Caso Manada: denuncia ampliatoria Consejo de Europa

El tristemente conocido como caso “Manada” sigue alimentando la compaña de presión contra los magistrados signatarios  por lo que, a la queja presentada en mayo de este año 2018, se suma la denuncia ampliatoria cuyo texto se transcribe a continuación.

 

Estimados señores

Los magistrados españoles abajo indicados hemos presentado el cuatro de mayo de este año 2018 una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos para comunicarle una gravísima amenaza que se ha alzado contra la independencia judicial en el Reino de España. En ese momento dicho escribo recibió el apoyo de unos 350 jueces. Pues bien, otros 400 compañeros se han sumado a fecha de hoy, por lo que la cifra total supera ya los 750. En consecuencia, dado que no hemos recibido respuesta, por la presente interponemos denuncia ampliatoria, puesto que la situación persiste e incluso agravada por nuevos titulares de prensa.

El caso consiste en que, recaída recientemente una sentencia de un tribunal español en un caso muy notorio conocido como “La Manada”, se ha desatado una presión social contra dicho órgano jurisdiccional hasta llegar al linchamiento público, con la complicidad y el aliento de políticos que ven una oportunidad para mejorar sus réditos electorales. Todo ello sin que el Consejo General del Poder Judicial (órgano de gobierno de la Justicia en España) haya contestado eficazmente a tan preocupantes amenazas contra la separación de poderes y el buen nombre de unos jueces injustamente atacados.

La queja se interpone a título individual por los magistrados abajo indicados.

Igualmente, la asociación “Foro Judicial Independiente”, que dispone de cientos de afiliados, también nos ha hecho llegar su respaldo.

              TEXTO DE LA QUEJA

https://plataformaindependenciajudicial.es/2018/05/03/2967/

1.- Hechos:

En síntesis:

Ante una reciente sentencia dictada por un tribunal español en materia criminal (el denominado caso “La Manada”), la cual no ha se ha ajustado a las previas expectativas de algunos grupos de opinión, se ha desatado una presión social contra los magistrados signatarios hasta llegar al linchamiento público, con la complicidad y el aliento de políticos que ven una oportunidad para mejorar sus réditos electorales.

En particular:

El pasado 26 de abril de 2018, a las 13:00 horas, fue publicada la sentencia dictada por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Navarra en el conocido como “caso de La Manada”. El tribunal convocó a los medios de comunicación, dado el extraordinario interés que había suscitado el juicio celebrado a puerta cerrada cinco meses atrás.

Los hechos juzgados sucedieron en la madrugada del siete de julio de 2016, durante las fiestas de San Fermín. En un pequeño cuarto anejo al portal de un inmueble de viviendas de Pamplona, en torno a las 3 de la madrugada, cinco hombres y una mujer mantuvieron relaciones sexuales durante veinte minutos. Las acusaciones calificaron los hechos de agresión sexual por entender que la víctima había sufrido violencia o intimidación por parte de los cinco acusados pidiendo para cada uno de ellos la condena de hasta 18 años y 9 meses de prisión. Las defensas pidieron la absolución por entender que la relación había sido consentida. Acompañamos sentencia en la documentación anexa.

El tribunal, muy experimentado, formado por dos hombres y una mujer, absolvió a los acusados del delito de agresión sexual, al no apreciar violencia ni intimidación, pero les condenó a la pena de 9 años de prisión como autores de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento de una situación de superioridad basada en su número (cinco frente a uno), complexión (hombres, dos de ellos con formación militar, frente a una mujer) y a su edad (de entre 24 a 27 años ellos, frente a los 18 años de la mujer).

Creyeron los magistrados signatarios la versión de la víctima ofrecida en juicio, apreciando que la mujer había sido violentada en la libertad sexual pues no prestó consentimiento libre, sino que se obtuvo viciado por el abuso de situación de superioridad.

