LA CORRUPCIÓN ESTRUCTURAL DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA

                ¿Existe corrupción entre la judicatura española? Como en todos los colectivos, hay también ovejas negras. Sin embargo, lo normal es que nuestros magistrados se comporten con integridad, pese a que el diseño orgánico del poder judicial se halle fuertemente politizado. A esas conclusiones llega la asociación “Transparencia Internacional” (dedicada a evaluar el grado de corrupción a nivel mundial) en el borrador de su proyecto “ENIS”, recientemente publicado, donde se alertan de los riesgos de degeneración que afectan a la democracia de nuestro país.

                Sus palabras casi coinciden literalmente con el Manifiesto por la Independencia y la Despolitización de la Justicia, subscrito en el año 2010 por más de 1.400 jueces. Igualmente, con los fines programáticos de nuestra Plataforma, la cual defiende no sólo la democratización del Consejo General del Poder Judicial (cuya degradación es un hecho notorio) sino de todos los órganos de gobierno interno de la judicatura, incluidas las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. Los jueces decanos de toda España, reunidos este pasado año 2011, han propugnado igualmente el cese de la designación política de los puestos clave de nuestro sistema judicial.

                Transcribimos, a continuación, parte del contenido del citado informe de “Transparency International”:

El poder judicial tendría como punto fuerte la independencia, reconocida de forma expresa constitucionalmente y garantizada legalmente; en la práctica es también posible ejercer con plena independencia por parte de los jueces, aun cuando el órgano de control de los jueces está fuertemente politizado y los miembros de los Tribunales superiores se nombran con una relativa influencia política. En suma, existe un cierto incentivo, para los jueces que quieran llegar a los puestos superiores de sistema, de subordinar su plena independencia a ciertos compromisos políticos. Los puntos débiles más importantes son sobre todo, la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo, así como la débil rendición de cuentas existente en la práctica, no tanto en la norma, donde existen regulaciones mejorables, pero suficientes. Los jueces actúan normalmente con ética, responsabilidad y rigor, pero la irresponsabilidad, corrupción e ineficiencia no son suficientemente sancionadas.