La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial es una asociación de carácter transversal y no profesional, plural e independiente de los poderes públicos y organizaciones políticas. Somos una asociación constituida hace ya 10 años por juristas y otros profesionales de la sociedad civil con el objetivo de defender el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial, de conformidad con los estándares europeos e internacionales. Más información en: https://plataformaindependenciajudicial.es/fines/

Ponemos en su conocimiento que el partido en el gobierno (PSOE) ha pactado con grupos políticos, cuyos líderes han sido condenados o están buscados por malversación de caudales públicos, amnistiar tales delitos a cambio de su apoyo parlamentario. La ley es inminente. Esto se suma a la reciente ley que trató de rebajar las penas a la malversación de caudales públicos. Estas malversaciones pueden haber afectado a fondos europeos. 
Además, se prevé la posibilidad de que el parlamento exija responsabilidades a los jueces que persiguen tales delitos.

PROBLEMA
El partido en el gobierno (PSOE) va a impulsar de manera inminente en el parlamento una ley que pretende amnistiar delitos de caudales públicos a los políticos que apoyen al gobierno y condicionar a los jueces que los persiguen.

– Posible infracción de la reforma legal respecto a la forma. Ya que esta reforma se tramitará como proposición de ley y no como proyecto de ley, por los tramites de urgencia. Omitiéndose el preceptivo trámite de previa audiencia que debe otorgarse a todos los sectores implicados (CGPJ, Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia-Consejo de Europa), asociaciones judiciales, fiscales. Pudiendo suponer una vulneración del art. 19 TUE, y de las Recomendaciones de la Comisión Europea 2017/1520 y 2018/103.

-Infracción del Derecho UE.

La cláusula de protección del Estado de Derecho del art. 2 del Tratado de la Unión Europea, así como el acuerdo del Parlamento Europeo y Consejo de 16 de diciembre de 2020, por el que se establece un mecanismo que permite la suspensión o reducción de fondos europeos cuando se produzcan violaciones del Estado de derecho en los países miembros que puedan poner en peligro los fondos europeos.

DERECHOS AFECTADOS DE LA CARTA DERECHOS FUNDAMENTALES
Artículo 20, igualdad ante la ley: se perdonan delitos a personas concretas por interés partidista, y no al resto de los ciudadanos.
Art. 47, derecho de tutela judicial efectiva y juez imparcial: se impide a los jueces realizar su labor de acuerdo con las leyes y se pone en riesgo su imparcialidad.

La aprobación de esta norma supondría la vulneración de un principio jurisprudencial básico, que es la cláusula de no regresión, expresada en la STJUE de 20 de abril de 2021, asunto Repubblika v. Il-Prim Ministru ¹. Implica que los Estados miembros no pueden reducir las garantías existentes en el momento de su adhesión, no admitiéndose retrocesos en su sistema de garantías de independencia, ni empeorar la efectividad de sus contrapesos. No se admitiría una regresión de su legislación en materia de organización de la Administración de Justicia, obligando a los Estados miembros a abstenerse de adoptar medidas que puedan menoscabar la independencia judicial.

Si el poder legislativo puede archivar procedimientos judiciales en trámite o dejar sin efecto el cumplimiento de sentencias firmes, se produce una intromisión en la función constitucional del poder judicial, laminando la separación de poderes.

INDIQUE SI HA EMPRENDIDO ACCIONES Y PORQUÉ NO
No existen vía de recurso para este problema

Es por todo ello que reiteramos la adopción de las siguientes medidas:

1.- Que se efectúe por la Comisión Europea una investigación preliminar sobre lo expuesto e informe si la nueva reforma legislativa proyectada respeta o infringe, en cuanto a su contenido y/o su tramitación, la normativa europea (en particular los arts. 2 y 19 TUE), la jurisprudencia del TJUE y las recomendaciones de la Comisión Europea y del GRECO;

2.- Que se remita la petición a otras comisiones del Parlamento (como la de Asuntos Jurídicos y la de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior) para su información y para que inicien otras actuaciones en el marco de sus actividades legislativas;

3.- Que se inste al Parlamento Europeo a que solicite informe a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia-Consejo de Europa sobre el proyecto legislativo objeto de la presente petición;

4.- Que se pida informe al Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) sobre dicho proyecto legislativo;

5.- Que se aperciba a las Cámaras legislativas españolas a que, previamente a la aprobación de la norma legislativa objeto de esta petición, den audiencia al CGPJ español y a todos los agentes afectados por la respectiva reforma (asociaciones de jueces y fiscales y demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la Justicia);

6.- Que se adopten todas las medidas que considere adecuadas para tratar de resolver la situación expuesta en la presente petición, acordando la celebración de audiencias, visitas de información, informes, preguntas a la Comisión o al Consejo y/o debates en Pleno que se consideren oportunos.

7.- Que se inicie procedimiento de infracción contra el Reino de España por vulneración de la normativa comunitaria. ( Art. 258-260 TFUE).

Subsidiariamente, que con carácter previo a la apertura de procedimiento de infracción o de forma paralela, se aperture procedimiento previsto en el art. 7 TUE, como mecanismos de alertas, para constatar la vulneración y los riesgos existentes.

Confiamos en que desde dichas instancias europeas se actúe como garante de la separación de poderes e independencia judicial en España.

En Madrid, a 13 de noviembre de 2023..

Jesús Villegas Fernández

Secretario General Plataforma Cívica por la Independencia Judicial

Descarga el documento aquí:

Denuncia 13 N ante la Comisión Europea y Comisión de Peticiones