La transparencia de la Ministra de Justicia

Ante las declaraciones de la Ministra de Justicia conocidas en el día de hoy 15 de octubre de 2018 acerca de que el sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solo necesita transparencia, entendiendo por tal que los candidatos se sometan al escrutinio ciudadano de su proyecto y de sus méritos a través de interpelaciones en la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial quiere manifestar lo siguiente:

Las atribuciones del CGPJ se recogen en el art. 560 de la LOPJ.

Estas atribuciones son esencialmente las de decidir sobre las diversas vicisitudes de la carrera profesional de los jueces, como es el nombramiento de los altos cargos judiciales, concursos de traslado y otras formas de provisión de destinos, ascensos y situaciones administrativas como excedencias y servicios especiales; tomar decisiones sobre carga de trabajo a efectos de salud laboral y prevención de riesgos laborales de los jueces; dirigir la inspección de juzgados y tribunales y el régimen disciplinario de los jueces; o gestionar la formación continua de los jueces y la Escuela Judicial, entre otras materias de semejante naturaleza.

Puesto que las funciones del CGPJ son de índole administrativa e interna del gobierno del Poder Judicial, los propios jueces que integran la carrera judicial son los mejor situados para ponderar el grado de conocimiento de los candidatos sobre tales cuestiones gubernativas y su capacidad para gestionarlas, y a ellos se les debería consultar antes que a cualquier otro colectivo social.

Por eso, si la voluntad del Gobierno de introducir un mayor grado de transparencia es real, y no se quiere incurrir una vez más en una farsa institucional, la elección de los doce vocales judiciales del CGPJ debería hacerse por los propios jueces con arreglo a la máxima de un juez un voto, lo que necesariamente requiere una reforma de la LOPJ sobre el sistema de nombramiento de los vocales, tal como exige el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa a España en su informe de 3 de enero de 2018, una reforma que aún puede acometerse antes de la siguiente renovación del CGPJ.

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