COMPLEMENTO PETICIÓN 353/2021

Resumen de la petición:

La nueva reforma legislativa registrada en el Congreso de los Diputados, y en cuya virtud se pretende facultar al Consejo General del Poder Judicial para designar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, constituye un ataque a la separación de poderes, al pretender el control gubernamental del máximo intérprete de la Constitución así como del nombramiento de altos cargos judiciales. Forma parte de una campaña más amplia de sometimiento de la Justicia a la política con absoluto desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y a la normativa de las instituciones transnacionales europeas. En consecuencia, la Plataforma insta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la urgente adopción de cuantas medidas considere adecuadas, entre ellas, acudir a Comisión Europea, a otras comisiones del parlamento europeo, al GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa) a la Comisión de Venecia o a las cámaras legislativas españolas.

Texto íntegro de la petición:

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial es una asociación de carácter transversal y no profesional, plural y absolutamente independiente de los poderes públicos y organizaciones políticas, sindicales, empresariales o de cualquier otra índole. Somos una asociación constituida hace ya 10 años por juristas y otros profesionales de la sociedad civil con el objetivo de defender el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial, de conformidad con los estándares europeos e internacionales.

Más información en: https://plataformaindependenciajudicial.es/fines/

 

Como complemento y actualización de la Petición presentada el pasado 29 de marzo de 2021 ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y defendida en reunión del pasado 15 de julio de 2021 previa aportación de documento que actualizaba dicha Petición, aportamos el presente documento relativo a la nueva reforma legislativa afectante al Consejo General del Poder Judicial instada por el Gobierno de España, a través del grupo parlamentario que principalmente le sustenta (Grupo Parlamentario Socialista) https://www.psoe.es/congreso/noticias-congreso/el-grupo-socialista-registra-una-proposicion-de-ley-para-desbloquear-la-renovacion-del-tribunal-constitucional/ , que tiene como único objetivo permitir que el CGPJ en funciones, que tiene suprimidas sus facultades de nombramiento por reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial operada por Ley Orgánica 4/2021 de 29 de marzo (que fue el objeto principal de nuestra petición 353/2021), pueda nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional para que, a su vez, el propio Gobierno pueda nombrar a los dos magistrados de dicho órgano que le corresponden, ya que dicho órgano, que está compuesto por doce miembros, se debe renovar en un tercio cada tres años (siendo el nombramiento de sus miembros por una duración de nueve años) y, de mantenerse la imposibilidad de nombrar a dichos cargos por el CGPJ, el Gobierno tampoco podría nombrar a los suyos.

 

Nos encontramos ante una reforma legislativa ad hoc que obedece exclusivamente a un interés político del Gobierno para que haya una mayoría afín en el Tribunal Constitucional durante varios años (al menos, hasta la siguiente renovación en tres años) que pueda validar totalmente la constitucionalidad de las normas aprobadas por el Gobierno y convalidadas por las Cortes Generales en las que el Ejecutivo tiene mayoría o aprobadas directamente por éstas gracias a la mayoría que consiga el Gobierno (entre ellas, la propia LO 4/2021 de 29 de marzo, objeto inicial de nuestra Petición 353/2021, encontrándose pendientes de resolver los recursos de inconstitucionalidad interpuestos frente a la misma en abril y mayo de 2021).

 

Al igual que pasó con la reforma de la LOPJ operada por LO 4/2021, esta nueva reforma:

 

• Se tramita como proposición de ley del grupo parlamentario que sustenta al Gobierno en lugar de como proyecto de ley presentado por éste (que exigiría cumplir con un proceso más laborioso y largo: redacción de un anteproyecto, sometimiento a consulta pública y a audiencia e información pública, elaboración de una memoria de impacto normativo y recabar informes de otros órganos, como el Consejo de Estado o el propio CGPJ);

 

• Se pretende tramitar por el procedimiento de urgencia y aprobarse en apenas un mes, reduciéndose extraordinariamente los plazos parlamentarios habituales y omitiéndose el preceptivo trámite de previa audiencia que debe otorgarse a todos los sectores implicados (CGPJ, Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia-Consejo de Europa), asociaciones judiciales, fiscales, sindicatos de la Administración de Justicia, Comunidades Autónomas…), exigencia establecida por las instituciones europeas interpretando lo dispuesto en el art. 19.1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE) en relación con el respeto a los principios propios del Estado de Derecho, entre los que ocupa un lugar destacado la independencia judicial que, con arreglo al art. 2 TUE, constituyen el fundamento de la Unión, según consta en las Recomendaciones de la Comisión Europea 2017/1520 y 2018/103.

