Resumen del comunicado:
El nombramiento de los dos últimos magistrados del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díez Bueso, constituye el nuevo ataque de una campaña sistemática contra la independencia de la Justicia española, pues, en vez de tratarse de juristas de reconocida competencia, son políticos de larga trayectoria al servicio de los intereses del Poder Ejecutivo. De ahí que la Plataforma haga un llamamiento a la responsabilidad de la sociedad civil, inclusive asociaciones judiciales, para que emprendan las acciones necesarias en defensa de nuestro Estado de Derecho.
Texto íntegro del comunicado.
Asistimos desde hace varios años a un intenso ataque al vigente sistema institucional con desprecio absoluto a principios básicos como el de separación de poderes, siendo máximos los intentos de algunos partidos políticos por influir en la designación de cargos de enorme trascendencia como el de los magistrados del Tribunal Constitucional, con la pretensión de tener mayorías cuando se resuelvan asuntos de cierta relevancia política, de fuerte calado ideológico o recursos frente a ciertas normas. Para ello, dichos partidos se han venido inspirando para designar a dichos cargos en meros criterios de amistad o afinidad personal y/o ideológica, ajenos al mérito y capacidad de los elegidos.
Así lo hemos venido denunciando desde Plataforma Cívica por la Independencia Judicial en las últimas renovaciones del TC:
https://plataformaindependenciajudicial.es/2021/10/14/reparto-de-cargos-depreciacion-instituccional/
En la reciente renovación llevada a cabo en diciembre de 2022, se optó por el Gobierno por proponer a dos personas de claro perfil político y que ya habían prestado servicios para dicho Gobierno: Juan Carlos Campo Moreno, ex Ministro de Justicia, y Laura Díez Bueso, ex alto cargo del Ministerio de la Presidencia. Ante la opinión pública y la comunidad jurídica dichas personas no aparecen como “juristas de reconocida competencia”, según exige el art. 159.2 de la Constitución española, sino como meros políticos que han forjado su trayectoria personal a la sombra de la influencia del actual Gobierno que les nombra como magistrados del TC, siendo precisamente el ejercicio de dichos cargos políticos para ese Gobierno, y no su cualificación jurídica, lo que motiva su nombramiento.
A pesar de ello, el TC, en Pleno extraordinario celebrado el 29 de diciembre de 2022, dio el visto bueno a dichos nombramientos, verificando la idoneidad de los candidatos y el cumplimiento por éstos de los requisitos exigidos por el art. 159 de la Constitución.
No obstante, lo cierto es que ambos magistrados carecen de los requisitos mínimos de imparcialidad e independencia para desempeñar la misión que se les encomienda y que resultan exigibles a todos los tribunales según el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 19 TUE y 47 CEDF. A este respecto, existe jurisprudencia del TJUE y TEDH que extiende los controles de independencia e imparcialidad también a los tribunales constitucionales nacionales, pudiendo controlar que dichas garantías estén presentes en el nombramiento de sus miembros. Así se reconoce en sentencia del TEDH Xero Flor nº de asunto 4.907/2018 de fecha 7 de mayo de 2021.
Lamentablemente, como ha venido denunciando Plataforma en Europa https://plataformaindependenciajudicial.es/2022/12/01/intervencion-europea-la-plataforma-acude-al-parlamento-europeo-magistrados-tc/ y https://plataformaindependenciajudicial.es/2022/12/18/llamamiento-a-europa-movilizacion-ciudadana/ y en las aportaciones realizadas al Informe sobre Estado de Derecho que elaborará la Comisión Europea para julio de 2023, estos nombramientos forman parte de una campaña más amplia de asalto del TC, para controlar al máximo intérprete de la Constitución y evitar los necesarios controles a la actuación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, acabando con el sistema de contrapesos democráticos.
Precisamente, las prisas en la renovación del TC en el mes de diciembre (con fuertes presiones al CGPJ para que procediera a la designación de dos candidatos para el TC e incluso promoviendo una reforma legislativa que facilitara dichos nombramientos) y la decisión del nuevo presidente del TC de resolver ciertos asuntos que estaban pendientes en el TC desde hace muchos años de relevante calado ideológico, auguran la pretensión del actual Gobierno de obtener pronunciamientos del TC favorables a sus intereses y los de su ideología. La designación del nuevo presidente del TC tampoco ha estado exenta de polémica, habiendo recaído tal designación en el candidato preferido por el Gobierno y que fue Fiscal General del Estado con un gobierno del mismo signo que el actual.
Lo que está ocurriendo es gravísimo, pues supone un verdadero asalto del poder Ejecutivo a la independencia del Tribunal Constitucional y a la separación de poderes, pilares básicos de un Estado de Derecho, uno de los valores en que se fundamenta la Unión Europea y que deben cumplir sus Estados miembros, según los artículos 2 y 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Si no se cumplen estos valores, podemos empezar a encontrarnos de manera inminente con decisiones del TJUE y del TEDH que coloquen a la justicia española en una situación insostenible, cuestionando la legitimidad de dichos órganos politizados y sus resoluciones.
Frente a dichos ataques y desviaciones inaceptables en un Estado de Derecho, desde PLATAFORMA CÍVICA POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL, asociación de carácter transversal que agrupa a ciudadanos de distintos colectivos del ámbito jurídico y ajenos a él, reiteramos nuestro firme compromiso de defensa del Estado de Derecho, del imperio de la ley y de lucha frente a cualquier atisbo de politización y de falta de independencia en el Tribunal Constitucional y hacemos un llamamiento a las Asociaciones Judiciales y cuantos se encuentren legitimados y compartan dichos compromisos para ejercitar todas las acciones, en vía nacional, europea o internacional, que resulten procedentes contra dichos nombramientos y actuaciones que vulneran tales valores y principios básicos.
Resulta urgente e inaplazable la adopción de medidas concretas para la defensa activa del Estado de Derecho y en dicha defensa nos encontrarán a Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.