Resumen: Grave amenaza a la separación de poderes es la enmienda legislativa que pretende rebajar la mayoría reforzada para el nombramiento por el CGPJ de los magistrados el TC. Además de violar la Constitución y la normativa europea, socaba el consenso social construido durante la Transición.

Texto íntegro del comunicado:

Con preocupación y hasta incredulidad asistimos a una de los ataques más graves al Estado de Derecho en nuestro país desde el final de la dictadura franquista. Explicamos por qué:

El nueve de diciembre de 2022, dos de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno han propuesto, por la vía de enmiendas a la reforma del Código Penal en trámite, la rebaja de la mayoría de 3/5 que se les exige a los vocales del Consejo General del Poder Judicial para la designación de los dos miembros del Tribunal Constitucional que le corresponden con arreglo al artículo 159.1 de la Constitución. También instauran responsabilidad penal en caso de incumplimiento de los plazos fijados para la designación de dichos magistrados.

Dicha iniciativa legislativa adolece graves defectos jurídicos y presenta un sesgo autoritario que ciertamente asusta:

• Acude a un procedimiento materialmente inadecuado para su tramitación, como es el de enmiendas, al no guardar relación con la norma supuestamente enmendada; además opta por un cauce que soslaya el preceptivo informe que el Consejo General del Poder Judicial ha de emitir en materias de esta naturaleza.
• Ignora la exigencia constitucional de renovación por terceras partes prevista en el artículo 159.3 de la Constitución.
• Utiliza una técnica de criminalización que viola los más elementales principios de seguridad jurídica en la definición de los tipos penales.
• Elimina la capacidad del TC de verificar que los Magistrados nombrados reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la Ley.

Se trata pues de un movimiento político que dinamita la separación de poderes, al desmantelar tanto el sistema de pesos y contrapesos que se garantiza gracias a las mayorías cualificadas como la capacidad del TC de revisar los nombramientos. Su pretensión no es otra que trasladar la mayoría gubernamental al Consejo General del Poder Judicial y, de este modo, asegurarse la colocación de magistrados afines en el Tribunal Constitucional, sin capacidad alguna de este de reaccionar. Las consecuencias son devastadoras, pues además atentar directamente contra nuestra Constitución y la normativa europea, hace perder la confianza de los ciudadanos en las instituciones estatales, de tal suerte que se amenaza el consenso social construido durante la etapa de la Transición. Mención aparte merece la voluntad de castigar penalmente a los vocales que no cumplan con los dictados que les marca el Gobierno, pues supone la imposición coactiva del Poder Ejecutivo sobre el Judicial hasta el punto de retrotraernos a etapas predemocráticas.

La Plataforma denunciará los hechos ante las instancias supranacionales y, en concreto, ante la Comisión Europea con vistas a su próximo informe sobre el Estado de Derecho. Más importante todavía, llama a la sociedad civil para que se movilice ante un desafío el Estado de Derecho de semejante envergadura.