 

 

Más allá de que la designación de los doce miembros del Tribunal Constitucional no cumpla los estándares europeos exigidos en materia de independencia (pues su designación se hace 4 por el Congreso, 4 por el Senado, 2 por el Gobierno y 2 por el CGPJ, cuyos 20 vocales son elegidos formalmente por las Cortes pero, de hecho, lo son por el Gobierno y el principal partido de la oposición), hay que tener en cuenta que, según el propio artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre, que regula el Tribunal Constitucional, éste, “como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales”, pero con el movimiento que hace el Gobierno y su Grupo Parlamentario con la reforma legislativa proyectada, se pretende que dicho órgano y sus miembros carezcan de independencia en su funcionamiento.

 

 

Es claro el objetivo pretendido con ésta y las anteriores reformas objeto de la Petición 353/2021: controlar los nombramientos de altos cargos judiciales por el CGPJ y de los miembros del Tribunal Constitucional y evitar controles a la actuación del Gobierno (o que éstos solo sean aparentes) y, por tanto, que el Ejecutivo tenga mayor margen de actuación y pueda actuar sin apenas límites.

 

En España estamos asistiendo a un intenso ataque al sistema institucional actual con desprecio absoluto a principios básicos como el de separación de poderes, siendo máximos los intentos por influir políticamente en la designación de miembros del Tribunal Constitucional y de vocales del CGPJ o, como se aprobó por Ley Orgánica 4/2021 de 29 de marzo, de limitar las funciones del CGPJ cuando se encuentra con mandato prorrogado impidiendo que se puedan realizar nombramientos de altos cargos judiciales, que parece ser es lo que más interesaba a los que aprobaron dicha reforma pues lo cierto es que, más allá de la designación de los vocales del CGPJ, lo que interesa es poder controlar el nombramiento de dichos cargos discrecionales: magistrados que resuelvan sobre procedimientos contra aforados como altos cargos de gobierno, diputados y senadores, sobre procedimientos contra las administraciones, etc.

 

En el día a día, dicha limitación de funciones que se aprobó por LO 4/2021 de 29 marzo de 2021, lo que está impidiendo es que se estén cubriendo plazas vacantes en el Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, llevando a Salas y Tribunales desbordados y colapsados al no contar con plazas cubiertas y no poder asumir el trabajo existente, lo que lleva a mayor retraso en la resolución de asuntos.

 

 

Lo paradójico es que, a pesar de acometerse estas reformas exprés de la LOPJ para limitar las facultades del CGPJ con mandato prorrogado y para que pueda nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, en cambio, no se procede a la reforma de la LOPJ para modificar el sistema de elección de 12 de los 20 vocales del CGPJ a fin de que estos 12 vocales del turno judicial sean elegidos por los propios jueces y magistrados en activo, sin injerencia ni influencia política alguna, tal y como exigen los estándares europeos sobre independencia judicial fijados por GRECO, Comisión Europea y jurisprudencia del TJUE y TEDH y atendiendo al espíritu del art. 122.3 CE y al criterio fijado por el Tribunal Constitucional en Sentencia 108/1986 de 29 de julio.

 

 

 

Es gravísimo, pues todo ello supone un verdadero asalto a la independencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y a la separación de poderes, pilares básicos de un Estado de Derecho, uno de los valores en que se fundamenta la Unión Europea y que deben cumplir sus Estados miembros, según los artículos 2 y 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE).

 

 

El flagrante incumplimiento por parte de España de la normativa europea en materia de independencia judicial y separación de poderes, que ya expusimos en la petición presentada el pasado 29 de marzo de 2021, resulta aún más evidente ante los últimos pronunciamientos del TJUE en los diferentes procedimientos por infracción contra Polonia (sentencia de 24 de junio de 2019, Comisión/Polonia C-619/18, EU: C: 2019:531, apartado 58; sentencia de 19 de noviembre de 2019, asuntos acumulados C-585/18, C-624/18 y C-625/18; y sentencia de 2 de marzo de 2021, C-824/18) y ante las sentencias del TEDH de 22 de julio 2021(Reczkowicz), 8 de noviembre 2021 (Dolińska-Ficek and Ozimek) y 3 de febrero de 2022 (Advance Pharma), que declaran vulnerado el derecho de distintos ciudadanos polacos a que sus asuntos sean examinados por un tribunal independiente e imparcial (art. 19 del Tratado de la Unión Europea, art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos), al haber sido resueltos por un tribunal -el Tribunal Supremo de Polonia- cuyos miembros habían sido total o parcialmente designados por un consejo de la magistratura cuyos miembros judiciales, a su vez, habían sido elegidos por el Parlamento.

