EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

La PLATAFORMA CÍVICA PARA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL se dirige respetuosamente a ese CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL y

EXPONE

Que en fechas muy recientes se están conociendo manifestaciones realizadas por diferentes actores políticos que atentan gravemente contra la independencia judicial. Esto incluye, entre otras, manifestaciones del Ministro de Justicia indicando cómo deben tramitarse determinadas causas judiciales, expresión en sede parlamentaria de la existencia de una persecución por parte del poder judicial a una o varias opciones políticas e incluso manifestaciones del Presidente del Gobierno que sugieren la connivencia de los jueces con un determinado partido político.

Bajo el uso de eufemismos como el de lawfare y otros, se está imputando, en definitiva, una prevaricación continuada y generalizada en el seno del Poder Judicial, motivada por razones de tipo político.

La normalización de este tipo de declaraciones y la ausencia de una reacción firme por parte de las instituciones que tienen encomendada la garantía de la independencia del Poder Judicial es un peligroso camino que contribuye al deterioro de la democracia y del estado de derecho.

La STEDH de 6 de octubre de 2011 (AGROKOMPLEKS v. UKRAINE) declaró que son condenables los intentos de las autoridades no judiciales de intervenir en procedimientos judiciales, considerándolos incompatibles con la noción de un tribunal independiente e imparcial del Artículo 6 de la Convención. A estos efectos, dijo el Tribunal, no tiene relevancia si las intervenciones realmente afectaron el curso del procedimiento: el simple hecho de que procedan de los poderes ejecutivo y legislativo del Estado, revela en sí mismo una falta de respeto por el órgano judicial y justifican los temores de los afectados en las causas respecto de la independencia e imparcialidad de los tribunales. El Tribunal resalta, a este respecto, que el alcance de la obligación que tiene el Estado de garantizar que un juicio se realice ante un «tribunal independiente e imparcial» no se limita al orden judicial, sino que también impone al ejecutivo, al legislador y al resto de autoridades del Estado de todos los niveles el respeto de las resoluciones de los tribunales y su aplicación, aunque no las suscriban. El respeto por parte del Estado de la autoridad de los tribunales es un prerrequisito indispensable para lograr que la ciudadanía confíe en la justicia y, más ampliamente, en el Estado de derecho. No basta con que la Constitución garantice la independencia y la imparcialidad del poder judicial: estos principios deben verse reflejados realmente en todas las actitudes y prácticas políticas y administrativas.

El artículo 13 de la LOPJ establece que todos están obligados a respetar la independencia de los Jueces y Magistrados. El hecho de que el art. 14 permita a los jueces solicitar el amparo del Consejo no impide que dicho Consejo pueda realizar, como ha hecho en otras ocasiones, declaraciones generales en defensa de la independencia judicial y del necesario respeto a los tribunales de justicia. Precisamente la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala expresamente que la Constitución creó el Consejo General del Poder Judicial para garantizar la independencia de dicho poder.

A la vista de todo ello, esta PLATAFORMA SOLICITA RESPETUOSAMENTE:

Que, por parte de ese Consejo del Poder Judicial, a través de su Excma. Sra. Presidenta, se realice una declaración pública en defensa de la independencia judicial y condenando las agresiones que contra el Poder Judicial se vienen produciendo por parte de algunos miembros de los poderes ejecutivo y legislativo.

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