Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional y socio fundador de la Plataforma, denuncia en un valiente ensayo la poltización de nuestra Justicia.  

                                JUSTICIA Y POLÍTICA      

“Hay un infinito número de variables que determinan la calidad de la Democracia. Podíamos hacer una lista durante el resto de nuestras vidas, y no las listaríamos todas. Pero hay sólo dos de las que la supervivencia de la Democracia depende, y esas son la prensa libre y una judicatura independiente. No hay democracia sin esas dos.” Juez Alexander Sanders (EEUU).

 JUSTICIA POLITIZADA: JUSTICIA NO INDEPENDIENTE:

 “La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el poder judicial” (s TC 108/1986).

JUSTICIA CUESTIONADA

En España se ponen 1.686.425 sentencias en 9.464.341 asuntos al año. Para un país de unos 47 millones de habitantes, a dos ciudadanos por pleito –que los hay de muchos más-, quiere decir que la usan, al menos, uno de cada cinco, cada año. Más que las privilegiadas y mejor dotadas estrellas de los dineros del Estado de Bienestar: Sanidad y Educación.

En los últimos 10 años los ciudadanos que critican su labor han incrementado su uso en un 33%. Pocas instituciones públicas se han usado más porcentualmente.

 Se resuelven 9.322.623 asuntos y sólo unos 60 “escandalizan” a la opinión pública.

Pese a ello, el 76% de los españoles piensa que la justicia funciona mal/muy mal/regular, el 24 % que ha empeorado en los últimos 4 años, el 86 % piensa que no se trata igual a un político que a un ciudadano corriente y el 76% piensa que el resultado del pleito depende del Juez que te toque.

Mala apreciación y peor estima, pero entendible porque, a diferencia de enseñar o curar, que no cuentan con una página diaria en los periódicos similar a la de “Sucesos-Tribunales”, juzgar supone estimar/condenar o desestimar/absolver, y de por sí todo lo que tenga que ver con dar o quitar la razón, afecta a la pasión y demoniza a la profesión a la que toca en suerte hacerlo.

Es esta la razón ontológica, propia de su esencia ineludible, por la que debe defenderse institucionalmente la función de “decir quién está del lado de la legalidad y quién no”.

Frente a la sindicación –prohibida por ley- o el gremialismo, que siempre se observa como una respuesta meramente endogámica, la función de juzgar –que existe en cualquier sociedad, evolucione como evolucione, al poco de formarse, deviniendo en esencial- debe defenderse desde fuera, con toda la fuerza de las instituciones y con el principio de la Autoridad, para preservar su subsistencia normalizada.

Sorpresiva pero no incoherentemente, la casta política temporal española –Legislativo y Ejecutivo-, esta sí preocupada más de su subsistencia que de servir al ciudadano, pretende erosionarla y desgastarla -aun sabiendo que no cuenta con mecanismos de defensa similares a las estructuras de los partidos políticos y su control sobre la prensa-, y predican sobre ella según les va el resultado de los asuntos en los que se ven afectados, acríticamente, lo que no es siempre halagüeño.

 Y cada vez que lo hacen, las masas, y especialmente quien ha perdido un asunto ante la Justicia, que las cifras dicen que son nueve millones y medio de españoles cada año, la sancionan y vituperan, desahogándose y ahogando cada vez un poco más la institución y su Autoridad.

 

 

JUSTICIA INFRADOTADA

 

 Mientras tanto la Justicia se mantiene proletarizada/infradotada de medios materiales (el 62% de los ciudadanos encuestados aprecia que son insuficientes) y sobre todo escasísimamente más todavía de  jueces: en España hay la mitad de Jueces por habitante que la media europea, con sueldos inferiores a la media europea, para afrontar una de las cargas de asuntos/Juez más elevadas de Europa.

 

 

JUSTICIA POLITIZADA

 

El gobierno del Poder Judicial –que prioritariamente, a diferencia de las sentencias, afecta al estatuto judicial (formación, trienios, permisos, licencias, disciplinario, etc.) más que al ciudadano- se organiza sin democracia interna: El CGPJ no lo eligen los jueces, sino los políticos.