 

Destacándose el contenido de la sentencia del TEDH, Xero Flor, n.º de asunto 4907/18, de fecha 07/05/21. En este caso, la supuesta violación del derecho a un “tribunal establecido por la ley” se refiere a un magistrado del Tribunal Constitucional. Señalándose las  actuaciones del poder legislativo y del ejecutivo que equivalen a una influencia externa ilícita sobre el Tribunal Constitucional; incluyéndose aquellas actuaciones del ejecutivo y legislativo  que incidan en el procedimiento de nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional.  (Apartado 194 .” …aunque es  cierto que, de acuerdo con la Constitución, el Tribunal Constitucional no administra justicia. Sin embargo, la Constitución define al Tribunal Constitucional como una autoridad judicial encargada principalmente de controlar la constitucionalidad de la ley. Sus jueces gozan de independencia en el ejercicio de sus funciones. Según la jurisprudencia reiterada del Tribunal, un “tribunal” se caracteriza, en el sentido sustantivo del término, por su función jurisdiccional, es decir, por la determinación de las cuestiones de su competencia sobre la base de normas jurídicas y tras un procedimiento llevado a cabo de manera prescrita. Además, debe cumplir una serie de requisitos adicionales, como “la independencia, en particular del ejecutivo. El Tribunal no tiene ninguna duda de que el Tribunal Constitucional debe ser considerado como un “tribunal” en el sentido autónomo del artículo 6 “).

 

En el mismo sentido las Recomendaciones de la Comisión Europea sobre Estado de Derecho (UE) 2017/1520, para el necesario mantenimiento de una revisión constitucional independiente y legítima, expresando: “las injerencias del ejecutivo en el procedimiento normal para la designación de  jueces del Tribunal Constitucional, afectan a la legitimidad e independencia del mismo y, en consecuencia, a la existencia de un control eficaz de constitucionalidad de las normas internas”.

 

 

Los hechos denunciados constituyen un gravísimo ataque contra la independencia judicial y la separación de poderes en España, ponen en peligro el régimen de libertades de nuestro país y menoscaban la confianza que, en un Estado de Derecho, la Administración de Justicia debe inspirar en los justiciables. Procede fortalecer dicha confianza para, a su vez, robustecer al propio Estado. Así, la reforma legislativa que ahora se pretende acometer es contraria a las exigencias de la Comisión Europea en materia de independencia judicial, y así se indica, tanto en sus dos últimos informes sobre Estado de Derecho, como en las reiteradas manifestaciones de la  vicepresidenta de la Comisión, Sra. Vera Jourova, y  del comisario de justicia, Sr. Didier Reynders. Estas reformas podrían ya ocasionar una disfunción sistémica del  Estado de Derecho en España, comprometiendo la legitimidad de los Tribunales  así designados, nos encontraríamos ante nombramientos muy politizados, con clara  vulneración de la apariencia de imparcialidad.

 

 

Es por todo ello que reiteramos la adopción de las siguientes medidas:

 

• Que se efectúe por la Comisión Europea una investigación preliminar sobre lo expuesto e informe si la nueva reforma legislativa proyectada para permitir el nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional por el CGPj en funciones, para que a su vez pueda hacerlo el Gobierno, respeta o infringe, en cuanto a su contenido y/o su tramitación, la normativa europea (en particular los arts. 2 y 19 TUE), la jurisprudencia del TJUE y las recomendaciones de la Comisión Europea y del GRECO;

 

• Que se remita la petición a otras comisiones del Parlamento (como la de Asuntos Jurídicos y la de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior) para su información y para que inicien otras actuaciones en el marco de sus actividades legislativas;

 

