PESE A LOS MEDIOS INSUFICIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ÉXITO DE LA MAGISTRADA MERCEDES ALAYA
Comunicado de apoyo a una instrucción independiente
Recaída sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre la trama de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia española, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial comparte las siguientes reflexiones:
La sentencia evidencia que son inaceptables las presiones a las que fue sometida la magistrada doña Mercedes Alaya, instructora del caso. Más allá de la legítima discrepancia jurídica, fue víctima de una campaña de difamación pública en la que se puso en duda su honradez profesional, capacidad intelectual e incluso la respetabilidad de su vida privada. Hasta su aspecto físico fue objeto de comentarios improcedentes, no solo por su impertinencia, sino por su descarado sesgo machista.
Aun así, perseveró. Y su dedicación ha sido culminada con el reconocimiento jurídico que merecía, al ser condenados la mayoría de los procesados; y verse refrendada por el tribunal superior la pulcritud técnico-legal de su labor investigadora. Este desenlace no deja de sorprender ante la complejidad de las actuaciones: autos de miles de folios y cientos de declaraciones instruidas con unos medios claramente insuficientes. Tan ingente tarea, susceptible de abrumar al más preparado de los profesionales por su elefantiásica magnitud, fue completada con “esfuerzo y diligencia”, según resalta el órgano sentenciador.
De una experiencia tan extrema cabe extraer conclusiones.
- Que nuestra justicia carece de recursos materiales suficientes para acometer una lucha eficaz contra la corrupción política. Y que son los propios jueces los que, comprometiendo su vida profesional y personal así como su salud laboral, deben suplir tales deficiencias merced a un esfuerzo sobrehumano.
- Que cada vez que resultan judicialmente encausadas las altas oligarquías políticas y económicas se desata un hostigamiento sistemático para presionar a los jueces instructores que se atreven a llevar las indagaciones hasta sus últimas consecuencias, tal como hemos comprobado en otros ejemplos no menos inquietantes que el de Mercedes Alaya.
De ahí que la investigación criminal, según viene defendiendo la Plataforma, deba ser irrenunciablemente independiente, imparcial e inamovible. Los intentos de reformar nuestro sistema procesal con el objetivo inconfeso de que la política goce de mayor influencia sobre los instructores, ya sean policiales, judiciales o fiscales, representan la reacción de quienes temen que magistrados como la señora Alaya terminen sacando a la luz una corrupción que, de otro modo, permanecería bien oculta.
Todo nuestro reconocimiento a la juez Mercedes Alaya.