El mandato de cinco años del actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expiró el 4 de diciembre de 2018.
El proceso de renovación se vio frustrado hace unos días tras la difusión de un mensaje de wasaps del jefe del grupo parlamentario del PP en el Senado, que fotografiaba a la perfección los pactos entre PP y PSOE para repartirse los sillones del CGPJ con el objetivo de colocar a sus jueces amigos en las plazas del Tribunal Supremo y en otros altos cargos judiciales en los próximos años. Era y es un proceso corrupto que el Consejo de Europa ha denunciado de forma reiterada porque mina la apariencia de imparcialidad y socava la independencia judicial.
La LOPJ debe ser reformada para que esa corrupción no se perpetúe. La aritmética parlamentaria permite anticipar que la enmienda del PP que actualmente se tramita en el Senado para cambiar el sistema de elección de 12 de los 20 vocales, de manera que sean elegidos por los jueces, es pura fachada que persigue un lavado de imagen tras aquel escándalo, pues sabe que la enmienda no conseguirá la mayoría necesaria para ser aprobada en el Congreso de los Diputados.
A la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) tampoco le gustaría que esa enmienda se aprobara en sus actuales términos porque solo permite presentarse a vocal a los jueces con respaldo asociativo, respaldo que muchas veces solo sirve para que los políticos y los vocales reconozcan a los jueces amigos.
Pero lo que no se puede permitir es que pase desapercibido que, si el PP actúa para lavar su imagen, el PSOE pretenda copar las más altas instancias judiciales con afines esgrimiendo una perversa lectura de la máxima “la justicia emana del pueblo”.
Esta expresión, sacada de nuestra Constitución, no significa que el pueblo deba elegir a los jueces, o a quienes gobiernan a los jueces, sino que la justicia emana de los jueces, ciudadanos técnicos en derecho, seleccionados por mérito y capacidad, y sometidos únicamente al imperio de la ley. Lo contrario a la justicia que emana del pueblo es la justicia que antes emanaba del Rey y ahora emana de una élite de jueces elegidos por el poder ejecutivo, empoderado con la alianza del principal partido político de la oposición. La sentencia del Tribunal Constitucional nº 108/86 advirtió del riesgo de que la lógica de partidos invadiera instituciones decisivas para la democracia del país; y el GRECO y la ONU, este último en reciente informe de su relator, recuerdan que los jueces, como guardianes del estado de derecho y de los derechos y libertades de las personas, deben ser independientes y ajenos a injerencias de los otros poderes, y, en particular, recomiendan que las autoridades políticas no intervengan en ninguna fase de su elección.
Los ciudadanos y la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial pedimos al Gobierno y a los grupos parlamentarios la mayoría absoluta necesaria para cambiar de una vez por todas la LOPJ, actualmente en trámite parlamentario de reforma. Todo lo demás son juegos fatuos para engañar a los ciudadanos y perpetuar la influencia política sobre la justicia del pueblo.
En Madrid, a 5 de diciembre de 2018.