• Que se inste al Parlamento Europeo a que solicite informe a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia-Consejo de Europa sobre la reforma legislativa objeto de la presente ampliación a la petición 353/2021;

 

• Que se pida informe al Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) sobre dicha reforma legislativa;

 

• Que se aperciba a las Cámaras legislativas españolas a que, previamente a la aprobación de cualesquiera reformas que afecten al CGPJ y/o al sistema judicial, su planta, funcionamiento o al procedimiento, den audiencia al CGPJ español y a todos los agentes afectados por la respectiva reforma (asociaciones de jueces y fiscales y demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la Justicia);
• Que se adopten todas las medidas que considere adecuadas para tratar de resolver la situación expuesta en la presente petición, acordando la celebración de audiencias, visitas de información, informes, preguntas a la Comisión o al Consejo y/o debates en Pleno que se consideren oportunos.

 

• Que se inicie procedimiento de infracción contra el Reino de España por vulneración de la normativa comunitaria. ( Art. 258-260 TFUE).

 

Subsidiariamente, que con carácter previo a la apertura de procedimiento de infracción o de forma paralela, se aperture procedimiento previsto en el art. 7 TUE, como mecanismos de  alertas, para constatar la vulneración y los riesgos existentes.

 

 

Confiamos en que desde dichas instancias europeas se actúe como garante de la separación de poderes e independencia judicial en España.

 

En Bruselas, a 25 de junio de 2022.

 

 

Jesús Villegas Fernández

Secretario General Plataforma Cívica por la Independencia Judicial

 

VERSIÓN EN INGLÉS

COMPLEMENT PETITION 353/2021

Abstract:

                The new legislative reform registered in the Spanish Congress of Deputies, which intends to empower the General Council of the Judiciary to appoint two magistrates of the Constitutional Court, constitutes an attack on the separation of powers, by seeking government control of the highest interpreter of the Constitution as well as the appointment of senior judicial positions. It is part of a broader campaign of subjugation of Justice to politics with absolute disregard for the basic principles of the Rule of Law and the rules of European transnational institutions. Consequently, the Platform urges the Committee on Petitions of the European Parliament to urgently adopt as many measures as it deems appropriate, including going to the European Commission, other committees of the European Parliament, GRECO (Group of States Against Corruption of the Council of Europe), the Venice Commission or the Spanish legislative chambers.

Full text:

The Civic Platform for Judicial Independence is a cross-cutting and non-professional association, plural and absolutely independent of public authorities and political, trade union, business or any other kind of organizations. We are an association formed 10 years ago by legal scholars and other professionals from civil society with the aim of defending the rule of law and the independence of the judiciary, in accordance with European and international standards.

More information at: https://plataformaindependenciajudicial.es/fines/

As a complement and update of the Petition presented on March 29, 2021 before the Committee on Petitions of the European Parliament and defended at the meeting of July 15, 2021, after the submission of a document updating said Petition, we submit this document regarding the new legislative reform affecting the General Council of the Judiciary urged by the Government of Spain, through the parliamentary group that mainly supports it (Socialist Parliamentary Group) https://www.psoe. es/congreso/noticias-congreso/el-grupo-socialista-registra-una-proposicion-de-ley-para-desbloquear-la-renovacion-del-tribunal-constitucional/ , whose sole purpose is to allow the acting CGPJ, whose appointment powers have been abolished by the reform of the Organic Law 6/1985, of July 1, 1985, of the Judiciary operated by Organic Law 4/2021 of March 29 (which was the main object of our petition 353/2021), The Government itself, in turn, can appoint two judges to the Constitutional Court so that the Government itself can appoint the two judges of said body that correspond to it, since said body, which is composed of twelve members, must be renewed by one third every three years (the appointment of its members being for a duration of nine years) and, if the impossibility of appointing said positions by the CGPJ is maintained, the Government could not appoint its own either.

We are faced with an ad hoc legislative reform that is the exclusive result of a political interest of the Government, so that there will be a similar majority in the Constitutional Court for several years (at least, until the next renewal in three years) that can fully validate the constitutionality of the rules approved by the Government and validated by the Cortes Generales (Spanish Parliament) in which the Executive has a majority or approved directly by them thanks to the majority obtained by the Government (among them, LO 4/2021 of March 29, the initial object of our Petition 353/2021, with the appeals of unconstitutionality filed against it in April and May 2021 pending resolution).