Sin embargo, uno de los tres jueces formuló un voto particular defendiendo la absolución pues aceptó la tesis de la defensa y consideró que las relaciones sexuales podían haber sido consentidas. Entendía en esencia que el análisis de la credibilidad de la víctima ponía de manifiesto que su incriminación no era persistente y su relato no era verosímil porque no lo corroboraban diversos hechos periféricos.

La reacción fue inmediata:

  • A los 15 minutos de comenzar la publicación de la sentencia ante los medios, el secretario general del partido político Podemos, don Pablo Iglesias, con importante representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y en el Senado, lanzó en su cuenta de Twitter el mensaje: “La condena a La Manada solo por abuso es una pésima noticia. ¿Cómo que no hubo intimidación? Parece que se estuviera diciendo a las víctimas que si ni te enfrentas a 5 matones que te doblan de tamaño, arriesgando la vida, no te están violando. Vergüenza y asco”.
  • Asimismo, don Pedro Sánchez, líder del PSOE, principal partido de la oposición en el Congreso de los Diputados difundió un tuit que decía a los pocos minutos de conocerse la sentencia: “¿Qué entendemos entonces por violación?”.
  • Numerosos líderes políticos de ámbito estatal, autonómico y local se unieron a las críticas en similares términos.
  • Ese mismo día se promovió por las redes sociales la firma en la cuenta pública digital “Change. Org” un documento dirigido a pedir la inhabilitación de los tres jueces. Se enviaron mensajes tipo por la aplicación whatsApp que invitaban a rodear sedes judiciales de toda España o a congregarse frente a ellas bajo el lema “esta justicia no nos representa” o “La Manada somos nosotras”. Asimismo, se pegaron pasquines y se envió por el sistema de mensajería telefónica whatsApp y otras redes sociales una comunicación con la fotografía y el nombre y primer apellido del magistrado discrepante al que se le tildaba de “escoria humana” y se invitaba al receptor del mensaje a difundir su cara para que todo el mundo supiera quién era. Acompañamos como anexo copia de tales mensajes y extracto de la cuenta change.org.
  • Personas congregadas ante el palacio de justicia de Pamplona intentaron entrar y se tuvo que reforzar el perímetro de protección por la Policía. Simultáneamente, se celebraban concentraciones en la mayoría de las capitales de España ante las sedes judiciales: en Madrid bajo el lema “la manada somos nosotras” 10.000 personas se congregaron ante el Ministerio de Justicia; 6.000 en Barcelona bajo el lema “hermana yo te creo “; en Sevilla, en Bilbao, Alicante, Valencia, Huesca etc.
  • El viernes día 27 se volvió a producir una concentración numerosa ante el palacio de justicia de Pamplona en la que se gritaron consignas como “esta justicia es una mierda”, “la manada no son 5 la manada es el sistema”, “no es no”. Acompañamos fotografía obtenida desde el interior del palacio de justicia.
  • El movimiento social se promovía y convocaba en torno a la idea de que los jueces habían cometido un acto de “machismo jurídico” y “justicia patriarcal” por entender que toda mujer que no da su consentimiento a mantener relaciones sexuales es una mujer violada.
  • El Ministro de Justicia, don. Rafael Catalá, el sábado 27 de abril en una entrevista radiofónica en el programa radiofónico “Hora 25” de la cadena SER sugirió que el CGPJ -Consejo General del Poder Judicial-, órgano de gobierno de los jueces españoles, debía revisar el voto particular, porque “son los vocales del Consejo los que valoran el comportamiento de los jueces y cuando hay algún voto particular singular, como puede ser este, lo tendrán que valorar y le podrán dar audiencia, pedir explicaciones y calificar si se ha producido un comportamiento normal o no tanto en este caso”. http://cadenaser.com/programa/2018/04/27/hora_25/1524857527_924126.html
  • El día 28 varios periódicos de tirada nacional publicaron información precisa y detallada sobre los expedientes personales del juez cuya custodia corresponde al CGPJ.
  • El Ministro de Justicia el lunes 30 de abril a las 12:45 horas, en una entrevista radiada en la cadena Cope con el periodista don Carlos Herrera, dijo que el magistrado del voto particular tenía un problema “singular” y que “todos lo sabían”, señalando que el CGPJ tenía que haber ejercido su potestad disciplinaria contra él “porque la labor del CGPJ es ver si un magistrado está en plenas facultades”, dando a entender que el juez tenía un problema de índole mental. http://www.cope.es/noticias/herrera-cope/catala-cgpj-deberia-haber-ejercido-potestad-disciplinaria-contra-juez-gonzalez_209426
  • Dña. Margarita Robles, portavoz en el Congreso de los Diputados del partido PSOE, el lunes 30 de abril declaró que las manifestaciones del ministro “las ha hecho con conocimiento de causa” y que “el CGPJ tendrá que dar explicaciones de por qué no se ha hecho un seguimiento al juez”.

