Por la presente la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) insta a los candidatos que concurren al último proceso selectivo pendiente ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que renuncien a participar en cualesquiera de sus trámites. Lo exige el respeto a su propia dignidad como miembros de un poder del Estado que se ha visto degradado por las maniobras del poder político y sus cómplices togados. Preserven así ante la sociedad el patrimonio moral de nuestra justicia, que una minoría está irresponsablemente dilapidando.
Recordemos que el pasado 28 de Julio de 2020 hemos tenido conocimiento de que el Consejo General del Poder Judicial decidió suprimir del orden del día la provisión de distintas plazas de nombramiento discrecional que estaban convocadas desde el pasado mes de diciembre. Según la nota de prensa, la paralización de nombramientos discrecionales obedece a “razones de prudencia” ante las negociaciones de los partidos políticos para renovar el CGPJ.
Semejante circunstancia nos mueve a varias consideraciones, cada una de ellas una razón por sí sola suficiente para no participar en lo que ha degenerado en una farsa institucional:
1.- Tras el vergonzante mensaje whatshap del senador Ignacio Cosidó, la renuncia del magistrado Marchena a presidir el CGPJ y el frustrado proceso de renovación del CGPJ, gran parte de la clase política vuelve a reestrenar la farsa para generar un nuevo reparto del pastel del CGPJ, en contra de las indicaciones de GRECO (Grupo de Estados Europeos contra la Corrupción).
Lo hacen además con negociaciones ocultas, ajenas a cualquier transparencia e incumpliendo la propia LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial), repartiéndose las vocalías entre los partidos políticos al margen de las cámaras parlamentarias. El Partido Socialista Obrero Español junto con su socio de coalición gubernamental, el grupo Unidas Podemos, promueve una nueva escenificación para degradar una vez más la independencia judicial. Si se confirma la participación del Partido Popular, quedará patente una vez más su falta de compromiso con la palabra dada, y la traición a su programa electoral relativo a la elección por jueces de los doce vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial.
2.- La paralización de los nombramientos por el CGPJ, tras una primera suspensión y una posterior reanudación, evidencia que la mayoría de vocales del CGPJ y su Presidente someten las decisiones del CGPJ sobre nombramientos a criterios de oportunidad política, sin amparo ni cobertura legal; es decir, son arbitrarias.
Supone un reconocimiento explícito de que los nombramientos de altos cargos judiciales no obedecen a los criterios de mayor mérito y capacidad, sino que se fundamentan en cercanías ideológicas o personales con los vocales, en cadenas de favores o en presiones externas. Si se seleccionase a los mejores de manera objetiva y con un criterio exclusivo de mayor mérito y capacidad, resultaría indiferente que fuesen nombrados durante uno u otro mandatos del CGPJ. Por el contrario, como se escogen por afinidad, ante los rumores de negociaciones políticas ocultas para renovar el CGPJ con nuevas mayorías, se busca que los resultados sean el fruto de las componendas entre diversas banderías que, de un color u otro, negocian entre bambalinas.
3.- Los votos particulares de tres vocales del CGPJ reconocen expresamente esta realidad: Carmen Llombart, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona destacan que la decisión “no está debidamente motivada, supone un grave perjuicio para los candidatos y vulnera sus derechos y es el resultado de la injerencia política en el poder judicial, denotando una politización del Consejo contraria a la separación de poderes que requiere el Estado de Derecho, como nos ha recordado el informe GRECO, organismo dependiente del Consejo de Europa que ha afeado a España por no solucionar la politización de la Justicia. En este sentido el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, dependiente del Consejo de Europa, recordó en su dictamen nº 1 que son inadmisibles las consideraciones políticas en los nombramientos judiciales y la Red Europea de Consejos de Justicia, en su informe de 2011 sobre los Consejos de Justicia, destacó que éstos deben operar autónomamente para garantizar la independencia judicial y el mantenimiento del Estado de Derecho”.
4.- Queremos destacar que esta falsa renovación democrática del CGPJ no sería posible sin la participación de miembros de la carrera judicial que concurren complacientes por razones de afinidad, parentesco o cercanía con cargos políticos junto a otros candidatos libres de esos peajes.
No resulta coherente reivindicar una reforma del sistema de elección del CGPJ por jueces, como exige GRECO, y a la par, participar en el sistema. Si no se participase, no habría farsa política, patético teatrillo de la renovación. Es indecoroso adeudar el cargo de vocal del CGPJ a unos políticos que violan porfiadamente la independencia judicial e incumplen las exigencias internacionales contra la corrupción.
En suma, confiamos en la gallardía de unos candidatos que, a buen seguro, sabrán anteponer el interés general al personal para, con su conducta ejemplar, dejar claro que los jueces no son feudatarios de la clase política. Una retirada a tiempo es una victoria.