Resumen 

Intolerables son los ataques de ciertos cargos políticos a la generalidad de los jueces de nuestro país con ocasión de la rebaja de las penas operada tras la entrada en vigor de la conocida como ley del “sí es sí”, ya que exceden de la crítica razonable hasta el punto de atentar contra la independencia judicial. La Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros marca una línea de respeto institucional a la justicia que acaba de ser traspasada.

Texto íntegro del comunicado

En España estamos asistiendo a un ataque frontal a las instituciones, con desprecio absoluto a principios básicos para la democracia como el de separación de poderes. Son continuos los intentos de distintos grupos políticos  por desprestigiar al Poder Judicial y minar la confianza de la ciudadanía en la justicia, ya que cuestionan públicamente determinadas resoluciones judiciales con las que no se está conforme o que no satisfacen determinados intereses. Lo hacen con descalificaciones genéricas a los jueces y magistrados sobre su supuesta ideología o actitud personal. Pero también cuestionando que hagan correctamente su trabajo, que es aplicar la ley.

 

Ello contraviene la Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre independencia judicial, eficiencia y responsabilidad, que en su apartado 18 prevé que ”Si comentan las decisiones de los jueces, los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar críticas que puedan socavar la independencia o la confianza pública en el poder judicial. Y deben evitar acciones que puedan poner en duda su voluntad de acatar las decisiones …”.

 

Dichas críticas a las resoluciones judiciales van más allá de la mera discrepancia jurídica, totalmente respetable y posible, y suponen un ataque indiscriminado a toda la carrera judicial, lo que resulta inadmisible en un Estado Democrático de Derecho.

 

Desde Plataforma Cívica por la Independencia Judicial mostramos nuestro firme apoyo a la labor desempeñada por los jueces y magistrados, sometidos únicamente al imperio de la ley, que, no olvidemos, se propone por el poder político y se aprueba por el legislativo, siendo el poder judicial el que la aplica, por lo que es momento de que cada uno asuma las responsabilidades que le corresponden, incluso políticas en su caso.

 

Asimismo, reclamamos se respete la independencia judicial, así como la labor de los profesionales de la abogacía y de los fiscales, que, en ejercicio del derecho de defensa y del principio de legalidad, respectivamente, piden la aplicación de una ley, lo que no puede poner en duda el acreditado compromiso de todos los operadores jurídicos con la protección de las víctimas de delitos contra la libertad sexual.

 

Lo ocurrido demuestra la importancia de que se tengan en cuenta, durante la tramitación de los proyectos de ley, los informes de órganos consultivos de carácter técnico (como el CGPJ, el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado) y se celebren comparecencias en las Cortes de expertos técnicos y afectados que puedan detectar y alertar de posibles errores técnicos y disfunciones. Solo una tramitación legislativa sosegada y tras un estudio detallado del objeto de la norma, puede llevar a mejores leyes. Y, precisamente, las últimas reformas legislativas (como las afectantes al CGPJ y al delito de sedición) se han venido tramitando o se están tramitando en los últimos días eludiendo a dichos órganos consultivos y por la vía de urgencia.

 

Evitar los controles democráticos y cuestionar el Poder Judicial, eludiendo las responsabilidades del Ejecutivo y del Legislativo en la elaboración de las normas, no es el camino.