La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (asociación constituida por jueces y otros juristas, entre los que se cuentan abogados, profesores universitarios, notarios, secretarios judiciales o fiscales, así como profesionales ajenos al mundo de Derecho) se dirige a los partidos políticos para que asuman el reto que exige la modernización de la Justicia española.
La Plataforma advierte del riesgo que para el Estado de Derecho supone la politización de la Justicia en nuestro país que, además de entrañar un ataque contra nuestras libertades civiles, ahonda la creciente desafección de la ciudadanía hacia uno de los poderes del Estado. 
La Plataforma promueve una reforma de la Administración de Justicia inspirada en el “Manifiesto por la despolitización de la Justicia y la Independencia Judicial” que en el año 2010 recibió mil quinientas adhesiones de miembros de toda la carrera judicial.
A continuación a acompaña un resumen de los siete puntos de citado Manifiesto.
1) Elección democrática de los órganos de gobierno interno de la magistratura, lo que comprende todos los jueces decanos, presidentes de órganos colegiados y de las salas de gobierno de los TSJ así como los doce vocales de extracción judicial pertenecientes al Consejo General del Poder Judicial.
2) Mantenimiento del juez en sus funciones estrictamente jurisdiccionales delimitando sus competencias con las de los secretarios judiciales. Además, conservación de la instrucción judicial mientras el Ministerio Público siga dependiendo del Poder Ejecutivo.
3) Elaboración de una planta judicial de veinte jueces por cada cien mil habitantes, conforme a la media europea.
4) Inversión presupuestaria en justicia hasta alcanzar la media europea.
5) Adecuación de la carga de trabajo judicial a niveles humanamente soportables que permitan desempeñar la profesión con el mínimo de atención que requieren los ciudadanos. A tal efecto se promoverá un marco normativo que fije un volumen razonable de trabajo ajeno a la imposición de módulos productivistas.
6) Aprobación de un Estatuto personal del juez que regule los beneficios sociales a que tiene derecho como cualquier otro ciudadano, entre los que se hallan los riesgos laborales y condiciones de jubilación.
7) Independencia económica que desligue sus retribuciones del voluntarismo del Gobierno de turno, por constituir ésta una garantía de respeto a la independencia jurisdiccional constitucionalmente establecida.