Cartografía de la transparencia judicial

MAPA DE VACANTES JUDICIALES

 

Cartografía de la transparencia judicial

 

 

¿Por qué no publica el Consejo General del Poder Judicial un mapa de vacantes judiciales?

 

Es una pregunta que permanece sin respuesta, pese a que en el doce de febrero de 2016 las cuatro asociaciones judiciales así se lo solicitaron formalmente. Ese silencio, en abierta incongruencia con la política de transparencia que retóricamente predica el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, constituye una inaceptable muestra de opacidad. Es más, alimenta las críticas de corruptelas en la provisión de puestos judiciales, que también convergen sobre la aprobación de refuerzos para determinados órganos judiciales así como sobre la elección y el nombramiento con opacidad del juez de refuerzo mediante comisión de servicios.

 

Por tanto, ante la omisión institucional, la Plataforma hace un llamamiento a la carrera judicial para sean ellos mismos, los jueces, quiénes elaboren dicho mapa. Pedimos voluntarios, cuyo anonimato se garantizará en todo momento, para la puesta en marcha de este proyecto de cartografía de la transparencia. Y, muy en particular, recabamos la ayuda de las asociaciones judiciales, pioneras de la iniciativa.

 

A continuación os explicamos con más detalle: primero con un apartado donde narramos la intrahistoria del problema; luego, con una propuesta formal de la Plataforma.

 

Aquí lo tenéis.

 

  1. Antecedentes de hecho:

 

Por auto del Tribunal Supremo de fecha 23 de Diciembre de 2015, se obligó al Consejo General del Poder Judicial a que publicase que en el concurso para la provisión de cargos judiciales con categoría de Magistrado (anunciado en el B.O.E. nº 298, del día 1cuatro de Diciembre de 2015), debía entenderse incluida la plaza del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona, a fin de que los interesados en ella puedan solicitarla en el plazo y con los requisitos legales.

 

Dicha resolución fue confirmada por Auto de 15 de Enero de 2016 en el que se ratificaba la medida cautelar adoptada y se afirmaba que no existía interés público alguno que justificase no ofertar la referida plaza, que la decisión del CGPJ chocaba contra el interés público de que las vacantes se cubran cuanto antes, por ser la situación de vacancia una anormalidad organizativa.

 

El 12 de Febrero de 2016 las cuatro Asociaciones Judiciales, tras estimar el Tribunal Supremo el recurso interpuesto frente al acuerdo del CGPJ y obligar al Consejo General del Poder Judicial a ofertar la plaza vacante del Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona en el concurso de traslado en trámite en aquel momento, instaron al Presidente del Tribunal Supremo y a nuestro órgano de gobierno a publicar en la página web de esta institución una relación de todas las plazas que se encuentren vacantes o cuyo titular se encuentra en una cobertura temporal, para actuar con “transparencia” y evitar “suspicacias sobre presuntas componendas” que deben ser “totalmente ajenas” a este órgano.

 

Las cuatro Asociaciones Judiciales instaron al CGPJ a “dar a conocer las razones que justificasen el que no se saque temporalmente a concurso una determinada plaza, conforme al artículo 326.3 Ley Orgánica del Poder Judicial”.

 

Para evitar que esta iniciativa quedase “estancada”, como ya ocurrió en el pasado, las asociaciones judiciales invitaban al CGPJ a mantener “permanentemente actualizado” ese mapa de puestos vacantes a fin de mostrar en cada momento la situación exacta de los juzgados españoles.

 

El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, don Carlos Lesmes Serrano, y el Consejo General del Poder Judicial, pese a la facilidad y disponibilidad de medios que tiene para elaborar el mapa de vacantes judiciales, en abierta contradicción con los objetivos de transparencia que de forma superflua manifiesta perseguir, hizo caso omiso a la solicitud de las asociaciones judiciales.

 

  • Propuesta de la Plataforma.

 

 

Ante la manifiesta inacción y falta de voluntad del Consejo General del Poder Judicial en el ejercicio de las competencias y funciones que le son propias, la Plataforma Cívica Judicial de acuerdo con el compromiso en defensa de la Independencia Judicial y en aras de evitar cadenas de favores y otra suerte de componendas en el otorgamiento de comisiones de servicio para refuerzo de órganos judiciales y cobertura de plazas, así como en la oferta de plazas en concurso de traslado, convoca de manera abierta a voluntarios para la elaboración de un mapa, con arreglo a las siguientes bases:

 

1ª. Se recogerán datos tanto de vacantes como de refuerzos aprobados por comisiones de servicio.

 

2ª. Por cada una de las provincias habrá un grupo de uno o varios voluntarios, cuyas identidades permanecerán en el anonimato, que recojan los datos correspondientes a su territorio.

 

3ª. Los datos recogidos en cada provincia se plasmarán en un mapa nacional que se mantendrá regularmente actualizado.

 

4ª. Dicho mapa judicial, con sus actualizaciones, será publicitado a través del correo electrónico a toda la carrera judicial a fin de que tenga conocimiento de su contenido íntegro. En particular, se intentaré difundirlo en momentos señalados, como durante la convocatoria de concursos de traslado o ante la oferta de comisiones de servicio.

 

5ª. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, a vista de los datos recabados, se compromete a denunciar públicamente cualquier irregularidad o disfunción que pueda producirse en torno a determinadas vacantes judiciales o o determinados refuerzos y cuya cobertura no se adecue a la debida transparencia, a la aplicación de las normas legales u obedezca a cualquier suerte de arbitrariedad o anomalía jurídica.

 

He aquí uno de los proyectos más ambiciosos de transparencia, en la misma senda que ya recorrieron los prestigiosos Observatorios de nombramientos judiciales o de comisiones de servicio de la Plataforma. Nace, no de un Consejo que nos gobierna pero al que no hemos elegido, sino de las bases de la carrera judicial. Insistimos, pues, en la necesidad de la máxima colaboración, pues precisa de una infraestructura y capacidad organizativas de gran envergadura. Estamos seguros de que las asociaciones judiciales prestarán sus mayores medios para una causa de consenso como es ésta.

 

Gracias a todos.

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