porque, al imputársele a García Ortiz la comisión de una conducta delictiva, no se encuentra en condiciones de ejercer sus funciones con imparcialidad objetiva. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige un mínimo de confianza de la ciudadanía en cargos de tanto relieve jurisdiccional. Los indicios racionales de criminalidad que pesan contra su persoma quiebran esa confianza, por lo que ha de actuar con en consecuencia con la dignidad de su cargo.
Texto íntegro del comunicado:
DIMISIÓN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO POR INCOMPATIBILIDAD CON LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, en defensa de los principios de imparcialidad, independencia y confianza ciudadana en las instituciones judiciales y fiscales, manifiesta su profunda preocupación por el procesamiento de Fiscal General del Estado, don Álvaro García Ortiz. Este hecho, sin precedentes en la historia de nuestro país, compromete irremediablemente la apariencia de imparcialidad y la confianza pública en la Fiscalía General del Estado, requisitos esenciales para el desempeño de sus funciones conforme a los principios jurídicos supranacionales y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La Fiscalía General del Estado, como garante de la legalidad y del interés público, debe encarnar los más altos criterios de integridad y neutralidad. Sin embargo, el procesamiento del Fiscal General genera una duda legítima en el ánimo de los ciudadanos sobre su capacidad para ejercer sus funciones con la debida independencia e imparcialidad. Como hemos señalado en nuestro informe del 16 de octubre de 2024, “La nulidad de los nombramientos del CGPJ a la luz de la jurisprudencia del TJUE”, la sentencia del TJUE de 24 de junio de 2019 (asunto C-619/18) establece que debe garantizarse la “inexistencia de cualquier duda legítima en el ánimo de los justiciables” respecto a la impermeabilidad de las instituciones judiciales y fiscales frente a influencias externas o internas. Este principio, extensible a la Fiscalía por su papel en el ordenamiento jurídico español, resulta vulnerado cuando quien ostenta su máxima representación se encuentra bajo sospecha judicial.
Asimismo, la sentencia del TJUE de 5 de noviembre de 2019 (asunto C-192/19) proscribe no solo las influencias directas, sino también las indirectas, que puedan comprometer la percepción de neutralidad. El procesamiento del Fiscal General, unido a las críticas recurrentes sobre su gestión, refuerza la apariencia de politización que tanto daño ha causado a la credibilidad de las instituciones judiciales y fiscales en España.
La Plataforma considera que la permanencia del Fiscal General en su puesto es incompatible con los principios de apariencia de independencia y confianza ciudadana exigidos por el TJUE y el Consejo de Europa. La gravedad de los hechos que se le imputan, sumada a la necesidad de preservar la legitimidad de la Fiscalía, exige un gesto de responsabilidad institucional. Por ello, instamos al Fiscal General del Estado, D. Álvaro García Ortiz, a presentar su dimisión inmediata, en aras de proteger la credibilidad de la institución que representa y de evitar un mayor deterioro de la confianza ciudadana en nuestra justicia. .
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial continuará velando por la despolitización de las instituciones judiciales y fiscales, en línea con su compromiso con los valores democráticos y el Estado de Derecho.