A continuación, la Plataforma transcribe el texto íntegro de una carta que un grupo de jueces remite a la cúspide del gobierno del Poder Judicial español

A la atención del Excelentísimo Señor don Carlos Lesmes.

Le dirigimos esta petición un grupo de jueces que, cansados de la violación sistemática de la separación de poderes,  el sometimiento de la justicia y su uso como arma política, recabamos su intervención para que, en su calidad de máximo responsable del gobierno del poder judicial español, intervenga sin demora ante las cámaras parlamentarias y las altas instancias europeas. Le explicamos:

 

En los últimos días se anuncia sin reparo en los medios de comunicación que el nuevo presidente del PP designa a un eurodiputado de su partido para que negocie con el interlocutor del PSOE, un ministro del Gobierno, el nombramiento de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) partiendo de los candidatos proclamados en septiembre de 2018.

Se enfoca como una buena noticia, cuando lo único que significa es que una vez más las autoridades políticas españolas interfieren en el nombramiento de los vocales del CGPJ y, de esta manera, en el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo y de otras altas instancias judiciales.

Algo que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), en su último informe sobre el estado de la justicia en España de 30/9/21, dijo que afectaba seriamente a la percepción de imparcialidad que tienen los ciudadanos de los jueces y que mina la confianza de estos en la justicia. Es más, la sentencia del TEDH, caso Avance Pharma, de 3 de febrero de 2022, condena a Polonia por tener justamente un sistema de elección de su órgano de gobierno de los jueces idéntico al español desde el año 2018. Con ese sistema cualquier ciudadano ve perdida la apariencia de imparcialidad cuando litiga en determinadas instancias judiciales, dice esa sentencia.

Las autoridades políticas españolas a pesar de todo siguen adelante, con una confusa y etérea promesa de reformar después de renovar el CGPJ. Pero, ¡si ya el TEDH puede condenar a España! Y serán probablemente anuladas las condenas por sedición.

Ante esto, los jueces no podemos quedarnos parados, sino que debemos luchar por la Justicia de todos. También por el derecho a acceder a los cargos públicos por mérito y capacidad y no por influencia o mediación política (artículo 23.2 de la Constitución). Si otras instituciones del país no actúan, al menos que lo haga el máximo órgano de gobierno de los jueces y del tercer poder del país, el Poder Judicial.

Para ello, llamamos la atención de este CGPJ en funciones: los futuros e inminentes nombramientos, fruto de la renovación del CGPJ con candidatos proclamados en 2018, estarían afectados de un vicio de nulidad.

Por encima de la nulidad radical de un proceso caducado porque no fue incluido entre las iniciativas calificadas por la Diputación Permanente de las Cortes Generales de la Legislatura XIII para continuar su tramitación en la actual XIV Legislatura (artículo 207 del Reglamento del Congreso), no puede obviarse que la interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional nº 108/1986 está superada y es contraria al derecho de la Unión Europea y al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La Red Europea de Consejos de la Magistratura adoptó incluso una decisión ENCJ 17/08/18 que suspende la pertenencia del consejo del poder judicial polaco porque sus vocales judiciales dejan de estar elegidos por sus pares. El ENCJ/RECJ considera que un Consejo nombrado así ya no es guardián de la independencia judicial de los jueces, sino que es un instrumento del ejecutivo.

En este contexto, en su alta función de defensa de la independencia del Poder Judicial, el CGPJ en funciones debe reaccionar. Debe actuar frente a la infracción de las normas europeas que supone el procedimiento de renovación de vocales actual, aún interpretado como hizo con buena intención la STC 108/86. Asimismo, como máximo órgano de gobierno de la Administración del Poder Judicial, debe remover los obstáculos para que se dé cumplimiento a las recomendaciones del GRECO.

La sociedad española necesita, y los jueces de este país querríamos, que el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial liderase el cumplimiento de las recomendaciones actuales del Consejo de Europa y las futuras de la Comisión Europea.

A todo lo anterior se añade que, desde septiembre de 2018 hasta la fecha actual, se ha producido un cambio notable de circunstancias. En particular:

• Se han incorporado tres promociones de jueces al escalafón de la carrera, cuyos derechos de acceso al CGPJ en la categoría de juez directamente se desconocen.

 

• Quienes ya eran integrantes de la carrera judicial en el año 2018 han sumado más méritos profesionales y han experimentado cambios en sus circunstancias personales, profesionales y familiares. Además, habiéndose reestablecido la dedicación exclusiva de todos los vocales del CGPJ y no siendo ya tan gravoso ser vocal judicial como en el momento en que se abrió el anterior plazo de candidaturas, la voluntad de postulación podría haber cambiado.

 

• Los candidatos proclamados en el año 2018 han podido sumar desde entonces cargos de libre designación que minen su apariencia de imparcialidad, y han podido perder el respaldo de quienes los avalaron.

Por ello, con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pedimos a nuestro máximo órgano de gobierno:

-Que declare caducado el acto de trámite cualificado de proclamación de candidatos a los 12 vocales judiciales en la renovación en curso del CGPJ.

-Pida de las Cámaras Legislativas y del Gobierno de la Nación que reformen la LOPJ para dar cumplimiento a las recomendaciones del Consejo de Europa expuestas a través del último informe GRECO: al menos 12 de los 20 vocales del CGPJ deben ser elegidos por sus pares.

-Pida de las Cámaras Legislativas y del Gobierno de la Nación que esa reforma de la LOPJ sea inmediata y anterior a cualquier clase de renovación.

De no ser amparada la independencia de los jueces de este país de esta manera, pedimos que informe al Consejo de Europa, y en su seno al Grupo de Estados contra la Corrupción, de las medidas que pretenda adoptar en defensa de la independencia judicial y de la separación de poderes, como máximo garante de la independencia de los jueces en España y de los derechos de los integrantes de la carrera judicial.

Es justicia, que se pide en Madrid, el 28 de abril de 2022.