 Los destinos finales de la carrera judicial (técnica/no política) los ocupan los proclives, no los de mayor mérito/capacidad, situación que no ocurre en otros grupos de funcionarios del nivel A (notarios, médicos, pilotos, Abogados del Estado, entrenadores de selección española de fútbol…)

Politizando el CGPJ se politizan –carecen de independencia- los nombramientos, los ascensos, la inspección, el régimen disciplinario, y todo se tinta de política, materia que debería orillar el Juez, para ceñirse exclusivamente a lo que la Ley quiere.

Para combatir la falibilidad y el error judicial el sistema legal ha inventado el remedio del recurso y la apelación ante instancias superiores.

Para incidir e influir, el Ejecutivo y el Legislativo politizan las instancias superiores que controlan los recursos y sus ulteriores instancias.

 Para amedrentar a la carrera judicial diseñan una Inspección, a indicación política: que primero condena (entre 2008-2010 han incrementado un 25% las sanciones a Jueces, los funcionarios más sancionados del grupo A) y después encuentra la razón.

En consecuencia, surge el Juez dócil, que dice lo que el poder quiere oír, sea justo/legal o no y el comprometido, que asciende si se significa política, no jurídicamente.

 

 

 

DOS TIPOS DE JUEZ; UNA JUSTICIA

 

Aparece el Juez que calla y pone sentencias –al que se veta- y el “me debes una”, que asciende por “atajos” precisamente porque no las pone y se dedica a medrar.

La Justicia politizada, de la cúpula, se desvincula de la Justicia de base de los Juzgados normales y corrientes –la mayoría- y se trasmite la visión de la primera como la propia de la carrera, cuando es la minoritaria.

Se comienza a conocer el nombre/apellido/adscripción ideológica del Juez, se clasifica el “ganado” –Felipe González iniuriat- en conservadores y progresistas  y desaparece la figura del Juez con la venda en los ojos y la balanza, ese Juez sin nombre, sin protagonismo individual, y menos colectivo, que requiere el sistema para asegurar la recta aplicación, sin más, de la Ley.

 

CONCLUSIÓN: JUSTICIA NO INDEPENDIENTE

 

En conclusión, lo que ocurre se aprecia y España aparece en las estadísticas internacionales en el puesto 60 de 133 en cuanto a independencia judicial frente a poderes públicos y empresas (World Economic Forum)

 Si se dice que países como Namibia ocupan el puesto 21,  Bostwana (el 27), Malawi (el 39) o Gambia (el 41), la percepción exterior de nuestra independencia judicial a nivel mundial, deja mucho que desear, y no sólo por falta de medios.

 

JUSTICIA NO ES PRENSA

 

La Justicia es lenta, por definición.

La Justicia no debe precipitarse, porque exige preparar el juicio oral, recabar y reunir pruebas tanto de cargo como de descargo, y sobre todo oír la versión del inculpado.

Cuando partes del Sumario se filtran precipitadamente a la prensa, especialmente los preliminares, se ataca a la presunción de inocencia.

El proceso que vive del prejuicio (“Imputa, que algo queda”) y que busca el linchamiento mediático, se convierte en un estigma, se aleja de la noción en sí mismo de justicia.

Mella una impresión y desprecia la reflexión.

La Justicia no es la sacralización de una versión, especialmente la de la denuncia, sino un sistema de garantías que pretende evitar los errores: el Secreto sumarial –el que deben mantener las partes sobre lo que se les notifica desde el Juzgado hasta el juicio de probabilidad del Juez que acabe en sobreseimiento o procesamiento- preserva de intereses y contaminaciones extraprocesales que pueden perjudicar la presunción de inocencia, garantizando la igualdad de armas, para que no tenga ventajas la acusación sobre la defensa.

La prensa, cierta prensa, cuando trata noticias judiciales, por el contrario, obra con precipitación y se concibe solamente como un mero resorte para crear presión: los juicios paralelos son contrarios a las garantías procesales (recuérdese, si no, el caso Mari luz, el de Ana Rosa Quintana, el de Alcácer, el de Wanikof, etc.) y se convierten en un simple medio para lograr audiencia.

