Aparecía el 31 de marzo de 2012 un artículo en el diario “El País” que propugnaba que los doce vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial fuesen elegidos en votación popular, al estilo de las elecciones generales a Cortes. El magistrado Jesús Villegas, administrador de la Plataforma, manifiesta su discrepancia:
¿JUSTICIA POPULAR CONTRA JUSTICIA CORPORATIVA?
España no es un país donde haya muchos jueces, son poco más de cinco mil. Pero reciben una enorme responsabilidad, al decidir sobre la libertad, el patrimonio y, en definitiva, los bienes más preciados de los ciudadanos. Para algunos ese reducido colectivo formaría algo así como un reino aparte, habitado por una pintoresca población que habla su propio idioma (una jerga latinizante casi incomprensible); lucen extraños trajes típicos (esas largas y vistosas togas negras); y se solazan en solemnes ceremonias en los estrados de sus palacios (enigmáticos rituales que harían las delicias de los antropólogos). Es como si la nación española, que ganó fatigosamente su libertad en el año 1978, albergara en su seno un cuerpo extraño, un quiste medieval: un Vaticano de sacerdotes con puñetas, a los que los súbitos deben reverencia y sumisión.
Pero los habitantes de esa suerte de “Shangrila” judicial no parecen estar satisfechos. Más de 1400 de ellos promovieron en 2010 un Manifiesto donde, entre otros puntos, se quejaban de sufrir una intolerable politización. Reclamaban que el CGPJ (órgano de gobierno del Poder Judicial) dejase de estar designado por los políticos y que fuese democráticamente elegido por los mismos integrantes de la judicatura.
No obstante, hay quienes pensaron que dicha “politización” nada tenía de reprobable, pues no sería otra cosa que la democratización del último reducto del Antiguo Régimen. Imaginaban tomar la Bastilla judicial. De los veinte miembros que componían el CGPJ, doce de ellos eran escogidos libremente entre los propios jueces. En cambio, a partir del año 1985, todos ellos fueron designados por las cámaras parlamentarias. ¿Cuál fue el resultado?
Un espectáculo tan impúdico que no ha quedado más remedio que echar marcha atrás. Los miembros de ese Consejo, a la guisa de guiñoles coloreados de rojo o azul, danzaban según les pautaban las oligarquías de los partidos políticos dominantes. Aunque muchos politicastros consiguieron lo que buscaban, la opinión pública terminó hastiada. Había, pues, que buscar otra cosa. Sin ir más lejos, el diario “El País” publicaba el 31-III-2012 un artículo en el que se defendía que los miembros del CGPJ concurriesen al público sufragio electoral, análogamente a lo que sucede ahora con el Poder Legislativo.
No olvidemos que el CGPJ designa a los magistrados del Tribunal Supremo y que estos, a su vez, tienen la última palabra para revocar los pronunciamientos del resto de los órganos judiciales. Si un modelo de ese jaez triunfara, el Poder Judicial se asemejaría a nuestro Parlamento. A los políticos se les extendería un puente argénteo para colocar a sus adeptos en la cúpula de la judicatura, incluso más que ahora. Los partidos hegemónicos serían oídos en la labor cotidiana de los juzgados. De ahí a que se entrometiesen en los litigios singulares (como decidir si fulanito o menganito es culpable o inocente; o si debe o no tal deuda) no hay más que un paso (¿retornaremos al réferé législaif?).
Los jueces españoles no provienen de un país extraño. Al contrario, son únicamente (como los médicos, ingenieros o policías) integrantes de un colectivo profesional bien preparado que han debido dedicar larguísimos años de su vida a aprender una ciencia muy difícil, la del Derecho. Y no reivindican más que democracia interna, como los miembros de los colegios de abogados, de médicos o de cualquier otra agrupación profesional. Más que los subiditos de un Mónaco togado, se asemejan a los vecinos de un pueblo de cinco mil habitantes, “Villa Justicia”. En la actualidad están sometidos al dominio de la política. Es el momento de terminar con esa colonización externa.
El ciudadano tiene derecho a exigir que el juez que vaya resolver su caso lo haga con los ojos vendados, sin miradas de soslayo a la voluntad de los políticos (ya sea sobre la conservación de su puesto de trabajo, la pérdida de su vivienda o la custodia de sus hijos). Y la mejor manera de conseguirlo es garantizar que el Poder Judicial atienda sólo a la Justicia, nada más. Por eso hay que preservarlo de cualquier manipulación. Esa es la lucha de la Plataforma.