GRECO evidencia las deficiencias en la lucha contra la corrupción en España y el secuestro del CGPJ y de la Fiscalía por el poder político

 RESUMEN DEL COMUNICADO

El GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa) destapa la crisis de la Justicia española en su informe de abril de 2025: la politización del CGPJ y los nombramientos opacos cuestionan Estado de Derecho en nuestro país. El Gobierno retrasó, en un acto de censura, su publicación, alimentando la desconfianza. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial exige el firme compromiso de las fuerzas políticas para que, olvidando intereses partidistas y ajustándose a los principios jurídicos europeos, desistan de cualquier tentación de politizar nuestra justicia.

TEXTO COMPLETO

El 16 de abril de 2025 el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha publicado dos informes que evidencian el reiterado incumplimiento por parte de España de sus recomendaciones para prevenir la corrupción: uno, adoptado el 1 de diciembre de 2023, para prevenir la corrupción y promover la integridad de las altas funciones ejecutivas del Gobierno central y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil); otro, adoptado el 21 de junio de 2024, para prevenir la corrupción en relación con parlamentarios, jueces y fiscales. En este enlace se puede acceder a la noticia e informes completos publicados: https://www.coe.int/es/web/portal/-/greco-publishes-two-reports-assessing-spain-s-progress-in-implementing-its-anti-corruption-recommendations

Los informes de evaluación que emite GRECO son confidenciales, a menos que el Estado miembro acepte renunciar a la confidencialidad y hacerlos públicos. Hasta la fecha, y de acuerdo con la práctica del GRECO, las autoridades del Estado miembro afectado por la evaluación publican todos los informes de evaluación y las revisiones de cumplimiento en un plazo razonable (que puede ser de unos días a unos meses). En esta ocasión, el retraso de más de 16 meses y de casi 10 meses, respectivamente, en la publicación de dichos informes se ha debido a la falta de autorización por el Gobierno de España para su difusión, precisamente coincidiendo con casos de presunta corrupción que salpican al entorno gubernamental, a familiares del propio presidente del Gobierno y a algunos parlamentarios y miembros del partido socialista, así como con la cuestionada actuación y dependencia política del Fiscal General del Estado, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional. Este bloqueo por el Gobierno español a la difusión de dichos informes es un acto de censura que agrava la desconfianza ciudadana.

El último requerimiento a levantar dicho bloqueo, que consta por escrito en el acta de la sesión plenaria del GRECO celebrada el 19 de marzo de 2025, junto a otros Estados miembros también reticentes a publicar informes que les afectan (Azerbaiyán y Turquía) y el hecho de que en la nueva sesión plenaria de GRECO a celebrar del 3 al 6 de junio de 2025 se evaluarán nuevamente los avances de nuestro país en dicha materia, parece que ha convencido al Gobierno español para permitir su difusión.

A pesar de la fecha en que se han hecho públicos dichos informes, no parece que el Gobierno de España vaya a hacer examen de conciencia y que tenga propósito de enmienda pues, a pesar de la contundencia de las conclusiones de GRECO y de la realidad que las avalan, el Gobierno de España defiende haber cumplido, total o parcialmente, la mayoría de las recomendaciones de GRECO.

Pero basta atender a los hechos para comprobar que no es así. Centrándonos en el CGPJ y la fiscalía, a los que se refiere el informe del GRECO de 21 de junio de 2024, la realidad es que:

• El CGPJ está en manos de pactos partidistas que asfixian su independencia y los nombramientos de altos cargos judiciales son opacos, sin criterios objetivos. La recomendación relativa a que los vocales judiciales del CGPJ sean elegidos por los propios jueces y magistrados, sin intervención política alguna, no se ha aplicado, a pesar de la última renovación del CGPJ, que fue fruto, de nuevo, de un pacto político. Y la división del actual CGPJ en dos bloques, según el signo político del partido que ha propuesto a los vocales, ha impedido un acuerdo para proponer una reforma del sistema de elección de los vocales judiciales y dificulta el consenso para proceder al nombramiento de los que han de cubrir las numerosas vacantes existentes de altos cargos judiciales.
• El GRECO subraya la necesidad de mayores garantías en relación con el refuerzo de la independencia, la transparencia y la autonomía del Ministerio Fiscal, que parecen inalcanzables dada la actual deriva de la Fiscalía General del Estado, que basa su actuación en la dependencia jerárquica y en un incondicional alineamiento con el Gobierno que lo ha designado, tanto en sus manifestaciones públicas sobre ciertos hechos mediáticos como a la hora de dar instrucciones a sus subordinados (por ej, en la aplicación de la ley de amnistía en todos los procesos) e incluso entrando en batallas entre adversarios políticos en interés del Gobierno.

