Asalto al Tribunal Constitucional: lealtad política vs mérito y capacidad

Resumen del comunicado

En vez de mérito y la capacidad, el Gobierno ha optado por la fidelidad política para la designación de los magistrados que le corresponden en el Tribunal Constitucional como parte de su campaña de control de las instituciones. Semejantes maniobras debilitan la confianza de los ciudadanos en los poderes públicos, lo que será denunciado por la Plataforma ante los organismos europeos.

Texto del comunicado

Sin duda este Gobierno pasará a la historia por sus intensos intentos por controlar todos los órganos de relevancia constitucional, institucional y pública.

La designación como miembros del Tribunal Constitucional, a propuesta del Gobierno, de Juan Carlos Campo Moreno, exMinistro de Justicia y actualmente magistrado de la Audiencia Nacional, y de Laura Díez Bueso, exalto cargo del Ministerio de la Presidencia y actualmente vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, constituye una auténtica declaración de intenciones por parte del actual Gobierno de España: controlar al máximo intérprete de la Constitución y evitar controles a la actuación del Gobierno (o que éstos solo sean aparentes) y, por tanto, que el Ejecutivo tenga mayor margen de actuación y pueda actuar sin apenas límites.

El artículo 159.2 de la Constitución exige que los magistrados de TC sean “juristas de reconocida competencia”. Los candidatos, en cambio, antes que méritos jurídicos, exhiben una larga trayectoria personal de fidelidad al poder político muy alejada de la distancia institucional y auctoritas propia de tan alta responsabilidad. En vez de árbitros prudentes alejados de los conflictos partidistas, son jugadores activos cuyos actos demuestran que ya han tomado partido. Produce asombro, cuando no preocupación que, abundando en nuestro país tan eminentes jurisconsultos en el foro, la universidad y la judicatura, hayan tenido que acudir precisamente a dos personas que serán vistos una vez que entren a ejercer sus funciones, más que como magistrados imparciales, como meros políticos togados.

El objetivo es claro: que haya una mayoría leal y afín en el Tribunal Constitucional durante varios años (al menos, hasta la siguiente renovación en tres años) que esté al servicio de su programa político y de sus socios y que pueda validar totalmente la constitucionalidad de las normas aprobadas por el actual Gobierno y convalidadas por las Cortes Generales en las que el Ejecutivo tiene mayoría o aprobadas directamente por éstas gracias a la mayoría que consiga el actual Gobierno. No hay que olvidar que el TC tiene pendientes de resolver recursos de inconstitucionalidad de fuerte calado ideológico y político y que se están tramitando o pretenden tramitarse reformas legislativas cuya constitucionalidad está en cuestión.

Y por esto se ha optado por el Gobierno por proponer a dos personas de claro perfil político y que ya han prestado servicios para dicho Gobierno.

Ciertamente, no es una novedad, pues ya ha venido ocurriendo en las últimas renovaciones del TC, que se prime la elección de personas leales al partido político que los designa frente a la elección atendiendo al perfil profesional y cualificación del candidato, pero que sea una práctica habitual entre los partidos políticos repartir los cargos de órganos institucionales entre sus adeptos, no convierte en aceptable lo que está ocurriendo, que es gravísimo, pues supone un verdadero asalto del poder Ejecutivo a la independencia del Tribunal Constitucional y a la separación de poderes, pilares básicos de un Estado de Derecho, uno de los valores en que se fundamenta la Unión Europea y que deben cumplir sus Estados miembros, según los artículos 2 y 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE).

Lamentablemente, estos nombramientos forman parte de una campaña más amplia de sometimiento de la Justicia a la política con absoluto desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y a la normativa de las instituciones transnacionales europeas. Y por ello nos vemos en la necesidad de acudir nuevamente a todos los órganos que velen por esos principios básicos, como son la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.

Eliminar los controles democráticos no es propio de un Estado de Derecho y algo tendrá que decir esto la Unión Europea, antes de que sea presidida por quien no cumple los valores en que ésta se fundamenta.

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