ALARMA.

TRAJE A MEDIDA: EL CONSEJO SE CONFECCIONA UN BAREMO.

  La Plataforma (PCIJ) viene denunciando desde años las componendas de las que se sirve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para cubrir con una apariencia de legalidad los nombramientos discrecionales de los altos cargos judiciales.

En nuestro último comunicado denunciábamos la hipocresía del Legislador que, al reformar en diciembre de 2018 la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), se jactaba de haber aplicado los compromisos internacionales asumidos por España en materia de nombramientos judiciales, cuyo cumplimiento el Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa (GRECO) tantas veces había reclamado en sus informes. Sin embargo, la reforma del art. 326.2 de la LOPJ dejaba en manos del CGPJ la redacción de las bases reguladoras de las convocatorias para la provisión de cargos discrecionales, lo que, en la práctica, suponía darle carta blanca para continuar con sus manejos por conveniencia.

El CGPJ, en su última reunión plenaria de 8 de mayo de 2019, ha aprobado unas bases singulares aplicables a las próximas cinco convocatorias para la provisión de presidencias de cuatro Audiencias Provinciales y una Sala de los Social de Tribunal Superior de Justicia.

Esto no es lo que exigen los informes GRECO.

La PCIJ en su informe de 9 de enero de 2019 sobre la reforma de la LOPJ por LO 4/2018 y, en particular, sobre el art. 326.2 de la LOPJ ya advertía que:

“sin un necesario desarrollo reglamentario a partir del cual se definan con precisión los méritos que serán objeto de evaluación en función de los distintos cargos discrecionales, así como la ponderación de los mismos, la finalidad de una mayor objetividad en los nombramientos de altos cargos judiciales queda en papel mojado. Sin una definición precisa, por vía legal o reglamentaria, de los méritos a considerar para la cobertura de tales cargos, resultará posible que las bases de la convocatoria establezcan como méritos a considerar aquellos que de manera arbitraria se determinen en cada momento en función de los candidatos que se prevea concurran a dichas plazas y más concretamente en función del candidato al que los vocales del Consejo General del Poder Judicial estimen preferible nombrar.”

Por eso, la aprobación de las citadas bases particulares, sin un reglamento previo de desarrollo, que permite al CGPJ prescindir de las asociaciones profesionales, pese a que estas han solicitado audiencia con el fin de objetivar al máximo la designación conforme a los criterios del GRECO, da al traste con los compromisos internacionales.

El Consejo en funciones aprueba unas bases y, seguidamente, sin hacerlas públicas, inicia el proceso de convocatoria para cubrir vacantes con arreglo al nuevo baremo. Es otra artimaña indigna del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial.

Además, advertimos con desolación que, siguiendo las directrices generales del art. 326.2 de la LOPJ, las bases vuelven a relegar la antigüedad profesional y el ejercicio jurisdiccional como criterio objetivo de designación de la cúspide judicial. La gran mayoría de nuestros jueces dedican su vida a dictar sentencias. Una labor callada con la que van cimentando un patrimonio profesional que el Consejo desprecia favoreciendo en el baremo conceptos tan vagos como “el proyecto de actuación “o “las habilidades jurídicas”. Es decir, se crea un revestimiento formal para encubrir las verdaderas razones del nombramiento, que no son las de elegir al mejor jurista, sino al que conviene elegir en virtud de negociaciones entre pasillos, “intercambio de cromos” o discriminación por motivos ideológicos.

La PCIJ solicita de las asociaciones judiciales una actuación conjunta y urgente a la que se pueda adherir toda la carrera judicial, con el fin de poner de manifiesto el escandaloso fraude de ley que el Consejo en funciones pretende perpetrar con estas bases. Los jueces no deben aceptar ni un solo nombramiento más que no se ajuste escrupulosamente a los principios de mérito y capacidad, y deben ir reclamando el derecho de todos y cada uno de ellos a promover en el puesto en condiciones de igualdad, ya que muchos no podrán coronar esa cúspide pese a merecerlo.