(Comunicado PCIJ)

Resumen del comunicado:

Repulsa enérgica de la Plataforma ante los ataques sistemáticos contra los jueces que investigan casos de corrupción, de la que la magistrada Biedma es uno de los ejemplos más evidentes. Consecuentemente, apoyamos el comunicado de las asociaciones judiciales, así como la declaración del CGPJ, si bien esperamos que en el futuro muestre este último órgano mayor firmeza. Por último, advertimos del riesgo de violación de la normativa europea y de la inversión de la responsabilidad institucional, pues son los poderes públicos los que deben rendir cuentas ante la Justicia, y no a la inversa.

Texto del íntegro del comunicado:

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial manifiesta su más enérgica repulsa ante los ataques sistemáticos dirigidos contra aquellos magistrados que, en cumplimiento estricto de sus deberes constitucionales, investigan y enjuician presuntos delitos de corrupción vinculados a altas instituciones del Estado.

Estos ataques no constituyen mera crítica política legítima a resoluciones judiciales Se trata, por el contrario, de una estrategia orquestada de descrédito personal, hostigamiento e injerencia que compromete gravemente la independencia judicial y el principio de sumisión exclusiva de los jueces a la ley y al imperio del Derecho.

Especialmente grave resulta el caso de la magistrada Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, quien ha instruido con rigor y conforme a derecho la causa contra David Sánchez Pérez-Castejón y otros cargos por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Las informaciones publicadas sobre espionajes a su persona, familia y entorno, con el propósito explícito de deslegitimarla y neutralizar la instrucción, representan una intolerable forma de presión que vulnera no solo su independencia personal, sino la propia esencia del Estado de Derecho.

La Plataforma expresa su pleno y decidido apoyo a los comunicados emitidos por las asociaciones judiciales y fiscales que con acierto han denunciado estos hechos y exigido una respuesta institucional contundente. Compartimos íntegramente su diagnóstico y su llamamiento a la defensa de la Carrera Judicial.

Asimismo, nos congratulamos de la declaración emitida por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Valoramos este pronunciamiento unánime como un paso necesario, aunque deseamos y esperamos que el Consejo, en el futuro, adopte posiciones aún más firmes y proactivas en la defensa institucional de los magistrados atacados, en línea con las competencias que le atribuye la Constitución y la LOPJ.

Estos ataques no solo lesionan derechos individuales de los jueces, sino que configuran un riesgo sistémico de inversión del principio de responsabilidad institucional. En un Estado Constitucional, son los poderes públicos los que deben rendir cuentas ante la Justicia, y no a la inversa. Pretender someter a los instructores a vigilancia paralela, campañas de descrédito o presiones indirectas equivale a invertir el orden constitucional: convierte a los jueces en sujetos vigilados por aquellos a quienes deben controlar. Tal dinámica, contraria a los criterios europeos (art. 6 CEDH y Recomendaciones del Consejo Consultivo de Jueces Europeos), amenaza con instaurar una cultura de autocensura que vaciaría de contenido real la independencia judicial y consolidaría zonas de impunidad incompatibles con el art. 14 de nuestra Constitución (igualdad ante la ley).

 

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial reitera su llamamiento a todas las instituciones, partidos políticos y a la sociedad civil para que respeten escrupulosamente los límites que separan la legítima discrepancia de la injerencia intolerable. Solo una Justicia independiente, profesional y despolitizada puede garantizar la regeneración democrática y la lucha efectiva contra la corrupción.