Resumen del comunicado:
La insurrección secesionista en Cataluña quedaría justificada si llega a aprobarse la ley de amnistía que, en términos de los que se ha tenido noticia, sería inconstitucional por dejar desprotegidas a las víctimas atentando contra la tutela judicial efectiva, además de romper la igualdad entre los españoles, quebrar la seguridad jurídica e invadir la independencia judicial, entre otras violaciones de derechos fundamentales. Es una ley cuya finalidad resulta antijurídica, pues no persigue el bien común, sino la satisfacción del interés particular de ciertos grupos de poder que han asumido el discurso de los enemigos del orden constitucional. Por tanto, la Plataforma hace un llamamiento para que la ciudadanía se movilice en defensa de nuestras libertades.
Texto íntegro del comunicado:
La amnistía prevista para beneficiar a los delincuentes que perpetraron la insurrección secesionista en Cataluña equivale a una traición a la convivencia pacífica entre los españoles.
Por un lado, el propio concepto de amnistía en el contexto de la España democrática del siglo XXI es inequívocamente inconstitucional. Por otro, esta concreta amnistía, tramada bajo la sombra del separatismo catalán, supone una concepción venal de la ley que, en vez de servir a la Justicia, se ofrece al mejor postor para la satisfacción de intereses partidistas.
No olvidemos que la Constitución prohíbe los indultos generales (artículo 62), figura jurídica ésta muy próxima a la amnistía, tanto es así que, más allá de diferencias técnicas, participan ambas del mismo espíritu ilícito. No es por casualidad este rechazo, a la vista de su incompatibilidad con la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE), puesto que veda a las víctimas la reparación jurisdiccional de sus derechos violados sin otra justificación que el provecho político. Por motivos parecidos atenta contra la igualdad (artículo 14 CE) y la seguridad jurídicas (artículo 9), al repartir prebendas de una manera arbitraria que impide al ciudadano planificar racionalmente la satisfacción judicial de sus legítimas expectativas. Y no menos significativo, ignora la exclusividad jurisdiccional de los tribunales, al arrebatarles el conocimiento de determinados asuntos, por lo que también quiebra la separación de poderes y la independencia judicial (artículo 117 CE).
Cuando estos principios generales se aplican al caso particular del procès, es el Estado de Derecho el que resulta amenazado, ese mismo que disfrutamos los ciudadanos españoles, no cualquier abstracción fruto de especulaciones eruditas. Así, la amnistía supone borrar completa y definitivamente el injusto penal de determinados actos delictivos, dicho de otro modo, los convierte en justos. O sea, se está justificando el desafío independentista al Estado español, equiparando la revuelta contra nuestro orden constitucional a la lucha por la democracia que propició la única ley de amnistía promulgada en nuestro país, la de seis de octubre de 1977. Si entonces se pretendía dejar atrás una dictadura para alumbrar un régimen de libertades, ahora se transmite el mensaje de que la España actual encarna un sistema liberticida contra el que habrían alzado legítimamente los separatistas catalanes. Es decir, se acepta el mismo discurso de aquellos que pretendieron anular la Constitución en una parte del territorio nacional y que ahora lo enarbolan en ámbitos internacionales contra el Estado español.
La paradoja se explica porque la amnistía es el precio que determinados sectores políticos pagan a los enemigos de España para mantenerse en el poder. El Derecho es algo más que un agregado de ritos y procedimiento vacíos, se inspira en fines de justicia y racionalidad. Y es irracional dotar de validez a lo que no es otra cosa que una negociación donde se pone sobre la mesa como moneda de cambio nada más y nada menos que la vigencia de la Constitución y, con ella, los derechos fundamentales que reconoce y garantiza. Resaltemos que son argumentos jurídicos, no sólo morales, los que fundamentan la inadmisibilidad de esta amnistía, pues sus fines son espurios, antijurídicos, no obedecen el bien común sino el interés particular.
Valgan estas consideraciones como una reflexión que, hasta que no se publique el texto de la norma, es necesariamente provisional. Con todo, lo que conocemos hasta el momento es de tanta gravedad que la Plataforma hace un llamamiento a la ciudadanía para que se movilice en defensa de nuestras libertades. Cuando está en juego la democracia, pasividad es complicidad.