Comunicado Plataforma: nombramiento de nuevo Ministro de Justicia y Fiscal General del Estado

COMUNICADO SOBRE NOMBRAMIENTOS GUBERNAMENTALES EN MATERIA DE JUSTICIA

 

Ante los recientes nombramientos efectuados por el presidente del Gobierno:

Hemos tenido conocimiento del nombramiento de Juan Carlos Campo como ministro de Justicia. Juez por oposición, desde el año 1997 ha sido nombrado para distintos puestos de carácter político a propuesta del PSOE, tanto a nivel autonómico como estatal, además de haber sido vocal del CGPJ a propuesta del PSOE. Es diputado por este partido político desde el año 2016.

Como juez, el nuevo ministro puede beneficiarse de su larga trayectoria política ya que los últimos 22 años se computarán como antigüedad en el ejercicio de la jurisdicción a los efectos de obtener cualquier destino judicial, incluso podrá acceder a magistrado del Tribunal Supremo sin poner una sentencia desde el año 2000. Todo ello gracias a una reforma aprobada en septiembre del año 2011, cuando el hoy ministro era secretario de Estado de Justicia con el gobierno de Zapatero, lo que hace que su impulsor sea uno de los primeros beneficiados. También lo serán los otros dos jueces que tienen cartera en el ejecutivo: Grande Marlaska y Margarita Robles, quien, por otra parte, es paradigma de las puertas giratoras en el ir y venir entre justicia y política.

Finalmente, se ha nombrado Fiscal General del Estado a Dolores Delgado, hasta ayer titular del Ministerio de Justicia, y diputada por el partido socialista en las dos últimas elecciones.

Esto último ha generado estupor entre los juristas de este país, pues es profundamente irrespetuoso con la separación de poderes que quien ha sido miembro del Ejecutivo sea elegida inmediatamente después para dirigir un órgano adscrito al poder Judicial que debe actuar con plena autonomía del poder Ejecutivo del que hasta hoy ha formado parte. ¿Podrá abstraerse de ese pasado reciente al dar instrucciones y órdenes a los señores fiscales? Recordemos también que Dolores Delgado ha sido reprobada en tres ocasiones. ¿Acaso no había otra persona más adecuada para este puesto?

Aunque Pedro Sánchez rectificó, vuelve a resonar el eco de aquellas palabras que empleó en el curso de una entrevista en la que se le preguntaba sobre cómo iba a traer a Puigdemont a España:

-¿La fiscalía de quién de depende?—preguntaba Sánchez al periodista—, ¿de quién depende?

– Sí, sí, depende del Gobierno —decía azorado el interpelado.

-Pues ya está.

Afirmó a un periodista que la Fiscalía hacía lo que le ordenaba el Gobierno, él.

Nada de esto contribuye a separar adecuadamente los tres poderes del Estado, ni a garantizar que no existan conflictos de intereses cuando se tomen decisiones en el ámbito del Gobierno.

La imagen que se proyecta a los ciudadanos es que todos los poderes dependen del presidente de Gobierno, que por otra parte se ha comprometido a desjudicializar determinados procesos penales mostrando escaso respeto por la cosa juzgada, las sentencias condenatorias firmes y la esfera de actuación propia del poder Judicial.

En definitiva, la Plataforma alberga pocas esperanzas de que con estos nombramientos se ponga fin a la corrupción jurídica que los informes de GRECO reprochan invariablemente a España. Además, anuncian una deriva que ya ha sido condenada por el TJUE en el asunto de los jueces polacos de quienes la justicia española, estando tan lejos, puede estar cada vez más cerca.

 

 

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