2.- Queja en relación con el Poder Legislativo y el Poder ejecutivo:

Las personas que han ejercido las críticas antes expuestas manifiestan basarse en el derecho a la libertad de expresión y, por tanto, a cuestionar las resoluciones judiciales en una sociedad democrática.

Indudablemente, la libertad y el derecho que se invocan son incuestionables y los jueces españoles estamos acostumbrados y toleramos las críticas a nuestras resoluciones; pero el derecho a criticar las resoluciones judiciales tiene unos límites.

Estos límites se han trasgredido en el momento en el que se insulta a los magistrados integrantes del tribunal y se les ataca personalmente poniendo en duda su capacitación profesional.

En las redes sociales, el movimiento denota una estructura planeada y articulada según una acción premeditada, lo que lleva a pensar racionalmente que puedan estar alentadas por activistas próximos a formaciones políticas, como se desprende de las noticias publicadas y que adjuntamos.

No obstante, lo más grave son las declaraciones del máximo representante del Poder ejecutivo en materia de Justicia poniendo en cuestión ante la ciudadanía la capacitación del juez discrepante y sembrando en los ciudadanos la duda sobre la eficacia de la vigilancia que despliega el CGPJ sobre la salud mental y preparación jurídica de los jueces y magistrados. Estas declaraciones han sido alentadas por la Sra. Robles, portavoz del principal partido de la oposición (destáquese la coincidencia de que ha sido magistrada del TS hasta hace menos de dos años, así como exvocal del CGPJ).

Toda esta reacción en su conjunto tiene la fuerza e intensidad suficientes para influir y condicionar el ánimo de los jueces a la hora de decidir en lo sucesivo en asuntos semejantes y, en particular, en el TSJ Navarra en apelación y en el TS en casación cuando deban revisar la citada condena.

La utilización política de una decisión judicial es siempre inadmisible pero, que los líderes políticos se presten a criticar una sentencia antes de haber tenido tiempo de leerla (son unos 300 folios) y que en general lo hagan, no con la pretensión de rebatir racionalmente su contenido, sino con la de imponer un relato popular de los hechos basado en el conocimiento fragmentario, mínimo y mediato (cuando no, tendencioso) de los elementos de convicción, rebasa la frivolidad y entra de lleno en la deslealtad institucional, por cuanto invita al ciudadano a cuestionar a todos los jueces y, relativizando el Estado de Derecho, reemplazar sus recursos por una pseudojusticia extrapocesal sin las garantías propias de un Estado democrático.

La alternativa que se plantea desemboca en el linchamiento profesional y moral de los jueces que no se doblegan ante un veredicto social que, antes de conocer el resultado de la sentencia, se había emitido previamente en los medios sociales merced a un juicio paralelo, movido o promovido por el poder ejecutivo y legislativo con fines electorales.

Es más, entre diversos sectores jurídicos se ha suscitado la sospecha de que, como objetivo inconfesado, se pretende cuestionar y criticar a los jueces que actualmente encausan, juzgan y condenan a numerosas personas integradas dentro del PP (“Partido Popular”), cuyo grupo parlamentario respalda al Gobierno actual. Uno de los más destacados es el exministro de justicia, don Alberto Ruiz Gallardón, del que se supo el mismo día que se publicó la sentencia que era citado como investigado el siete de junio de 2018 ante la Audiencia Nacional por un delito de corrupción.