Germina así la llamada prensa sensacionalista: la que compra el testimonio o el insulto, no contrasta los rumores que expande y simula y eleva a espectáculo lo que trata (Es la “televisión hecha por bribones para imbéciles”: Savater dixit)

La prensa debe dedicarse a informar –publicidad y derecho a la información- de todo lo que conlleve “interés general” (no particular), esté o no sub iudice, con el límite del respeto a la ley y a los derechos ciudadanos –presunción de inocencia, juicio justo, intimidad, dignidad de la persona y respeto a menores e incapaces-

Por ello, quien deliberadamente se aleja de este principio, buscando exclusivamente audiencia y negocio, aun al precio de mancillar al investigado en un proceso penal, merece una sanción, por ser creador de contenidos “inaceptables” para una Democracia, que si algo enseña es que no debe haber nadie por encima de nadie.

 

CGPJ POLITIZADO

 

Cada vez con mayor evidencia en el tiempo, los Vocales del CGPJ y muchos de los altos cargos judiciales designados por él siguen lemas grupales contrarios al interés ciudadano y al gobierno de los jueces, actuando simplemente siguiendo consignas propias de intereses meramente partitocráticos, en contra de lo querido por el Art. 122 CE.

Su conducta supone la instauración de un sistema de cuotas, mero “cambio de cromos” inaceptable en materia de nombramientos judiciales que en el mejor de los casos desprecia el consenso y evidencia el mercadeo ideológico que sólo sirve para alcanzar mucha mediocridad –medianías- y genera meses de puestos vacantes –que la función no alcanza a soportar sin un desmerecido desgaste-.

Igualmente certifica la muerte del mérito y la capacidad, que se sustituye por la lamentable llamada telefónica a despachos –“¿qué hay de lo mío?-, en signo de pleitesía.

De esa forma sus actores configuran el CGPJ como un campo de batalla partidista, que a pequeña escala, -en una institución a la que la pasión política debería dejar indiferente-, reproduce la pugna de quienes contienden en las urnas, quizá, como para sus hermanos mayores los partidos políticos, simplemente, asegurar su supervivencia, convirtiendo a los Vocales en rehenes o títeres de una política que margina los intereses ciudadanos, convirtiéndoles en gente que entra en un cargo esperando salir elegido para el siguiente.

 

 

JUSTICIA DESAPODERADA

 

Suprimida la facultad de que los Jueces nombren 12 de los 20 vocales del CGPJ, tal como indica el tercer párrafo del artículo 122 de la Constitución, que nunca previó tutelajes parlamentarios, los políticos eligen sus altos cargos (Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Supremo y –aunque no es un órgano judicial, el Tribunal Constitucional-), no según el escalafón, ni el mérito/capacidad, sino según afinidades y lealtades.

Junto a esto, que ocurre con sus cúpulas, el sencillo Juez de a pie, ve paulatinamente recortadas sus facultades y atributos profesionales:

Los Jueces ven, en escasos años de Democracia, cómo se elimina su potestad disciplinaria sobre los colaboradores de la Justicia y sobre los funcionarios de su propio Juzgado –que incluso pasan a denominar “Oficina judicial” para alejarla del concepto Juez-

Sus medios materiales los gobierna la Comunidad Autónoma  en que radican, a quien deben mendigar hasta lo más básico para funcionar y que les recuerda constantemente que no les abastece mejor, porque “la Justicia no vende”.

Es la Administración de Justicia la única que permanece informáticamente aislada e incomunicada, sin posibilidad de interconexión.

Los Jueces pierden su facultad autoorganizativa: se les indica el volumen de lo que pueden resolver –como si no existiesen las incidencias, como si hubiese dos casos semejantes en diligencias o tiempo de resolución-, y, lo que es peor, qué asuntos resolver, y cuáles no, siempre desde la perspectiva de un funcionario dependiente del Ministerio de turno.

Los Jueces, por perder, pierden la sede: pasan del Palacio de justicia al Juzgado, de este a la Oficina y de ahí, al despacho del Tribunal de Instancia.

Pierden el personal: pasa a ser Oficina del Secretario judicial, dependiente, como se dice sin disimulo, del Ministerio de Justicia, patentizando la invasión del Ejecutivo de lo que queda de un poder concebido, entre otras razones, para evitar y corregir los desmanes a que lleve sus ansias de poder.

Pierden su auctoritas, su voz consultiva en proyectos normativos, y se les desespecializa.

Pasan de ser un Poder a ser funcionarios proletarizados, mal pagados y peor abastecidos.