As happened with the reform of the LOPJ operated by LO 4/2021, this new reform:

It is being processed as a bill by the parliamentary group that supports the Government instead of as a bill presented by the Government (which would require complying with a more laborious and lengthy process: drafting a preliminary draft, submission to public consultation and public hearing and information, preparation of a regulatory impact report and obtaining reports from other bodies, such as the Council of State or the CGPJ itself);

It is intended to be processed by the emergency procedure and approved in barely one month, extraordinarily reducing the usual parliamentary deadlines and omitting the mandatory prior hearing that must be granted to all sectors involved (CGPJ, European Commission for Democracy through Law (Venice Commission-Council of Europe), judicial associations, prosecutors, trade unions of the Administration of Justice, Autonomous Communities…), a requirement established by the European institutions interpreting the provisions of art. 19.1, second paragraph, of the Treaty on European Union (TEU) in relation to the respect for the principles of the Rule of Law, among which judicial independence occupies a prominent place, which, according to Art. 2 TEU, constitute the foundation of the Union, as stated in the Recommendations of the European Commission 2017/1520 and 2018/103.

Beyond the fact that the appointment of the twelve members of the Constitutional Court does not meet the European standards required in terms of independence (since their appointment is made 4 by the Congress, 4 by the Senate, 2 by the Government and 2 by the CGPJ, whose 20 members are formally elected by the Cortes but, in fact, are elected by the Government and the main opposition party), it must be taken into account that, according to Article 1 of Organic Law 2/1979 of October 3, 1979, which regulates the Constitutional Court, the latter, “as supreme interpreter of the Constitution, is independent of the other constitutional bodies”, but with the move made by the Government and its Parliamentary Group with the projected legislative reform, it is intended that this body and its members lack independence in its operation.

The objective of this and the previous reforms, which are the object of Petition 353/2021, is clear: to control the appointments of high judicial positions by the CGPJ and of the members of the Constitutional Court and to avoid controls on the actions of the Government (or that these are only apparent) and, therefore, that the Executive has a greater margin of action and can act with hardly any limits.

In Spain we are witnessing an intense attack on the current institutional system with absolute disregard for basic principles such as the separation of powers, with maximum attempts to politically influence the appointment of members of the Constitutional Court and members of the CGPJ or, as approved by Organic Law 4/2021 of March 29, to limit the functions of the CGPJ when its mandate is extended, preventing the appointment of senior judicial positions, which seems to be what most interested those who approved this reform, since the truth is that, beyond the appointment of members of the CGPJ, what is of interest is to be able to control the appointment of these discretionary positions: magistrates who rule on proceedings against persons with aforesaid status, such as high-ranking government officials, deputies and senators, on proceedings against administrations, etc.

On a day-to-day basis, this limitation of functions, which was approved by LO 4/2021 of March 29, 2021, is preventing the filling of vacancies in the Supreme Court, High Courts of Justice and Provincial Courts, leading to overflowing and collapsed Chambers and Courts as they do not have vacancies covered and are unable to assume the existing work, which leads to further delay in the resolution of cases.

The paradoxical thing is that, in spite of undertaking these express reforms of the LOPJ to limit the powers of the CGPJ with extended mandate and so that it can appoint two magistrates to the Constitutional Court, on the other hand, there is no reform of the LOPJ to modify the system of election of 12 of the 20 members of the CGPJ so that these 12 members of the judicial shift are elected by the judges and magistrates themselves in active service, without any interference or political influence, as required by the European standards on judicial independence set by GRECO, the European Commission and the jurisprudence of the CJEU and the ECtHR, and in accordance with the spirit of art. 122.3 CE and the criteria established by the Constitutional Court in Judgment 108/1986 of July 29th.

It is extremely serious, as all this represents a real assault on the independence of the Judiciary and the Constitutional Court and the separation of powers, basic pillars of the Rule of Law, one of the values on which the European Union is based and which its Member States must comply with, according to articles 2 and 7 of the Treaty on European Union (TEU).

