Acaba de salir el número de marzo de la revista Tempus, cuyo enlace se encuentra en este página.
Esta es su EDITORIAL
Si el actual Gobierno cumple sus promesas, contemplaremos un acontecimiento insólito: el poder político devolverá voluntariamente el terreno conquistado. Hasta ahora el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los judicatura, era designado por las cámaras parlamentarias lo que, en la práctica, suponía la sumisión a la partitocracia. El impúdico espectáculo en el que se han regodeado a lo largo de estos años, con el descrédito ante una ciudadanía estupefacta, es la mejor prueba de que este desastroso sistema debe ser abandonado; y cuanto antes.
Lo asombroso es que el poder político renuncie gozoso a sus prebendas. Si el Ejecutivo disfruta de una legítima mayoría absoluta, ¿por qué apearse de tan cómoda posición? En sus manos estaría determinar, ad libitum, la composición de la cúpula del gobierno judicial. Nada menos. Tal vez por genuina convicción democrática. Ojalá sea así. De hecho, confiamos en ello. Lo decimos con sinceridad, sin el menor asomo de ironía.
Ahora bien, oigamos lo que se rumorea entre pasillos: es ya un tópico que la carrera judicial española es conservadora. O, en román paladino, “de derechas”. Ergo, la democratización de la judicatura implicaría que su órganos de gobierno estuviesen alineados con el partido hegemónico: mayoría absoluta, no sólo en el legislativo, también en el judicial. En su día, ese temor formó parte del arsenal argumentativo de los que se oponían a la despolitización del Consejo: la sintonía ideológica debía ser con la sociedad, no con una casta meritocrática de funcionarios togados. Acaso ello explique que la izquierda fuese tan poco entusiasta del retorno al modelo primigenio.
La Plataforma romperá con esta lógica endiablada de la lucha partidista. En el fondo es una cuestión que toca a las convicciones filosóficas: El Consejo no debe gobernar atento a la ideología política, sino solamente a la corrección jurídica de sus decisiones. Si se abre un expediente a algún magistrado, ha de ser en estricta aplicación del principio de legalidad, no de la oportunidad, por mucho que disguste a la opinión pública; si se escoge a alguien para un cargo, ha de ser por su mérito y capacidad, no por su proximidad al preboste de turno, por mucho que duela a las camarillas palaciegas…y así, todo lo demás. El pueblo español duda de que un consejo cuya génesis es tributaria del poder político sea capaz de cumplir tan severas exigencias.
Por eso cuidemos que la reforma de la LOPJ no sea una excusa para abrir un portillo por donde se escurra vía subterfugios el control político que hemos venido padeciendo. El sistema de elección de los vocales debe ajustarse estrictamente al principio un hombre/un voto. Y, además, articularse con eficiencia para que no confiera el control antidemocrático a ninguna de las asociaciones judiciales.
La Plataforma ha publicado en su página web una propuesta de sistema electoral encaminado a que la voluntad de la carrera se manifieste sin distorsiones ni manipulaciones, articulando mecanismos para evitar “listas fantasmas” que sirvan a los intereses de los poderosos. Evidentemente, ningún método es infalible, todo es mejorable. Pero lo importante son los objetivos: ¿se busca la democracia o algo más?