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[Resumen] El PP ha pedido al tribunal de garantías que dicte ya el fallo sobre la reforma que impide hacer nombramientos al gobierno de los jueces estando en funciones y que fue recurrida por Vox y los ‘populares’. Pero el Constitucional rechaza las presiones y asegura que no quiere “interferir” en la negociación política.
[Opinión de la Plataforma] Como vemos, el articulista parece creer que el Tribunal Constitucional debe medir sus tiempos al dictar la sentencia de un recurso pendiente para “no interferir en la negociación política”. O sea, que los plazos procesales, si hemos entendido bien, dependen de cuestiones ajenas al Derecho, en concreto, de los tejemanejes entre los políticos. Atentos, porque esta forma de ver las cosas es un grave error. Los magistrados están obligados a aplicar la Ley (y estos en particular, la “ley de leyes”, la Constitución) nada más. Dictar una sentencia en un plazo razonable no es ceder a “presiones” sino hacer el trabajo por el que les pagan.