Tras los recientes acontecimientos surgidos la pasada semana en torno a la denominada Operación Lezo, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, MANIFIESTA:
-Que según informan los medios de comunicación en relación a la Operación Lezo, que se instruye en la Audiencia Nacional, una “ magistrada amiga de la casa “ pudiera haber filtrado datos secretos de las escuchas telefónicas acordadas en una investigación judicial en curso, lo que de ser cierto supondría un grave atentado contra nuestro Estado de Derecho.
-Que esperamos que se depuren todas las responsabilidades, penales y/o disciplinarias en que se hubiere incurrido, al estar en juego la credibilidad del sistema. Por esta razón y ante la gravedad de los hechos hemos formalizado una denuncia.
-Que estas informaciones por hechos tan graves contrastan con el significativo silencio del CGPJ, cuyo presidente instó la investigación contra el magistrado manuel Ruiz de Lara por organizar exitosos debates universitarios a pesar de ser una actividad completamente inocua, pero ahora , ante hechos presuntamente delictivos, omite toda actuación.
-Que simultáneamente a estas informaciones, se ha tenido conocimiento de las conversaciones entre cargos del PP que hablan abiertamente sobre el nombramiento que les resultaría beneficioso en la fiscalía anticorrupción, que casualmente coincide con el finalmente nombrado.
– Que de las citadas conversaciones también se colige que desde el Ministerio de Justicia se utilizan las plazas de jueces de enlace –muy bien retribuidas- en diferentes países, para tratar de seducir a jueces que dirigen la investigación de asuntos que afectan a políticos apartándolos de sus investigaciones. Tres instructores de la Audiencia Nacional actualmente ocupan dichas plazas.
-Por último, el 08/11/2016, el actual Ministro de Justicia en el programa de Televisión Española “Los desayunos de TVE” anunció que en primavera estaría preparado un nuevo modelo para la elección de 12 de los 20 Vocales del CGPJ, siendo ésta una medida solicitada por todas las asociaciones judiciales, en consonancia con lo exigido a España desde organismos europeos. A día de la fecha, y avanzada la primavera, nada se sabe acerca de ese supuesto proyecto.
– Este cúmulo de noticias íntimamente relacionadas entre sí pone en evidencia que en España para combatir la corrupción son absolutamente necesarias las reformas que el Greco indicó en su ultimo informe de 2017 tanto dentro de la FGE como en el CGPJ. Dichas reformas se han convertido en un clamor dentro de la comunidad jurídica, que exige que se ponga punto y final al obsceno espectáculo de que los políticos puedan intervenir en la designación de los Fiscales que persiguen la corrupción que les afecta y puedan elegir a los jueces que les juzgan.