CARTA AL COMISARIO EUROPEO DE JUSTICIA: Sr. Didier Reynders

Ante el riesgo de renovación del CGPJ sin reformar previamente la LOPJ para adaptarla a las exigencias europeas, la Plataforma solicita una reunión urgente con el Comisario de Justicia, cuyo texto íntegro se reproduce a contiuación.

CARTA AL SEÑOR D. DIDIER REYNDERS

Estimado señor Reynders

Por la presente, y en representación de la asociación “Plataforma Cívica por la Independencia Judicial” (PCIJ), le solicito una entrevista personal en demanda de una intervención inmediata de las autoridades de la Unión Europea.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano rector de la judicatura española, viene ejerciendo de manera interina sus funciones desde hace más de dos años y medio, al haber expirado su mandato en diciembre de 2018. Dicha anomalía responde a la incapacidad de los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo acerca de los candidatos que han de integrarlo. En abierta contravención con los principios del Consejo de Europa y la Unión Europea, los miembros del Consejo son designados enteramente por las Cámaras Parlamentarias, sin permitir a los jueces españoles que elijan democráticamente ni siquiera a una mínima fracción de sus componentes cuando, con arreglo a los citados criterios supranacionales, debieran escoger al menos la mitad de las vocalías.

El Reino de España y la República de Polonia son los dos únicos Estados de la Unión donde la composición del Consejo de la Magistratura depende completamente del poder político. Así, los partidos políticos, tras negociaciones reservadas conocidas como “intercambio de cromos”, pactan los nombres de los futuros vocales antes incluso de que sean sometidos a debate parlamentario, el cual queda reducido a una mera tarea ritual de sumisa ratificación de las componendas previamente urdidas por camarillas políticas. Esta cronificación de vicios ha conducido a la pérdida de la confianza en el funcionamiento democrático del sistema, hasta el punto de aparecer como una mera “farsa electoral”. Los aspirantes son seleccionados en función de su adscripción ideológica y afinidad a variopintos grupos de intereses, lo que favorece la formación de una oligarquía de jueces deseosos de aproximarse a la política para fomentar su promoción personal (cursus honorum). Son los llamados “políticos togados” que, pese al rechazo que suscitan entre la inmensa mayoría de sus compañeros, a quienes repugna el mercadeo de cargos, constituyen el modelo para aquellos que aspiren a mejorar su situación profesional. La gran mayoría de los nombramientos recaen sobre magistrados afiliados a alguna asociación judicial sin importar que casi la mitad de la judicatura española no pertenezca a ninguna de ellas. De este modo el carné asociativo equivale a menudo una etiqueta ideológica que guía a los negociadores políticos en el delicado montaje de los equilibrios de poder. La consecuencia es la contaminación de la arquitectura judicial española desde la cúpula, dado que el CGPJ es el encargado de proveer las más altas instituciones judiciales del país, tales como la Corte Suprema o las presidencias de los tribunales regionales.

Visto este trasfondo, no es de extrañar que algunas asociaciones judiciales y partidos políticos, junto con otros grupos de intereses, presionen para que se renueve cuanto antes del CGPJ; eso sí, sin acometer la previa reforma legislativa que exige Europa. O sea, una reforma que restablezca una armonía de poderes inmune tanto al corporativismo judicial como a la politización, pues el órgano del gobierno del Poder Judicial debería entonces su estructura interna a la participación conjunta de los Poderes Legislativo y Judicial, no sólo de uno de ellos. De este modo se aseguraría una “doble legitimación”, ahora inexistente a causa del monopolio parlamentario actual. Monopolio que, tal como hemos explicado, ni siquiera recae realmente sobre las cámaras legislativas, ya que estas se hallan controladas por el Gobierno y el estamento político, titulares del poder real frente a la farsa oficial.

Por otro lado, incluso atendiendo exclusivamente a la normativa interna española, la renovación del CGPJ en los términos en los que está planteada sería ilegal, dado que el proceso ya ha caducado. Recordemos que los trámites dieron inicio en 2018 por lo que, debido a la paralización actual, ya han expirado los plazos legales que entonces empezaron a correr. Más aun, se priva de participar a las promociones de nuevos jueces incorporados desde entonces a la carrera. Y es que la normativa en vigor estipula que cada uno de los candidatos sea avalado antes de la votación parlamentaria por un mínimo de veinticinco de sus pares, los cuales corresponden a una demografía judicial ya desfasada.

El panorama español no es menos grave que el polaco, por lo que una eventual intervención europea genera gran inquietud entre ciertos grupos de intereses. Algunas asociaciones judiciales gozan desde hace años una cuota en el reparto de cargos superior a la que le correspondería según su proporción de afiliados, por lo que la democratización del sistema recortaría su peso institucional al de su verdadera representatividad numérica. Lo mismo sucede con algunos partidos políticos que se mueven con habilidad entre los intersticios del sistema para colocar a sus propios candidatos merced a maniobras que, en otro escenario, con un modelo transparente, se dificultarían sobremanera. Con análogas dificultades se toparía un Gobierno de la Nación privado de la capacidad de controlar el Legislativo valiéndose de prácticas atentatorias contra la separación de poderes. Los colectivos interesados en la politización trabajan contra reloj para asegurar un GGPJ afín que blindaría su posición al menos durante los cuatro años siguientes, término ordinario del mandato del Consejo español.

La PCIJ, al no ser una asociación judicial sino una organización ciudadana de carácter transversal que comprende entre sus filas, no sólo a jueces, sino a también abogados, profesores universitarios, así como otros juristas y ciudadanos en general de la sociedad civil, cuenta por consiguiente con la ventaja de estar desvinculada de intereses corporativos que llevan a otros a escamotear datos significativos en la descripción del problema. A tal efecto, hemos elaborado una serie de informes jurídicos sobre los temas expuestos y que se relacionan al final del texto.

Por eso, señor comisario, le rogamos que nos reciba, a fin de trasladarle con mayor detalle en una reunión el estado real de cosas en España. Y es que en estos cruciales momentos las autoridades europeas constituyen la última garantía para la preservación de un Estado de Derecho en peligro por culpa de una corrupción jurídica enquistada en núcleo duro de nuestras instituciones. Justo es decir que no sólo los jueces y el resto del pueblo español miran con esperanza a Europa, sino también muchos políticos honrados atrapados en un sistema anquilosado que necesita de un estímulo exterior para regenerase. La situación debe contenerse con premura, por lo que quedamos pendientes de sus noticias.

Jesús Manuel Villegas Fernández

Secretario General de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.

Anexo documental:

Página de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.

https://plataformaindependenciajudicial.es/

Informe sobre la elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial.

https://plataformaindependenciajudicial.es/2017/12/23/informe-sobre-la-eleccion-de-los-vocales-judiciales-del-consejo-general-del-poder-judicial/

Informe sobre la caducidad de proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial.

https://plataformaindependenciajudicial.es/2020/12/01/comunicado-sobre-la-nulidad-de-la-renovacion-del-consejo-general-del-poder-judicial/

Comparación jurídica entre la situación del Reino de España y la República de Polonia.

https://plataformaindependenciajudicial.es/2021/07/19/tjue-polonia-y-espana-comunicado/

Libro Blanco sobre la politización de la Justicia Española

https://www.dykinson.com/libros/libro-blanco-para-la-despolitizacion-de-la-justicia-espanola/9788413241708/

 

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