Caso “Manada”: Plataforma en defensa de Poder Judicial

La Plataforma Cívica para la Independencia Judicial, ante la publicación de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra en el día de ayer, 26 de abril de 2018, en el conocido como “caso de La Manada”, manifiesta lo siguiente:

Los tres jueces integrantes del tribunal sentenciador están siendo descalificados personal y profesionalmente de manera muy grave por distintos medios de comunicación, y de modo masivo por los ciudadanos en las redes sociales; también por representantes políticos muy destacados. Todas las críticas manifiestan ejercer el derecho a la libertad de expresión y el derecho a cuestionar las resoluciones judiciales en una sociedad democrática.

Indudablemente, la libertad y el derecho que se invocan son incuestionables; pero tienen unos límites.

Estos límites se han trasgredido en el momento en el que, desde las redes sociales, con el apoyo de plataformas asociativas y otros poderes fácticos, se promueve la firma en Change. Org de un documento dirigido a pedir la inhabilitación de los tres jueces y a rodear sedes judiciales de toda España bajo el lema “esta justicia no nos representa” o “La Manada somos nosotras”.

La Plataforma Cívica para la Independencia Judicial observa con estupor que el CGPJ hace dejación de sus funciones una vez más y omite un pronunciamiento firme y claro en defensa de la independencia de los jueces, cuando se produce un ataque tan grave y tan directo que parece dirigido a desconocer que solo a ellos corresponde juzgar según la Constitución. No son suficientes comunicados meramente retóricos, como el emitido por el presidente D. Carlos Lesmes en el día de hoy.

El Poder judicial queda dramáticamente desasistido si quien debe defender su independencia no reclama de las instituciones y de los otros poderes del Estado la adopción de las medidas necesarias para no confundir a la opinión pública y para que no se amedrente a los jueces con críticas tan exacerbadas que puedan poner en cuestión la libertad de conciencia y de criterio jurídico de los tribunales que resuelvan este asunto en un futuro en apelación y casación. Sin independencia judicial, no hay garantía de que se respeten los derechos de todos.

 

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