PRO JUSTITIA LIBERTAS
Tras los recientes acontecimientos surgidos la pasada semana en torno a la denominada Operación Lezo, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, MANIFIESTA: -Que según informan los medios de comunicación en relación a la Operación Lezo, que se instruye en la Audiencia Nacional, una “ magistrada amiga de la casa “ pudiera haber filtrado datosLeer más sobre Comunicado de la Plataforma sobre el Caso Lezo[…]
Ante las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre la denominada “operación Lezo”, relativas a las instrucciones dadas por el Fiscal Anticorrupción Sr. Moix a los fiscales del caso, en orden a que se opusieran a la práctica de los registros que afectaban a determinados políticos, la Plataforma realiza las siguientes consideraciones :
José Manuel Maza, actual Fiscal General del Estado, ha concedido su primera entrevista desde que ocupó el cargo a la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Hemos hablado con él de las actuaciones del Ministerio Fiscal, el modelo de instrucción del proceso penal o la politización del Consejo General del Poder Judicial, entre otras cuestiones.
La Plataforma ha presentado denuncia ante el relator especial de las Naciones Unidas, señor García Sayán, para poner en su conocimiento la situación de indefensión que en se encuentran los magistrados españoles ante procedimientos sin garantías como los seguidos contra el magistrado Manuel Ruiz de Lara.
Aquí está el texto íntegro:
DENUNCIA AL RELATOR ESPECIAL PARA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL DE LAS NACIONES UNIDAS.
Estimado Sr. Relator:
Por la presente ponemos en su conocimiento que un magistrado español está siendo sometido a un procedimiento disciplinario sin las suficientes garantías de defensa, cuyos trámites han sido acordados por el órgano de gobierno de la judicatura española (Consejo General del Poder Judicial –CGPJ) y ejecutado por el denominado “Promotor de la Acción Disciplinaria”, órgano encargado de ejecutar materialmente las actuaciones. Leer más Acerca deCuarta denuncia a la ONU: investigación inquisitorial del CGPJ …
Ante las declaraciones de Carlos Lesmes, Presidente del CGPJ, efectuadas durante su comparecencia en la comisión de Justicia del Congreso el día 15 de marzo de este año 2017, la Plataforma manifiesta que:
La conducta del señor Lesmes frente los representantes de la soberanía nacional resulta muy preocupante, ya que eludió pronunciarse sobre cuestiones de gran interés para la ciudadanía.
En concreto, el señor Lesmes nada dijo sobre la investigación que el Consejo General del Poder Judicial lleva en la actualidad contra el magistrado Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la Plataforma. Diputados de los grupos “Esquerra Republicana de Catalunya”, “Podemos” y “Ciudadanos” lo interpelaron expresamente sobre dichas diligencias sin que, no obstante, ofreciese contestación alguna. Leer más Acerca deComparecencia de Lesmes ante el Congreso: comunicado de la Plataforma …
NOTA DE PRENSA PLATAFORMA CÍVICA INDEPENDENCIA JUDICIAL
Ante el comunicado remitido por el Presidente del CGPJ y por el Promotor de la Acción Disciplinaria sobre las diligencias abiertas a Manuel Ruiz de Lara, la Plataforma informa:
1 Las manifestaciones del Consejo obedecen a una interpretación sesgada de los hechos que no se ajusta a la realidad.
2 Es el propio comunicado el que reconoce que Ruiz De Lara, fue un objeto de un informe en el año 2015 sin cobertura procedimental alguna.
3 Las diligencias informativas (que carecen de plazo de caducidad) se han usado en fraude de ley para eludir la incorporación de un expediente disciplinario (que sí lo tiene).
4 La Plataforma se reserva el ejercicio de acciones en el tiempo y lugar oportunos. A continuación se expone un desarrollo detallado de los acontecimientos donde se evidencia objetivamente la manipulación informativa del Consejo, propia de su origen político. Leer más Acerca deLa Plataforma ante la manipulación informativa del CGPJ …
A continuación se reproduce un artículo remitido a la Plataforma relativo a las irregularidades en el proceso selectivo de un importante cuerpo de funcionarios del Estado: Aprobar y quedarse sin plaza: una realidad oculta en las Oposiciones a Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia Es público y notorio lo duraLeer más sobre Aprobados sin plaza[…]
http://www.publico.es/politica/cgpj-investigo-secreto-portavoz-plataforma.html
Vista general de una reunión del pleno del Consejo General del Poder Judicial. EFE/Zipi
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investigó en secreto durante más de un año al magistrado Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y uno de los jueces que ha planteado varias cuestiones sobre cláusulas abusivas bancarias ante la justicia europea, según ha podido saber Público
Las diligencias informativas secretas arrancan el 22 de mayo de 2015, que es la fecha del primer informe sobre el juez que consta en la investigación abierta a Ruiz de Lara. Sin embargo, hasta el 2 de agosto de 2016 no fueron comunicadas al afectado por el Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Fonseca-Herrero, del CGPJ, encargado de investigar y sancionar a los jueces.
La investigación secreta se ha centrado en la Plataforma de la que Ruiz de Lara es portavoz, así como en un torneo de debates entre jóvenes universitarios que este juez ha patrocinado en parte con dinero de su bolsillo y de manera “altruista”, según fuentes de dicha asociación.
