MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA (PCIJ) ANTE EL RIESGO DE DECLARACÍON UNITERAL DE INDEPENDENCIA DE CATALUÑA

La Plataforma, como asociación transversal a favor de la despolitización de la Justicia española, advierte del riesgo que para los derechos humanos implicaría la declaración ilegal de independencia de Cataluña. Tal como explicamos detalladamente en nuestro reciente estudio jurídico, tras una hipotética desconexión unilateral, los tribunales radicados en territorio catalán perderían las garantías que les permiten impartir recta e imparcial justicia. Por tanto, privados los ciudadanos de la tutela judicial efectiva, se crearían las condiciones para la marginación social e incluso persecución de todos aquellos que no fuesen afectos al nuevo régimen.

En consecuencia, la Plataforma reclama del Consejo General del Poder Judicial la adopción de un Estatuto Integral de Protección de la Justicia. Y del conjunto de los tres poderes del Estado, el compromiso firme en la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, al margen de cuál fuere su ideología o condición social, sin olvidar a aquellos que no se han sumado al alzamiento separatista, a los que en ninguna circunstancia se debe abandonar a su suerte.

Ofrecemos, por tanto, a la ciudadanía española siete reflexiones que sirvan para entender los últimos acontecimientos y cuya adhesión solicitamos.

I.-La jornada de votación del 1 de octubre de 2017 en Cataluña fue ilegal porque era contraria a la Constitución Española, y estaba expresamente suspendida por el Tribunal Constitucional.

II.- Los miembros del Gobierno catalán, que fueron requeridos personalmente por el TC para no aplicar la ley del referéndum, cometieron presuntamente un delito de desobediencia llamando a las urnas a los catalanes. Por ello, ya existen varios procedimientos judiciales abiertos dirigidos a depurar las responsabilidades en que hayan podido incurrir.

III.- Los representantes políticos catalanes que llamaron a votar como “ejercicio de la democracia”, lo hicieron de forma fraudulenta, pues tergiversaron el significado de este último término en la medida en que no hay democracia fuera del estado de derecho.

Votar no es sinónimo de democracia; como democracia no lo es de votar cuando uno quiera lo que quiera, por la sencilla razón de que nuestra democracia, como la de todos los países occidentales, es una democracia representativa, lo que significa que votamos a nuestros representantes cada cierto tiempo y ellos, en sede parlamentaria, debaten y deciden. Y lo que deciden toma forma de leyes, que todos debemos cumplir. Todos sin excepción.

Las reglas del juego democrático se pueden cambiar, pero, en un estado de derecho, el foro donde se cambian es el Parlamento y la única herramienta de cambio es la Ley vigente: la Norma Suprema en forma de Constitución, y, por debajo de ella, todas las demás que los ciudadanos debemos cumplir.

IV.- Los ciudadanos que acudieron a votar confiaron en sus representantes legítimos, pero conocían la orden de suspensión y la ilegalidad del acto; por tanto, realizaban un acto de desobediencia frente al que debe responder el estado de derecho.

V.- En un estado de derecho, al Poder Judicial le corresponde aplicar la ley emanada del Parlamento. Todos están obligados a cumplir las resoluciones judiciales, y, en caso de desobediencia, solo el Poder Judicial puede dar órdenes a la policía para que las haga cumplir.

Sin aplicación coactiva de la ley por las fuerzas y cuerpos de seguridad no hay estado de derecho. El hecho de que los ciudadanos en masa se concierten para incumplirla, no puede ser utilizado como excusa para no cumplir las órdenes judiciales.

VI.- Como ya ha advertido la PCIJ, el Govern cuenta con una ley de Transitoriedad que él mismo se ha dado, con la que, una vez declarada la independencia de forma unilateral, puede constituir en dos días hábiles un gobierno de su propio Poder Judicial y proveer mediante jueces sustitutos todas las vacantes de los jueces que no sean de su cuerda ideológica. Ese gobierno del Poder Judicial será elegido por el Parlament entre jueces afines, de manera que la separación de poderes y la independencia judicial quedarán anuladas.

VII. El Ejecutivo debe actuar con los instrumentos legales a su alcance de inmediato, pues el estado de derecho en la Comunidad de Cataluña está en peligro, y con él, la libertad y los derechos humanos del conjunto de los catalanes.

 

TEXTO ÍNTEGRO DEL INFORME DE LA PLATAFORMA SOBRE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LOS PLANES SECESIONISTAS

Sececionismo catalán y Estado de Derecho: riesgos jurídicos

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial ha elaborado un estudio jurídico relativo a la repercusión del proyecto sececionista catalán sobre la independencia judicial.

Las conclusiones son alarmantes: la desconexión unilaterial del territorio catalán sería una amenaza contra el respeto a los derechos humanos.

ENLACE A LA PÁGINA WEB DE LA PLATAFORMA PARA SU DESCARGA ÍNTEGRA

https://plataformaindependenciajudicial.es/2017/09/23/2793/

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