Decía Elisa de la Nuez, abogada del estado y miembro de la junta directiva de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, en su artículo del pasado 14 de junio publicado en El Mundo con el título “¿Gobierno de futuro?”, que la meritocracia del nuevo Gobierno diseñado por Pedro Sánchez, en la medida en la que los nuevos ministros tienen carreras profesionales no vinculadas a la política, y estándares éticos de mayor exigencia, podían dar origen a un Gobierno con futuro, pero añadía que todo “dependerá de que la modernidad no se quede sólo en los gestos y que trascienda a la forma de hacer política”. Y se preguntaba en qué consistía exactamente esa modernidad.

Una de las respuestas la encontraba en la reforma tanto tiempo pospuesta de la profesionalización y neutralidad de las Administraciones Públicas españolas, además de una adecuada capacitación, que exige modificar procedimientos de reclutamiento y promoción obsoletos y buscar la adaptación de sus efectivos a las necesidades de un mundo totalmente diferente al de los años 80 en que se definieron sus líneas maestras.

Trasladada esta perspectiva a la Administración de Justicia significa el empujón definitivo para que los cargos de presidentes de las Audiencias Provinciales, de presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de sus salas y magistrados del Tribunal Supremo dejen de ser elegidos por el CGPJ mediante un mecanismo que más se parece a un canje de cromos ideológicos que a un verdadero proceso selectivo marcado por el mérito y la capacidad.

No se trata ni siquiera de que los vocales del CGPJ sean elegidos por sus pares mediante un sistema de elección directo conforme al principio un juez/un voto, sino de que la promoción judicial se rija por criterios verdaderamente profesionales ligados a la competencia acreditada y a la formación y trayectoria en la carrera judicial, sin tomar en consideración otro bagaje ajeno al mérito profesional, como es el atinente a la adscripción asociativa, a la devolución de favores, a las relaciones de amistad o a la compensación de complejos equilibrios ideológicos, que suponen todos ellos que se elige primero al juez y después se viste al santo.

Para que el CGPJ tuviera menos dificultades en elegir a los mejores, y verdaderamente se hallara libre de hacerlo conforme a criterios objetivos, bastaría con permitir a todos los jueces progresar por medio de su talento y su capacidad. Todos tendrían acceso a un sistema de promoción basado en la evaluación de competencias continua, totalmente voluntaria y opcional para todo el que quisiera progresar desde el mismo puesto. El sistema de carrera horizontal es sencillo: cada equis años, los jueces suben de nivel, pasando a cobrar unos 400 euros netos más al mes, pero solo si acreditan una formación adquirida en el último periodo computado, además de ejercicio activo en la jurisdicción, y el dictado de resoluciones motivadas y expresivas de un estudio razonable del asunto aunando calidad y cantidad.

Si así fuera, al cabo de 25 años de carrera profesional pocos jueces querrían asumir el envite –marrón se diría en roman paladino- de llegar a esos cargos que antes se han enumerado; y los pocos que dieran el paso de aspirar a las vacantes, lo harían por razones vinculadas a una verdadera capacidad y vocación contrastadas. Lo bueno también sería que el CGPJ podría aplicar con más transparencia un reglamento de nombramientos verdaderamente objetivado, sin dejarse llevar por el favoritismo indeseado y mimético con el color político del gobierno de turno, que es lo que hoy hace dudar a los ciudadanos de la imparcialidad de sus jueces.

En este momento, cada resolución del Tribunal Supremo está bajo la sospecha de hallarse politizada, ya se trate de las diferentes resoluciones que adopta el juez instructor respecto del presunto delito de rebelión y sedición derivados del proceso separatista iniciado por el independentismo catalán o ya de la sentencia dictada en casación sobre el caso Urdangarín. La infección de la sospecha de parcialidad está tan instalada que llega más abajo, incluso a la Audiencia Nacional, donde con ocasión de la sentencia del caso Alsasua muchos han recordado que la presidenta de la Sección Primera de la Sala de lo Penal que lo juzgaba es una exvocal del CGPJ elegida por el PP; y la sentencia dictada sobre una de las piezas del caso Gürtel ha suscitado una polémica decisión de la Comisión Permanente del CGPJ que todos leen en clave ideológica, lo que hace recobrar con toda su fuerza las recomendaciones del último informe GRECO publicado el 3 de enero de 2018.

Este informe, emitido dentro del Consejo de Europa, no solo recuerda que las autoridades políticas españolas no deben estar implicadas en la elección de los 12 vocales judiciales del CGPJ en aras a preservar la independencia real y aparente del órgano de gobierno que luego elige a los altos cargos judiciales, sino que, además, destaca que no se observa otra recomendación del GRECO que ya se hizo a España en anterior informe, que es la de establecer criterios objetivos de evaluación para el nombramiento de los altos cargos judiciales a fin de que el proceso de selección no genere dudas en cuanto a imparcialidad.

En conclusión, procede cambiar el sistema desde arriba pero también desde dentro. Por ello, la Plataforma pedirá a la Ministra de Justicia en la entrevista que le ha solicitado hace unos días que dé paso a la carrera horizontal para que la carrera del juez sea profesional y no se consolide un régimen clientelar ni proliferen jueces colaboracionistas; en definitiva, para traer la modernidad a la Administración de Justicia.