La política de las 9 legislaturas democráticas ha estado más centrada en regular y controlar el poder judicial, que en dotarle de medios e independencia para que cumpla su función.

Controlando –el Ejecutivo- a quien debe controlar –el Judicial-, se acaba con el control.

La Política no trata de arreglar la Justicia, porque para eso la han desapoderado.

No es una prioridad presupuestaria.

La Justicia no vende.

 Como puede ser una molestia, la aíslan y vituperan: en palabras del Profesor Nieto, “las primeras víctimas son los propios jueces”.

 

 

 

PRENSA POLITIZADA

 

Los tertulianos televisivos, sustitutos de los editorialistas periodísticos, nos aleccionan desde los medios de masas “defendiendo lo indefendible” según el partido o ideología a la que se adscriben:

–       (re) transmiten la versión oficial u oficiosa del Gobierno u oposición.

–       reducen las perspectivas a dos (maniqueísmo): conmigo o contra mí, robándonos los matices.

–       lanzan cortinas de humo o globos sonda, en lugar de razones.

–       exhiben la adhesión política, la lealtad ideológica, por encima de la razón, por encima de las ideas.

También son rehenes o títeres de los políticos.

Si la prensa está subvencionada por la Política. Si la Justicia deja de ser el último bastión de control de las irregularidades en la política: ¿quién controla sus errores, el absentismo, privilegio, abuso, enchufismo, nepotismo, despilfarro, dietas, lujo, regalos, etc. de los políticos?

 

 

 

 

JUSTICIA/PRENSA INDEPENDIENTES: CONTRAPESO AL PODER POLÍTICO

 

La Justicia y la Prensa independientes son el único contrapeso legal al omnímodo Poder político.

El Poder Legislativo, es el Ejecutivo sentado en el Parlamento.

El  Parlamento y el Ejecutivo son uno y lo mismo: (¿acaso alguien recuerda censuras, confianzas, mociones, comisiones de investigación que no respondan a estrategias de acceso al poder en vez de a métodos de control del mismo?)

Son la Partitocracia en la alternancia: un modo de vida profesionalizado en que prima el propio interés y la autoperpetuación sobre el bien común y el pueblo que se dice gobernar.

Las leyes no las hace la Justicia (que no se vota en las urnas) sino la política. Si se incumplen, los ciudadanos lo denuncian y el Juez no impone ni corrige: dice lo que la ley dice que hay que aplicar: es el Estado de Derecho.

Si al político no le gusta la sentencia (el Estado a quo de Derecho), debe cambiar la ley, y una vez cambiada, el Juez no puede sino aplicarla: el Juez está controlado por el Estado de Derecho.

Pero a los políticos les gustan los “atajos”: aparentar estar en la legalidad, pero denostar que se les condene por no ser cierto (la financiación política, las adjudicaciones en los concursos públicos, ciertas formas de corrupción, etc.).

Orquestan campañas políticas contra el Juez “censor”: arrojan la enormidad del Aparato y su propaganda ante lo que la toga del Juez parece tan solo un insignificante puntito negro.

La crítica, la neutralidad y la censura –predicamentos propios de la Prensa y Justicia independientes- combaten la lealtad, la adulación, la profesionalidad y los errores de la Política.

De lo contrario, de instalarnos en el partido y la ideología únicos, pierde el pueblo, se retrasa el progreso, la civilización retrocede.

No hay Democracia sin Prensa y Justicia independientes: auténticos contrapesos al poder político.

No se deben poner las instituciones de control al servicio de intereses no generales (a veces inconfesables), y casi siempre alejados del bien común: acaban siendo meros instrumentos de su voluntad.

¿Soluciones?

Pocas y difíciles, aunque las hay, y se resumen en una: voluntad política para cambiar esta degradación, que, o surge del propio político, por su bien, o le es impuesta por la sociedad, por el suyo. Señalaré meramente tres, y con ello acabo:

 

–       Instaurar programas de urgente regeneración política: democratizar la democracia y finalizar la Partitocracia y el turnismo.

–       Confeccionar un Plan político serio para devolver la independencia al poder judicial

–       Asumir el Manifiesto por la despolitización Judicial (que más de 1500 jueces de toda España ya hemos firmado) y trabajar desde la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.

 Muchas gracias.

               Eloy Velasco Núñez

                       Magistrado instructor de la Audiencia Nacional