Debe significarse que el ministro fue reprobado por el pleno del Congreso el 17 de mayo de 2017 por “obstaculizar la acción de la Justicia en las causas judiciales por delitos relacionados con la corrupción”, siendo ésta una de las razones por las que podría tener interés en buscar la complicidad de la crítica social desviando su atención de los problemas de corrupción que afectan a su partido.

Ni la Presidenta del Parlamento ni el Jefe del Gobierno han intervenido de ninguna manera para moderar ni calmar la situación ni pedir respeto a la separación de poderes, permitiendo con su omisión que las declaraciones de los políticos y del Gobierno minen la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de los tribunales.

Todo ello conculca la recomendación 7 (52) del Informe 18 (2015) del CCJE, que nos recuerda que “Los poderes ejecutivo y legislativo tienen la obligación de proporcionar toda la protección necesaria y adecuada cuando la labor de los tribunales se vea amenazada por ataques o intimidaciones contra los miembros del poder judicial. La crítica desmedida por parte de responsables políticos es algo irresponsable y supone un serio problema, ya que puede minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, involuntaria o deliberadamente”.

3.- Queja en relación con el CGPJ:

En España el CGPJ es el órgano encargado por la Constitución de velar por la independencia de los jueces y tribunales, así como de ejercer la potestad sancionadora e inspectora de los jueces y el competente para designar a los altos cargos de la magistratura. Sus veinte vocales son elegidos íntegramente por el parlamento y el presidente se escoge por votación posterior entre ellos.

A pesar de estas altas funciones, su actuación ha sido manifiestamente insuficiente en la grave crisis desencadenada, pues se ha limitado a emitir dos comunicados:

Uno de ellos, por boca de su Presidente, emitido el día 27 de Abril, en el que entre otros aspectos dice “cuando las críticas consisten en descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas, se compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos, debiendo recordarse que es nuestra Constitución la que establece una justicia impartida por jueces y magistrados profesionales, independientes e imparciales.”

El otro, de la Comisión Permanente formada por seis vocales el día 30 de abril, en el que se recuerda el anterior y se apela a la “prudencia, mesura y moderación y a la responsabilidad institucional”.

Los graves errores que el CGPJ ha cometido en la protección de la independencia de los jueces son los siguientes:

– Realizar una protección meramente retórica de la independencia de los tres magistrados afectados. Cuando se pone incluso en juego la integridad física de los magistrados por la reacción popular alentada desde el ámbito político, la emisión de dos comunicados escritos constituye una medida de protección de la independencia del poder judicial claramente insuficiente. No obstante, es difícil pretender que el CGPJ elegido por el parlamento defienda a los jueces frente a los ataques de algunos destacados parlamentarios y miembros del ejecutivo.

– Omitir toda reacción ante la indicación del ministro relativa a que el magistrado redactor del voto particular pudiera tener problemas que le incapacitan para dictar sentencias, pues alimenta el descrédito personal del magistrado y la desconfianza en los jueces, pese a que el CGPJ sabe que el Ministro y la portavoz de la oposición han suministrado una información que no se ajusta a la realidad.

– No adoptar medidas sobre la comunicación pública del fallo. A pesar de que se conocía el juicio paralelo al que fueron sometidos los acusados y se conocía que los magistrados tardaron cinco meses en dictar sentencia, el CGPJ no dispuso de ningún sistema o servicio para comunicar a la sociedad de forma eficaz y didáctica el fallo; explicar el funcionamiento del sistema de recursos, aclarar todas las dudas que pudiera suscitar la calificación y condena y resaltar que entre el delito por el que han sido condenados los acusados y el delito por el que pedían condena las acusaciones únicamente existe una diferencia de dos años de prisión en el Código Penal. Así lo establecen los principios básicos de la red europea de consejos judiciales, de la que la vocal del CGPJ doña Nuria Abad es presidenta, en materia de transparencia.

