La Plataforma se dirige a la futura presidencia del PP para advertir de los riegos que entrañaría renovar el CGPJ sin haber reformado antes la LOPJ: la situación de ilegalidad del Estado Español ante la Justicia Europea y el descrédito del Poder Judicial ante una ciudadanía cansada la farsa institucional a la que ha conducido la politización de la Justicia. La Plataforma espera que dicho partido se mantenga firme a su programa  y a su vocación europeísta, sin traicionar a los millones de españoles que confían en el mantenimiento de sus promesas electorales. 

 

CARTA ABIERTA AL FUTURO PRESIDENTE DEL PARTIDO POPULAR

Estimado señor:

Como juez español que soy, le escribo con gran inquietud ante el estado crítico que padece la Justicia de nuestro país. La asociación a la que represento, la “Plataforma Cívica por la Independencia Judicial”, es un colectivo, no solo de magistrados, sino también de abogados, fiscales, universitarios y otros ciudadanos, juristas o no, comprometidos con la despolitización de nuestro Poder Judicial y que desde hace más de un decenio venimos denunciando la corrupción jurídica.

Sabemos que son muchas las voces que claman por la renovación inmediata del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano rector de la judicatura española. Sabemos igualmente que el Partido Popular no ha prestado oídos a tales cantos de sirena, pues hasta ahora ha respetado su compromiso de promover la previa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) -basta leer el punto 161 de su programa electoral. Es una postura que ha mantenido contra viento y marea frente a la incomprensión de unos y hasta la abierta hostilidad de otros.

No se nos escapa, sin embargo, que son muchos los interesados en una reanudación urgente de las negociaciones: formaciones políticas empeñadas en controlar el Poder Judicial, jueces ambiciosos impacientes por mejorar su fortuna profesional y hasta bufetes de abogados involucrados en palaciegos juegos de influencias; todos ellos unen sus fuerzas en una presión coordinada difícil de soportar.

¿Qué ocurriría, futuro presidente, si terminase cediendo?

Muy simple, España se convertiría en un paria jurídico en el concierto de las naciones Europeas. A esta altura de este año 2022 se ha creado ya un rico acervo jurisprudencial, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que enseña que el gobierno del Poder Judicial no debe quedar completamente sometido a la política. La Justicia Europea ha advertido que los jueces deben participar en una proporción significativa en elección de los miembros de su máximo órgano rector. En España, sin embargo, dicha porción no es mucha ni poca, sino inexistente: las Cámaras Parlamentarias eligen sin excepción a todos y cada uno de los integrantes del CGPJ, los llamados “vocales”. Insólita anomalía la nuestra, tal vez únicamente equiparable a Polonia. Sabedores como somos de la vocación europeísta de su partido, nos extrañaría que se uniesen al descarado desafío a la legalidad transnacional de aquellos que no miran más que por sus intereses sin preocuparse por la suerte de nuestro país.

El sistema español descansa sobre una bomba de relojería que estallará tan pronto como algún caso se plantee a las altas instancias judiciales europeas. Futuro presidente, le rogamos que no pase a la historia como una débil comparsa que para escarnio de nuestro país nos colocó al pie de los caballos europeos. La independencia Judicial no es un privilegio corporativo sino el derecho de los ciudadanos a ser enjuiciados por un tribunal cuyos componentes estén libres de cualquier sospecha de gratitud por inconfesables favores. En definitiva, se trata de la tutela judicial efectiva, uno de los derechos humanos. Precisamente aquél que garantiza la protección de todos los demás.

No se deje engañar por aquellos que esgrimen la dificultad en reunir las mayorías necesarias para modificar la Ley. Hacen falta menos votos para reformar dicha norma orgánica (176, mayoría absoluta) que para renovar el Consejo (210, tres quintos). Es un falso dilema. Y, aunque no sea el momento de entrar en detalles técnicos, sepa que se alzan graves obstáculos legales para escoger a los vocales en las condiciones actuales puesto que, tal como explica la Plataforma en uno de sus informes, los trámites ya han caducado, por lo que nos exponemos a la nulidad del procedimiento en su conjunto. Ni que decir tiene que nos ponemos a su disposición para reunirnos en persona con Vd y trasladarle el material jurídico que hemos elaborado sobre este y otros aspectos relacionados, así como para resolverle de viva voz cualquier duda sobre el particular.

Tales razones, con ser importantes, no deben hacernos olvidar que lo más hiriente es otra cosa. Después de largos lustros bajo la vigencia la actual ley orgánica, el gobierno del Poder Judicial se ha degradado hasta límites inimaginables. A la postre ni siquiera se ha respetado la facultad del Parlamento en la designación de los miembros del Consejo, sino que todo se cocina entre camarillas partitocráticas, merced al tristemente conocido como “intercambio de cromos”, alianza entre políticos manipuladores y jueces trepadores, los políticos-togados. El nombre del futuro Presidente del Tribunal Supremo se filtra a la prensa antes de la votación, como si de un amañado concurso literario se tratase. Un montaje que evoca la más rancia España decimonónica, con el pucherazo, el encasillamiento y, en suma, la farsa institucionalizada. ¿De veras quiere Vd quiere ser uno de los actores en tan vergonzoso espectáculo?; ¿recitará el guion bufo que otros le hayan escrito?

Estamos persuadidos de que se mantendrá firme. Miles de jueces y, con ellos millones de ciudadanos de todas las condiciones, están pendientes de su decisión final. No nos decepcione. Es un camino que no recorrerá solo porque lo ha trazado el pueblo español y la Justicia Europea, última esperanza de progreso en estos tiempos tan convulsos. Mucha suerte, señor Presidente.

Atentamente, reiterando nuestra propuesta de celebrar un pronto encuentro:

Jesús Manuel Villegas Fernández.

Secretario General de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.