La Plataforma apela a la responsabilidad de los candidatos al futuro Consejo General del Poder Judicial para que no participen en el proceso de renovación ya que, además de haber caducado, viola la legalidad constitucional e internacional.

Estimados señores:

Han adoptado Vds. la decisión de concurrir al proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial sin que todavía se haya reformado la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aun respetando la iniciativa, nos vemos en la obligación de advertirles de las graves consecuencias que entraña la colaboración en un sistema que viola la legalidad internacional y que favorece la injerencia política en la justicia española. Les explicamos por qué:

Un Consejo General del Poder Judicial renovado mediante un acuerdo entre dos partidos políticos, extramuros al Congreso y al Senado por mucho que en los próximos días se escenifique en un acuerdo parlamentario, degrada la institución y contamina la imagen de la justicia española.

Los candidatos judiciales a vocales que concurren al proceso selectivo abierto en el año 2018 pueden evitarlo. Les proponemos que defiendan la integridad de nuestro modelo de justicia, teniendo en cuenta que desde el año 2018 se han evidenciado las anomalías del sistema:

• Tanto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos decantan principios incompatibles con un sistema donde todos los miembros del máximo órgano de gobierno de la magistratura sean elegidos por los políticos. La independencia del órgano de gobierno de los jueces, que nombra a los altos cargos judiciales, se vincula ya desde el año 2021 (STJUE de 2/3/21 y STEDH Advance Pharma de 3/2/22) con el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juez independiente e imparcial.

• La sentencia TC 108/86 determina la inconstitucionalidad sobrevenida de un modelo agotado. Es muy sencillo: el Consejo no se puede repartir por cuotas políticas porque eso es inconstitucional.

• El proceso de renovación del Consejo ha caducado, si se observa lo previsto en el artículo 207 del reglamento del Congreso de los Diputados. Asimismo, de reanudarse sin más, privaría a las últimas promociones de jueces de sus legítimas expectativas de participación. Ellos podrían incluso recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional por vulnerarse el derecho que les reconoce el artículo 23 de la Constitución.

Como actores pasivos de esta renovación, les rogamos que den un paso atrás y no colaboren con quienes juegan a los cromos para controlar desde atrás el reparto de los cargos judiciales. Confiamos en su prudencia.