Spain’s flagrant failure to comply with European regulations on judicial independence and separation of powers, which we already exposed in the petition filed last March 29, 2021, is even more evident in view of the latest rulings of the CJEU in the various infringement proceedings against Poland (judgment of June 24, 2019, Commission v. Poland C-619/18, EU: C: 2019: 531, paragraph 58; judgment of 19 November 2019, joined cases C-585/18, C-624/18 and C-625/18; and judgment of 2 March 2021, C-824/18) and before the judgments of the ECtHR of 22 July 2021(Reczkowicz), 8 November 2021 (Dolińska-Ficek and Ozimek) and 3 February 2022 (Advance Pharma), which declare infringed the right of various Polish citizens to have their cases examined by an independent and impartial court (art. 19 of the Treaty on European Union, art. 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and art. 6 of the European Convention on Human Rights), as they had been decided by a court – the Supreme Court of Poland – whose members had been fully or partially appointed by a council of the judiciary whose judicial members, in turn, had been elected by the Parliament.

Highlighting the content of the ECHR judgment, Xero Flor, case no. 4907/18, dated 07/05/21. In this case, the alleged violation of the right to a “court established by law” refers to a judge of the Constitutional Court. Pointing out the actions of the legislative and executive branches that amount to an unlawful external influence on the Constitutional Court; including those actions of the executive and legislative branches that have an impact on the appointment procedure of the judges of the Constitutional Court. (Paragraph 194 .” …although it is true that, according to the Constitution, the Constitutional Court does not administer justice. However, the Constitution defines the Constitutional Court as a judicial authority charged primarily with controlling the constitutionality of the law. Its judges enjoy independence in the exercise of their functions. According to the settled case law of the Court, a “court” is characterized, in the substantive sense of the term, by its jurisdictional function, i.e. by the determination of the issues within its competence on the basis of legal rules and following a procedure conducted in a prescribed manner. Moreover, it must meet a number of additional requirements, such as “independence, in particular from the executive. The Court has no doubt that the Constitutional Court must be regarded as a “court” in the autonomous sense of Article 6 “).

In the same sense the Recommendations of the European Commission on the Rule of Law (EU) 2017/1520, for the necessary maintenance of an independent and legitimate constitutional review, expressing: “the interferences of the executive in the normal procedure for the appointment of judges of the Constitutional Court, affect the legitimacy and independence of the same and, consequently, the existence of an effective control of constitutionality of internal rules”.

The facts denounced constitute a very serious attack against judicial independence and the separation of powers in Spain, endanger the system of liberties in our country and undermine the confidence that, in a State of Law, the Administration of Justice must inspire in the citizens. This confidence must be strengthened in order to, in turn, strengthen the State itself. Thus, the legislative reform that is now to be undertaken is contrary to the requirements of the European Commission on judicial independence, as stated both in its last two reports on the Rule of Law and in the repeated statements of the Vice-President of the Commission, Mrs. Vera Jourova, and of the Commissioner for Justice, Mr. Didier Reynders. These reforms could already cause a systemic dysfunction of the Rule of Law in Spain, compromising the legitimacy of the Courts thus appointed, we would be faced with highly politicized appointments, with a clear violation of the appearance of impartiality.

It is for all these reasons that we reiterate the adoption of the following measures:

• That the petition be referred to other committees of the Parliament (such as the Legal Affairs Committee and the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee) for information and to initiate further action within the framework of their legislative activities;
• That the European Parliament be urged to request a report from the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission-Council of Europe on the legislative reform that is the subject of this extension to petition 353/2021;
• That a report be requested from the Group of States against Corruption of the Council of Europe (GRECO) on the said legislative reform;
• That the Spanish legislative Chambers be warned that, prior to the approval of any reforms affecting the CGPJ and/or the judicial system, its plant, functioning or procedure, they should give a hearing to the Spanish CGPJ and to all the agents affected by the respective reform (associations of judges and prosecutors and other representative entities and public institutions in the field of Justice);
• That all measures it deems appropriate be adopted to try to resolve the situation set forth in this petition, agreeing to hold hearings, information visits, reports, questions to the Commission or the Council and/or plenary debates as deemed appropriate.

That infringement proceedings be initiated against the Kingdom of Spain for infringement of Community legislation (Art. 258-260 TFEU).

Subsidiarily, that prior to the opening of infringement proceedings or in parallel, the procedure provided for in Art. 7 TEU be opened, as warning mechanisms, to verify the violation and the existing risks.

We trust that these European bodies will act as guarantors of the separation of powers and judicial independence in Spain.

In Brussels, on June 25, 2022.

Jesús Villegas Fernández

General Secretary of the Civic Platform for Judicial Independence