Resumen del comunicado:
Intolerable ataque contra la separación de poderes ha sido el acuerdo recientemente alcanzado entre el Gobierno y el Partido Popular para la renovación de instituciones clave, entre las que se encuentran el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, en tanto que el Poder Ejecutivo y las formaciones políticas están suplantando las legítimas funciones que corresponden al Parlamento como máximo representante de la soberanía nacional.
Texto íntegro del comunicado:
La Secretaría de Estado de Comunicación, dependiente orgánicamente del Misterio de la Presidencia del Gobierno, y el Partido Popular han remitido este jueves un comunicado conjunto en el que manifiestan que “el Partido Socialista y el Partido Popular han alcanzado un acuerdo que permitirá la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos“. Y ambas partes han mostrado su disposición a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Como ha venido ocurriendo en numerosas ocasiones, por los distintos partidos políticos que en las últimas décadas han venido sustentando al Gobierno de España y que han conformado una mayoría parlamentaria, ya sea de forma única o compartida con otros partidos, existe una confusión entre los actos de partido y los actos como Gobierno o como grupo parlamentario, haciendo uso de medios gubernamentales o atribuyendo al Gobierno lo que no son más que decisiones de un partido o cuya competencia correspondería al Poder Legislativo (las Cortes Generales), dejando en un plano secundario a los diputados y senadores, representantes de la ciudadanía y a quienes las leyes atribuyen la designación de dichos cargos a renovar, e inspirándose para designar a dichos cargos en criterios de amistad o afinidad personal y/o ideológica, ajenos al mérito y capacidad de los elegidos.
Es un hecho objetivo que asistimos desde hace tiempo a un intenso ataque al vigente sistema institucional con desprecio absoluto a principios básicos como el de separación de poderes, siendo máximos los intentos de algunos partidos políticos por influir en la designación de cargos de enorme trascendencia como los indicados, con el único fin de controlar otros aspectos conexos como la elección de altos cargos judiciales (algunos de los cuales podrán juzgar a miembros de dichos partidos o de la oposición o deberán resolver sobre cuestiones que afectan a la actuación administrativa) o con la pretensión de tener mayorías cuando se resuelvan recursos en el TC interpuestos frente a ciertas normas.
Frente a dichos ataques y desviaciones inaceptables en un Estado de Derecho, desde PLATAFORMA CÍVICA POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL, asociación de carácter transversal que agrupa a ciudadanos de distintos colectivos del ámbito jurídico y ajenos a él, reiteramos nuestro firme compromiso de defensa del Estado de Derecho, del imperio de la ley y de lucha frente a cualquier atisbo de politización y de falta de independencia en el Poder Judicial.