Nota prensa: reunión con el Ministerio de Justicia (18/10/21)

 

 NOTA PRENSA REUNIÓN MINISTERIO 18-10-2021

            En el día de hoy, 18 de octubre de 2021, la “Plataforma Cívica por la Independencia Judicial”, la Fundación “Hay Derecho” y el grupo “Brigada Tuitera” hemos mantenido reunión con don Mario Maraver y don Rafael Lafuente Sevilla, asesores del Gabinete de la Ministra de Justicia, con los que hemos intercambiado impresiones sobre la renovación del CGPJ y los proyectos normativos puestos en marcha desde dicho Ministerio. En síntesis, se les ha hecho saber, entre otras reivindicaciones, la urgencia de respetar la separación de poderes conforme a los principios sentados por los altos organismos europeos que propugnan un gobierno de la judicatura libre del control de las formaciones políticas, además de insistir en la necesidad de que los nombramientos judiciales sean objetivados para conjurar cualquier atisbo de arbitrariedad, una investigación criminal independiente, así como la propuesta de una batería de medidas orientadas a una justicia más eficaz y próxima al ciudadano. 

He aquí con detalle el contenido de la reunión

Les hemos trasladado la necesidad de reformar la LOPJ y cambiar el sistema actual de designación de vocales del CGPJ para volver al espíritu y voluntad del constituyente, siguiendo los estándares europeos e internacionales: elección de los 12 vocales de procedencia judicial por los propios jueces y magistrados en activo mediante voto personal, directo y secreto, sin intervención de Asociaciones Judiciales y debiendo abstenerse los partidos políticos de intervenir en cualquier fase de dicho proceso de elección ya sea directamente o indirectamente (a través del Gobierno o de las Cortes Generales).

A este respecto, Plataforma Cívica por la Independencia Judicial ha expuesto su propuesta para llevar a cabo la elección de los vocales del CGPJ del turno judicial por los propios jueces y magistrados evitando tanto el riesgo de politización como el de corporativismo y fijando las cautelas a adoptar para evitar posibles manipulaciones: https://plataformaindependenciajudicial.es/2017/12/23/informe-sobre-la-eleccion-de-los-vocales-judiciales-del-consejo-general-del-poder-judicial/

Asimismo, dado que cada vez existen más cargos designados de forma discrecional por parte del CGPJ y que la decisión discrecional, sin criterios reglados y sin reglas previas y públicas, se ha convertido en una manera de premiar y de represaliar la trayectoria de los jueces, se ha trasladado a los representantes del Ministerio de Justicia la necesidad de que el sistema de nombramiento de las altas instancias judiciales se objetive con mayor intensidad sometiendo a estrictas reglas de control la discrecionalidad y se suprima la designación autonómica de magistrado en los Tribunales Superiores de Justicia.

Igualmente, se les ha instado a que se promuevan reformas legislativas que eviten el retorno inmediato al ejercicio jurisdiccional o como fiscal tras la prestación de servicios como cargo político y que se solventen los injustos agravios en la antigüedad escalafonal, de forma que no se consideren los períodos durante los cuales se ejerce un cargo político.

En relación a los proyectos normativos tramitados por el Ministerio de Justicia, desde Fundación Hay Derecho se ha insistido en la obligación de darles la debida publicidad, con transparencia, y de otorgar trámite de previa audiencia a todos los sectores implicados en cualquier reforma legislativa, incluida la Comisión de Venecia en caso de reformas estructurales como son las que afectan al CGPJ y a la investigación criminal.

Al respecto de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuye la instrucción del proceso penal, que actualmente ejercen los jueces, a los fiscales, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial ha ofrecido un modelo de investigación alternativo que supere la dicotomía juez-fiscal. La clave consiste en cambiar el enfoque: lo importante no es el quien sino el cómo. La investigación debe ser independiente, imparcial e inamovible. Luego, esas notas deberán predicarse del investigador. Hoy día solamente los jueces reúnen esas características. Si en el futuro los fiscales u otros órganos estuviesen investidos de las mismas garantías, no habría que descartar que se les encomendasen competencias equivalentes. Ahora bien, con cautelas adicionales: las facultades de acusar y la de investigar deben estar separadas para evitar sesgos cognitivos, de la misma forma que ya lo están las de instruir y juzgar. Y, no menos importante, la estructura interna del Ministerio Público, o de cualquier otra institución que dirija las pesquisas, debe evitar que la vida profesional de los investigadores quede en manos de sus superiores jerárquicos, pues en caso contrario, se abrirían vías indirectas para presionarlos.

Por último, las tres asociaciones hemos coincidido en que resulta urgente e inaplazable una reforma en la administración de justicia, caracterizada sobre todo por la tardanza en la tramitación de los procesos, el colapso por la sobrecarga de trabajo y la escasez de medios, lo que la hace absolutamente ineficaz para cumplir sus fines, de tutela efectiva de los derechos de los justiciables.

Desde las tres asociaciones hemos instado a que la justicia sea una materia a la que la clase política, olvidando intereses partidistas, destine sus máximos esfuerzos, aportando soluciones y propuestas de mejora que permanezcan más allá de quien gobierne e invirtiendo en ella, al menos como se ha hecho en otras administraciones (como la tributaria o de la Seguridad Social), dotadas desde el principio con muchos más medios.

Confiamos en que se tengan en cuenta por el Ministerio de Justicia las humildes aportaciones realizadas por las tres asociaciones, quedando a su disposición para mantener próximas reuniones de trabajo sobre las reformas presentes y futuras que pretenda desarrollar.

En Madrid, a 18 de octubre de 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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