REGRESIÓN DEMOCRÁTICA

            La Plataforma denuncia ante las instituciones europeas los sistemáticos ataques a la justicia española cuyo último episodio es la acción coordinada entre el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional para anular el control jurisdiccional ordinario del Tribunal Supremo con ocasión de la llamada “Ley de Nietos”. Este último incidente no es más que un capítulo de una larga historia de colonización política de las instancias judiciales mediante el reparto partidista de cargos y la interferencia directa en el funcionamiento de la actividad de nuestros tribunales. En consecuencia, la Plataforma solicita de las autoridades supranacionales la apertura de una investigación formal sobre la violación del Estado de Derecho en el Reino de España.

 

A LA ATENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA (Presidenta, Vicepresidente Ejecutivo de Soberanía tecnológica, Seguridad y Democracia y Comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección del Consumidor) Y DEL PARLAMENTO EUROPEO (Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior – LIBE, Comisión de Peticiones – PETI y Comisión de Asuntos Jurídicos – JURI)

 

Por medio de la presente, desde Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, asociación ciudadana, sin ánimo de lucro, de carácter transversal, constituida por juristas y otros profesionales de la sociedad civil preocupados por los continuos ataques al Estado de Derecho que estamos sufriendo en España, procedemos a trasladarles la denuncia adjunta relativa a la crisis institucional y al deterioro del Estado de Derecho en el Reino de España.

Solicitamos la máxima atención de las delegaciones competentes basándonos en tres puntos clave de urgencia sistémica:

1. Vulneración flagrante del principio de no regresión (anti-backsliding): Se denuncia un proceso planificado y constatable de pérdida de salvaguardas en la independencia judicial y neutralidad institucional respecto a los umbrales preexistentes, lo que contraviene directamente el artículo 2 del TUE y la jurisprudencia vinculante del TJUE.
2. Colonización partidista de órganos institucionales mediante cuotas de poder: La denuncia expone con datos matemáticos y nominales cómo las cúpulas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo han sido colonizadas mediante repartos bipartidistas o la designación directa de exmiembros del Ejecutivo, anulando la separación de poderes.
3. Acción coordinada para anular el control jurisdiccional ordinario: Se aporta como hecho de extrema gravedad institucional y urgencia temporal la inédita alianza procesal exprés entre el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Esta maniobra busca revocar de forma inmediata resoluciones del Tribunal Supremo sin oír a las partes personadas, quebrando la tutela judicial efectiva.

Por todo ello, se solicita la incorporación inmediata de este expediente a los mecanismos de monitorización del Estado de Derecho de la Unión Europea.

Por medio de la presente, desde Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, asociación ciudadana, sin ánimo de lucro, de carácter transversal, constituida por juristas y otros profesionales de la sociedad civil preocupados por los continuos ataques al Estado de Derecho que estamos sufriendo en España, procedemos a trasladarles la denuncia adjunta relativa a la crisis institucional y al deterioro del Estado de Derecho en el Reino de España.

Solicitamos la máxima atención de las delegaciones competentes basándonos en tres puntos clave de urgencia sistémica:

1. Vulneración flagrante del principio de no regresión (anti-backsliding): Se denuncia un proceso planificado y constatable de pérdida de salvaguardas en la independencia judicial y neutralidad institucional respecto a los umbrales preexistentes, lo que contraviene directamente el artículo 2 del TUE y la jurisprudencia vinculante del TJUE.
2. Colonización partidista de órganos institucionales mediante cuotas de poder: La denuncia expone con datos matemáticos y nominales cómo las cúpulas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo han sido colonizadas mediante repartos bipartidistas o la designación directa de exmiembros del Ejecutivo, anulando la separación de poderes.
3. Acción coordinada para anular el control jurisdiccional ordinario: Se aporta como hecho de extrema gravedad institucional y urgencia temporal la inédita alianza procesal exprés entre el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Esta maniobra busca revocar de forma inmediata resoluciones del Tribunal Supremo sin oír a las partes personadas, quebrando la tutela judicial efectiva.

Por todo ello, se solicita la incorporación inmediata de este expediente a los mecanismos de monitorización del Estado de Derecho de la Unión Europea.

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