El Congreso de los Diputados, en votación celebrada el 20 de diciembre de 2018, ha rechazado las enmiendas a la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial presentadas por los grupos “Popular” y “Ciudadanos” para retornar a la elección judicial de una parte de los miembros del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial español: una oportunidad perdida de imprevisibles consecuencias.
Un sistema como el actual, en el que los políticos gozan del control fáctico del gobierno del Poder Judicial es, sencillamente, insostenible. Y ello no porque insistan en denunciarlo los jueces españoles, la doctrina académica o incluso algunas formaciones parlamentarias, sino porque contraviene las recomendaciones de altos organismos internacionales, como el Consejo de Europa, e impide que los jueces sean los guardianes de los derechos fundamentales de los ciudadanos y garantía del estado de Derecho, como advertía el Relator de la ONU en fechas recientes.
No olvidemos que la composición de la totalidad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) depende de los pactos en la sombra entre las formaciones políticas. Y que ese Consejo está investido de la facultad de suspender de empleo y sueldo a cualquier juez que, en el legítimo ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, incomode a esos mismos intereses políticos. ¿A quién beneficia semejante montaje? Desde luego, no al ciudadano que exige ante los tribunales su derecho constitucional a una justicia independiente.
En cualquier caso, el funcionamiento práctico de este modelo politizado se ha revelado desastroso: el Poder Judicial ha sido torpemente humillado por un estamento político que carece de pudor en anunciar la identidad de la futura presidencia del CGPJ incluso antes de que se haya sido sometida a votación, en prescindir del mérito en la capacidad al nombrar los altos cargos judiciales mediante el infame “reparto de cromos” o en complacerse en la obscenidad aireando su deseo de controlar las salas de nuestro alto tribunal “por detrás”.
Conviene recordarlo: los jueces de nuestro país, y con ellos la mayoría de la sociedad civil, jamás han reclamado el control absoluto del gobierno judicial, sino la recuperación del procedimiento mixto reconocido en nuestra Constitución. Así, una parte de las vocalías del Consejo debe ser elegida por el Poder Legislativo mientras que la otra corresponde a la carrera judicial. De este modo se aseguran garantías, a la par, tanto contra el corporativismo como contra la politización. La solución es una balanza de pesos y contrapesos no el desequilibrio institucional.
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, como asociación transversal compuesta, no sólo por magistrados, sino también por abogados, notarios, fiscales, universitarios y otros juristas, denuncia nuevamente el riesgo que entraña para nuestra democracia situarse al margen de los parámetros jurídicos internacionales y empecinarse en apuntalar un sistema que se hunde en el descrédito arrastrando consigo, no sólo al gobierno del Poder Judicial, sino a los miles de magistrados que honradamente, sin aspiraciones políticas, se contentan con su noble oficio de impartir justicia. Son ellos con el resto de los ciudadanos los que un día, confiemos en que no demasiado lejano, harán entrar en razón a una clase política cada vez más al margen de la realidad.