Resumen del Comunicado:
España vuelve a desoír las advertencias sobre el Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa que, una vez más, insiste en que el gobierno del Poder Judicial español no debe estar en manos de la política, al tiempo que exige mayor transparencia en los nombramientos de altos cargos judiciales y un Ministerio Público en que los señores fiscales no estén sometidos a órdenes. Carece de sentido, pues, empecinarse en tildar de corporativistas a los que simplemente piden que se cumplan los principios marcados por las altas instancias europeas.
Texto íntegro del Comunicado:
Los responsables políticos españoles vuelven a hacer oídos sordos a las indicaciones del Consejo de Europa para combatir la corrupción en materia de Justicia. Así, el Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO) ha publicado el cinco de diciembre de este año 2022 el informe sobre el grado de cumplimiento de nuestro país a sus últimas recomendaciones, algunas de cuyas consideraciones, ciertamente preocupantes, resumimos a continuación:
- Lamenta que los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no sean elegidos por los propios jueces (Punto 16, recomendación V).
- Ninguna autoridad política, ya sea el Poder Ejecutivo o el Parlamento debe participar en el proceso de designación de los vocales judiciales del CGPJ (Punto 18, recomendación V).
- Reclama transparencia en el nombramiento de las presidencias del Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales.
- Advierte que los fiscales no deben estar sometidos a órdenes en el desempeño de sus cometidos (Punto 27, recomendación IX).
Llama la atención que, ante palabras tan claras e inequívocas, gran parte de nuestra clase política siga aferrada a la manida excusa de tildar de corporativistas a los que exigen que la composición del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial se ajuste a los principios que marcan las instancias supranacionales. Máxime cuando ya no es solo el Consejo de Europa, sino que la propia Unión Europea, a través de la jurisprudencia del TJUE, ha revestido de normatividad a los principios programáticos que proclama el GRECO (hard law adversus soft law). Por eso corremos el riesgo sistémico de desplome del sistema del que, a la vista de la contundencia de los avisos que se vienen sucediendo desde hace años, serán única y exclusivamente culpables aquellos que se aferran en mantener un estado de cosas ya abiertamente antijurídico.