Leer más Acerca deInvestigación secreta contra portavoz de la Plataforma …
Artículo de Jesús Villegas sobre la intervención del Fiscal General del Estado en el caso “Púnica”
http://www.economiadigital.es/es/notices/2017/02/-yo-me-pongo-del-lado-de-los-jefes-89131.php
22/02/2017 05:00 horas
Grande ha sido el revuelo que se ha levantado ante las palabras del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre el llamado “caso Púnica”, instrucción judicial dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Se trata de un procedimiento judicial donde se acaba de citar en calidad de investigado a Pedro Antonio Sánchez, presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia.
¿Cuáles han sido las razones de la polémica?
Según los medios, la Fiscalía general del Estado ordenó a las dos fiscales encargadas de la investigación que se abstuvieran de intervenir. Dicho mandado, remitido por escrito, fue acatado. Posteriormente, según parece, les hizo llegar otra orden, esta vez oral, a fin de que opusiesen a la tramitación de la causa. Entonces ambas se negaron a cumplirla. He aquí el casus belli que ha salpicado al Ministro pues, cuando este se enteró de lo sucedido, se habría puesto de parte de la superioridad, pronunciando unas palabras que ya se han hecho célebres: “yo me pongo de parte de los jefes”.
Ahora bien, tal como establece la Constitución en su artículo 124, el Ministerio Fiscal se conforma según el principio de “dependencia jerárquica”. Por tanto, de entrada, los subordinados deben obedecer a sus jefes.
¿O no?
La obediencia tiene un límite: la Ley. Ante una orden antijurídica, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) proporciona un escudo defensivo. Ese el artículo 27, que reza: “1. El Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola” (…)
Ahora bien, semejante precepto es poco más que un brindis al sol. Su uso es excepcional. Y es que dicha norma no opera en el vacío, sino en el seno de un sistema cerrado y jerárquico como es la Fiscalía. Tal como la psicología social ha puesto de manifiesto gracias a los estudios de autores como Iñaki Piñuel, dichas estructuras corren el riesgo de degenerar en las llamadas “organizaciones tóxicas”, esto es, ámbitos donde los mecanismos formales de decisión son substituidos por usos opacos, arbitrarios, campo abonado para practicas viciosas, como el “acoso moral” (o mobbing).
No perdamos de vista que son los fiscales jefes quienes deciden acerca de la organización del servicio, la distribución de los asuntos, los permisos y licencias de sus subordinados -artículo 22.dos.a) del EOMF-. El funcionario disidente se expone a pasar un calvario pues se abre un mundo de represalias que, bajo la apariencia de legalidad, escondan hostigamiento psíquico.
Algo tan sencillo como destinarlo a un juzgado atascado, asignarle un periodo vacacional incómodo o sobresaturarlo con una carga laboral inasumible. Aislado y perseguido, es muy difícil sobrevivir en un entorno tan hostil. Son muy pocos los que se rebelan.
Un ejemplo ya clásico fue el fiscal Ignacio Gordillo, encargado de la investigación del terrorismo de estado (asunto “Lasa y Zabala”) que, junto con otros intrépidos rebeldes, fueron apodados como los “indomables”. Más recientemente, Juan Antonio Frago, al que le costó su resistencia, nada más y nada menos que la expulsión de la carrera fiscal, hasta que los tribunales reconocieron la injusticia de la sanción y no les quedó más remedio a sus superiores que readmitirlo.
Un detalle importante es que, según las noticias disponibles, la orden desobedecida no se plasmó por escrito, circunstancia esta que habría proporcionado la escapatoria para apartarse del mandato sin incurrir en desobediencia formal. Lo preocupante es que semejante proceder evidencia corruptelas propias de estructuras enfermas, afectadas del vicio de la toxicidad organizativa.
No es de extrañar que la clase política se empecine en atribuir la investigación criminal al Ministerio Público, ya que es más fácil presionar a un fiscal que a un juez, protegido este último por su independencia y a salvo de que ningún jefe lo haga objeto de acoso moral.
¿Cuál sería la solución?
Una revisión a fondo del EOMF, democratizándolo, imbuyéndolo de transparencia. En cierto modo, “desmilitarizándolo”. Aunque la dependencia jerárquica sea necesaria, es necesario instituir cautelas para evitar abusos. Proponemos, al menos, dos:
En primer lugar, sometiendo las decisiones de contenido laboral, que ahora se deciden autocráticamente por los jefes, al dictamen vinculante de las Juntas de Fiscalía, esto es, a la reunión de todos los fiscales que sirvan su destino en un determinado ámbito jurisdiccional. O sea, que reemplazar una monarquía absoluta por otra constitucional. En definitiva, democratización.
En segundo lugar, importando un precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativo a los secretarios judiciales, el 465.8 que, aunque permite a los superiores dictar instrucciones generales, prohíbe impartirles órdenes en un caso concreto.
No es necesario ser adivino para percatarse de que el Ministerio de Justicia jamás aceptará de buen grado tales propuestas. Pues, de contrario, ¿para qué les servirían los fiscales? Res ipsa loquitur.
Jesús Manuel Villegas Fernández es Magistrado de Instrucción.
: ¿Cómo interfiere el presidente Trump en los nombramientos judiciales estadounidenses?; ¿es admisible el testimonio de un vidente, médium o adivino en juicio?; ¿qué pasa con la especialización de los juzgados en las cláusulas suelo? Estas y otras cuestiones se abordan en el número de febrero de 2017 de la revista Tempus.