Resumen de la petición:
El gobierno español prosigue con su campaña de control del Tribunal Constitucional ya denunciada por la Plataforma ante la Comisión de Peticiones en julio de este año 2022. Esta vez mediante la designación de dos candidatos a dicho órgano que, en vez de ser “juristas de reconocida competencia”, tal como preceptúa la Constitución Española, son políticos de larga trayectoria al servicio de los intereses políticos del Poder Ejecutivo. El resultado no será otro que la pérdida de confianza de los ciudadanos en la imparcialidad del tribunal de garantías del Reino de España.
COMPLEMENTO PETICIÓN 353/2021
Texto íntegro de la petición:
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial ya formulo en julio de este año 2022 una solicitud a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo mediante la que recababa su intervención urgente ante la amenaza que para la separación de poderes implicaba la reforma legislativa tramitada en el parlamento español en cuya virtud se pretendía facultar al Consejo General del Poder Judicial para designar a los dos magistrados vacantes del Tribunal Constitucional.
Ahora se presenta una ampliación dicha petición al haber anunciado el Gobierno que designa a dos personas para ocupar tan alto tribunal que carecen de los requisitos mínimos de imparcialidad para desempeñar la misión que se les encomienda. Se trata de Juan Carlos Campo Moreno, exMinistro de Justicia y actualmente magistrado de la Audiencia Nacional, y de Laura Díez Bueso, exalto cargo del Ministerio de la Presidencia y actualmente vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Ante la opinión pública y la comunidad jurídica española dichas personas no aparecen como “juristas de reconocida competencia”, según exige la Constitución española, sino como meros políticos que han forjado su trayectoria personal a la sombra de la influencia del actual gobierno y de los partidos políticos que lo apoyan. Es, por tanto, una demostración empírica de lo que ya se anunciaba en nuestra primera comunicación: que el Poder Ejecutivo está empeñado en una campaña de control de los tribunales y de los órganos constitucionales capaces de actuar como contrapeso a sus intereses. Por tanto, la imagen de tan alto órgano se verá irremisiblemente deteriorada,
Se reproduce, a continuación, el enlace a la anterior petición.