Grande ha sido el revuelo que se ha levantado ante las palabras del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre el llamado “caso Púnica”, instrucción judicial dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Se trata de un procedimiento judicial donde se acaba de citar en calidad de investigado a Pedro Antonio Sánchez, presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia.

¿Cuáles han sido las razones de la polémica?

Según los medios, la Fiscalía general del Estado ordenó a las dos fiscales encargadas de la investigación que se abstuvieran de intervenir. Dicho mandado, remitido por escrito, fue acatado. Posteriormente, según parece, les hizo llegar otra orden, esta vez oral, a fin de que opusiesen a la tramitación de la causa. Entonces ambas se negaron a cumplirla. He aquí el casus belli que ha salpicado al Ministro pues, cuando este se enteró de lo sucedido, se habría puesto de parte de la superioridad, pronunciando unas palabras que ya se han hecho célebres: “yo me pongo de parte de los jefes”.

Ahora bien, tal como establece la Constitución en su artículo 124, el Ministerio Fiscal se conforma según el principio de “dependencia jerárquica”. Por tanto, de entrada, los subordinados deben obedecer a sus jefes.

¿O no?

La obediencia tiene un límite: la Ley. Ante una orden antijurídica, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) proporciona un escudo defensivo. Ese el artículo 27, que reza: “1. El Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola” (…)

Ahora bien, semejante precepto es poco más que un brindis al sol. Su uso es excepcional. Y es que dicha norma no opera en el vacío, sino en el seno de un sistema cerrado y jerárquico como es la Fiscalía. Tal como la psicología social ha puesto de manifiesto gracias a los estudios de autores como Iñaki Piñuel, dichas estructuras corren el riesgo de degenerar en las llamadas “organizaciones tóxicas”, esto es, ámbitos donde los mecanismos formales de decisión son substituidos por usos opacos, arbitrarios, campo abonado para practicas viciosas, como el “acoso moral” (o mobbing).

No perdamos de vista que son los fiscales jefes quienes deciden acerca de la organización del servicio, la distribución de los asuntos, los permisos y licencias de sus subordinados -artículo 22.dos.a) del EOMF-. El funcionario disidente se expone a pasar un calvario pues se abre un mundo de represalias que, bajo la apariencia de legalidad, escondan hostigamiento psíquico.

Algo tan sencillo como destinarlo a un juzgado atascado, asignarle un periodo vacacional incómodo o sobresaturarlo con una carga laboral inasumible. Aislado y perseguido, es muy difícil sobrevivir en un entorno tan hostil. Son muy pocos los que se rebelan.

Un ejemplo ya clásico fue el fiscal Ignacio Gordillo, encargado de la investigación del terrorismo de estado (asunto “Lasa y Zabala”) que, junto con otros intrépidos rebeldes, fueron apodados como los “indomables”. Más recientemente, Juan Antonio Frago, al que le costó su resistencia, nada más y nada menos que la expulsión de la carrera fiscal, hasta que los tribunales reconocieron la injusticia de la sanción y no les quedó más remedio a sus superiores que readmitirlo.

Un detalle importante es que, según las noticias disponibles, la orden desobedecida no se plasmó por escrito, circunstancia esta que habría proporcionado la escapatoria para apartarse del mandato sin incurrir en desobediencia formal. Lo preocupante es que semejante proceder evidencia corruptelas propias de estructuras enfermas, afectadas del vicio de la toxicidad organizativa.

No es de extrañar que la clase política se empecine en atribuir la investigación criminal al Ministerio Público, ya que es más fácil presionar a un fiscal que a un juez, protegido este último por su independencia y a salvo de que ningún jefe lo haga objeto de acoso moral.

¿Cuál sería la solución?

Una revisión a fondo del EOMF, democratizándolo, imbuyéndolo de transparencia. En cierto modo, “desmilitarizándolo”. Aunque la dependencia jerárquica sea necesaria, es necesario instituir cautelas para evitar abusos. Proponemos, al menos, dos:

En primer lugar, sometiendo las decisiones de contenido laboral, que ahora se deciden autocráticamente por los jefes, al dictamen vinculante de las Juntas de Fiscalía, esto es, a la reunión de todos los fiscales que sirvan su destino en un determinado ámbito jurisdiccional. O sea, que reemplazar una monarquía absoluta por otra constitucional. En definitiva, democratización.

En segundo lugar, importando un precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativo a los secretarios judiciales, el 465.8 que, aunque permite a los superiores dictar instrucciones generales, prohíbe impartirles órdenes en un caso concreto.

No es necesario ser adivino para percatarse de que el Ministerio de Justicia jamás aceptará de buen grado tales propuestas. Pues, de contrario, ¿para qué les servirían los fiscales? Res ipsa loquitur.
Jesús Manuel Villegas Fernández es Magistrado de Instrucción.