Resumen del comunicado: Infame es el pacto del que se ha tenido noticia entre el Gobierno y el principal partido de la oposición para renovar el gobierno del Poder Judicial, por obedecer a un intercambio de cromos en cuyo canje también se incluye el equipo director de Radiotelevisión Española. Desapoderando al Parlamento del debate público, las camarillas políticas han urdido una componenda que perpetúa un sistema corrupto que ya ha recibido las críticas de las altas instancias europeas y que amenaza la libertad de los ciudadanos.

Texto íntegro del comunicado:

Superado el golpe de Estado de 1981 nuestra democracia se abría sin complejos a la modernidad y al progreso. Pero, coincidiendo casi en el tiempo, se incrustó en su núcleo un pozo de corrupción que ahora se desborda. Así lo evidencia el pacto anunciado entre el Gobierno y el principal partido de la oposición para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), componenda inconstitucional que escenifica una infame farsa jurídica que se lleva ejecutando desde 1986.

La composición del CGPJ no es el fruto de abiertos debates parlamentarios en el seno del Poder Legislativo, sino el subproducto de opacas negociaciones entre camarillas de las cúpulas dominantes en las que no se elige a los más competentes y capaces sino a los más leales. La transparencia cede ante el intercambio de cromos. Así, los flamantes vocales estarán incluidos en un paquete donde también se ha negociado, entre otros puestos, el equipo directivo de Radiotelevisión Española.

El interés en elegir a los vocales del CGPJ es absoluto, pues los veinte vocales eligen de modo discrecional —que casi es a dedo en el devenir decadente del CGPJ— a los jueces del Tribunal Supremo y al resto de la cúpula judicial y, de esta manera, los partidos controlan la sensibilidad ideológica o la afinidad personal de los jueces que les juzgan, como aforados que son, y orientan o encaminan las grandes decisiones jurídicas que afectan a la política económica y social que llegan a casación.

Con todo esto, perdemos la igualdad de todos los españoles ante la Ley y sufre la apariencia de imparcialidad. Asimismo, derribada la separación de poderes, peligra la libertad de los ciudadanos y el uso del poder político ajustado a la ley y al Derecho.

El anunciado acuerdo de renovación del CGPJ es la plasmación más bastarda de esta corrupción. Más cuando las autoridades de la Unión Europea han recordado a España muchas veces que al menos la mitad de los vocales del CGPJ deben ser elegidos por sus pares y sin influencia política. Nuestros responsables institucionales, en un autismo autodestructivo, hacen oídos sordos a los estándares europeos, todo ello con la complicidad de algunos magistrados, políticos togados, que han optado por brindar el prestigio de su dignidad judicial para legitimar los manejos de la oligarquía partidista.

La Unión Europea ya sabe de la consolidación de esta corrupción. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial se encargará de seguir denunciándola en aquel foro, pero debemos asumir de una vez por todas que no se refuerza la democracia dejando a los partidos renovar el CGPJ, sino que se destruye. Y esta destrucción solo se supera si luchamos por que doce de esos veinte vocales sean elegidos sin cualquier tipo de injerencia política.