Por último, y no menos importante, adviértase que se ha filtrado a los medios de comunicación el expediente profesional del magistrado que ha emitido el voto particular. Dado que se trata de una documentación de carácter reservado que afecta al núcleo de su privacidad, queda inerme ante los ataques de redes sociales y medios que lo han venido linchando ante la opinión pública. Por acción o omisión, el CGPJ deberá responder ante la gravísima indefensión a que ha sido sometido uno de los jueces cuya protección tiene constitucionalmente encomendada.

El CCJE al que nos dirigimos conoce los problemas de falta de independencia de nuestro órgano de gobierno.

Tanto los principios de la Red europea de consejos judiciales que dirige la vocal española Dña. Nuria Abad,[1] como el Greco entre otros muchos organismos internacionales, han establecido que los vocales judiciales han de ser elegidos al menos en un cincuenta por ciento por y entre sus pares mediante sufragio democrático.

Las recomendaciones del Greco en su IV informe de evaluación de diciembre de 2013 han sido desatendidas globalmente, pese a que se han otorgado al Reino de España sucesivos plazos de cumplimiento. En el último informe publicado en enero de 2018, se dice al respecto que “las autoridades políticas no deberían involucrarse, en ningún estadio del proceso de selección de jueces “, manifestando su esperanza de que las propuestas de reforma de la subcomisión de justicia en el Congreso que se había creado a finales del año 2017 llegaran a buen puerto. [2] Sin embargo, la reforma es ya inviable porque a principios de marzo de 2018 se supo que el partido del gobierno y el principal partido de la oposición renunciaban a llevarla a cabo.

El Greco tiene previsto realizar una visita de inspección a España en septiembre de este año 2018, con el fin de emitir el informe definitivo sobre el cumplimiento de las recomendaciones en materia de medidas contra la corrupción de los jueces, de forma que haremos llegar una copia de esta queja al Greco para que pueda tomar nota de estos graves acontecimientos.

Entonces comprobará de propia mano el malestar de los jueces españoles, gobernados por un órgano que no han elegido, y cuya intensa politización está degradando la imagen de nuestra justicia ante la ciudadanía entera.

4.- Conclusiones

Los jueces que firmamos esta petición nos encontramos completamente desprotegidos ante las interferencias del ejecutivo y del poder legislativo en la función judicial. Las cuatro asociaciones de jueces y entidades cívicas como la PCIJ amparan y respaldan a los jueces, pero la gravedad y virulencia del ataque a nuestra independencia nos compele a dar un paso más y a solicitar como jueces la efectiva protección internacional. No es la primera vez que ocurre.

En consecuencia, solicitamos la cooperación del Consejo Consultivo de Jueces Europeos para ayudar al Estado español a cumplir las normas del Consejo de Europa respecto de los jueces; y, así, le pedimos que:

  1. Declare si la reacción del Gobierno de la Nación y de representantes del poder legislativo supone un ataque contra la independencia y contra la legitimidad del Poder Judicial e incumple el informe 18(2015).
  1. Declare si la reacción del CGPJ incumple el informe 18 (2015) del CCJE.
  2. Asimismo, habiéndole expuesto un comportamiento contrario a los estándares internacionales, pedimos que emita una opinión dirigida al Comité de Ministros del Consejo de Europa que haga posible la solución de este problema específico y el cumplimiento en España del informe 18 (2015) del CCJE.

En Madrid, a nueve de julio de 2018.

Jesús Villegas Fernández.

 

Manuel Ruiz de Lara.

Cristina de Vicente Casillas.

Concepción Ceres Montes.

Juan Montero García-Andrade.

Don Fernando Germán Ruiz Portillo.

Don Jaime Lozano Ibáñez.

Rosa Esperanza Sánchez Ruiz-Tello.

Julia Patricia Santamaría Matesanz.

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