Desde Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) hemos denunciado en diversos informes la arbitrariedad en los nombramientos realizados por el CGPJ, que exige evaluar el marco de este órgano para garantizar su real and perceived independence, en palabras del Consejo de Europa. Aquí, el último informe sobre nombramientos de altos cargos judiciales publicado: https://plataformaindependenciajudicial.es/2025/02/27/politizacion-en-el-nombramiento-de-los-magistrados-del-tribunal-supremo-enero-2025-informe-de-la-pcij/ y un informe sobre la nulidad de los nombramientos del CGPJ a la luz de la jurisprudencia europea: https://plataformaindependenciajudicial.es/2024/10/16/la-nulidad-de-los-nombramientos-del-cgpj-a-la-luz-de-la-jurisprudencia-del-tjue-informe-de-la-plataforma/

Nuestra propuesta es rotunda, en línea con las recomendaciones del GRECO:

• Que los jueces elijan a los 12 vocales judiciales del CGPJ por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto (“un juez, un voto”) sin injerencias políticas. Aquí una propuesta de texto articulado de reforma del actual sistema de elección de los vocales del CGPJ: https://plataformaindependenciajudicial.es/2024/02/27/llamada-al-poder-legislativo-la-plataforma-acude-al-congreso-para-reformar-la-lopj/
• Y la objetivación de los nombramientos de altos cargos judiciales, sometiendo a estrictas reglas de control la discrecionalidad de su elección, fijando criterios baremados, previos y públicos para cada clase de órgano, conforme a principios de mérito y capacidad, como las bases contenidas en esta propuesta: https://plataformaindependenciajudicial.es/2016/07/09/propuesta-al-cgpj-bases-nombramientos-discrecionales/

Respecto a la Fiscalía, resulta exigible la aprobación de medidas que garanticen la plena autonomía, independencia e imparcialidad de los fiscales y de los altos cargos de la fiscalía, incluido el Fiscal General del Estado, previéndose la designación por estrictos criterios de mérito y capacidad, conforme a bases objetivas y regladas debidamente publicitadas, como las expuestas en el siguiente enlace: https://plataformaindependenciajudicial.es/2017/11/18/bases-nombramientos-fiscalia/

Además, mientras no se garantice la independencia del Ministerio Fiscal, con absoluta desconexión del poder político, se corre el riesgo de que los medios del Estado se instrumentalicen para la satisfacción de inconfesables intereses ilícitos. Muestra de ello son los intentos del actual Ejecutivo, a través del grupo parlamentario que principalmente lo sustenta, de promover reformas legislativas para que la Fiscalía monopolice el ejercicio de la acusación penal, eliminando la acción popular (que ha llevado a la investigación y enjuiciamiento de numerosos asuntos de corrupción política), y que la Fiscalía dirija la investigación criminal (en lugar de jueces que gozan de independencia e imparcialidad).

Estos y otros ataques al Estado de Derecho los hemos denunciado desde Plataforma Cívica por la Independencia Judicial en nuestras contribuciones al Informe sobre el Estado de Derecho que está elaborando la Comisión Europea para 2025: https://plataformaindependenciajudicial.es/2025/01/24/alegaciones-plataforma-comision-europea-informe-estado-de-derecho-2025/ y https://plataformaindependenciajudicial.es/2025/04/01/pcij-informa-a-la-comision-europea-nota-de-prensa-comunicado/

Desde Plataforma Cívica por la Independencia Judicial tenemos la convicción de que un Estado de Derecho y una democracia sólidos exigen la despolitización del Poder Judicial, y por tanto de su órgano de gobierno, y que quede garantizada la separación de poderes con instituciones autónomas e independientes del Poder Ejecutivo y del Legislativo, por lo que demandamos el firme compromiso de todos los poderes públicos y de las fuerzas políticas para que dirijan sus esfuerzos a la consecución de tales fines, olvidando intereses partidistas y siguiendo las recomendaciones del GRECO y de la Comisión Europea.