RESUMEN DEL COMUNICADO

              Auténtico escándalo jurídico constituyen las sentencias que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado el 16 de julio de 2026 mediante las que declara la compatibilidad con el derecho comunitario de la ley de amnistía promulgada en España a favor de los secesionistas catalanes. Además de atentar contra la igualdad constitucional de los españoles, abren paso a la impunidad de cualesquiera actos delictivos futuros, caso de que convenga al poder político. Sea como fuere, la Plataforma expresa su máximo respeto a la decisión de los magistrados europeos y recalca que el verdadero problema de fondo radica en el Tribuna Constitucional Español, a cuyos pronunciamientos se remiten los miembros de la referida  corte supranacional.

TEXTO ÍNTEGRO DEL COMUNICADO

Con pleno respeto a las dos sentencias del TJUE sobre la amnistía que acaban de conocerse, la PCIJ lamenta que no amparen el resultado que, a nuestro juicio, el Estado de Derecho parecía demandar.

A la espera de poder analizar los distintos argumentos utilizados por el Tribunal, y del resto de sentencias pendientes, hoy sabemos que el Estado puede eximir de responsabilidades penales a personas concretas aun en ausencia de cualquier razón real que no sea puro interés político de más corto plazo del gobierno de turno.

Sabemos que todos los españoles habrán de cumplir las penas que les correspondan, menos aquellos que posean algo que interese al gobierno como objeto de cambio para obtener su impunidad. El Estado de Derecho ha quedado enmendado hasta extremos cuyas consecuencias, que serán de largo alcance, solo conoceremos en el futuro. Si esta amnistía es aceptable, cualquier abdicación del Estado de Derecho puede serlo, en cualesquiera circunstancias.

Sea como fuere, el verdadero problema de nuestro Estado de Derecho es interno y radica en la omisión del cumplimiento de sus funciones por parte del TC al revisar la ley. El TJUE tiene ciertos límites y condicionantes competenciales. El verdadero escándalo es que el TC pudiera afirmar, de manera inconcebible, que ley de amnistía no vulnera el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles o la garantía del Estado de Derecho y, en suma, que es compatible con la Constitución, cuando su incompatibilidad es manifiesta.

Por otro lado, ahora conocemos las razones de las prisas que manifestó el TC en resolver antes que la justicia europea: el TJUE se apoya expresamente en la sentencia de aquel órgano para rechazar alguna de las cuestiones de más calado, como la finalidad real de la amnistía, las cuales han quedado finalmente carentes de cualquier análisis real.